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La Policía Federal de Brasil abrió una investigación contra la diputada federal Carla Zambelli, aliada del expresidente Jair Bolsonaro y sospechada de haber contratado a un hacker para intentar manipular las elecciones presidenciales de 2022. El caso contra Carla Zambelli y Walter Delgatti investiga los crímenes de invasión de dispositivo informático y falsedad documental. Reelegida en 2022 para ocupar un escaño en el Congreso, Zambelli fue la tercera diputada más votada de aquellas elecciones a pesar de que en vísperas de la segunda vuelta fue vista persiguiendo pistola en mano a un joven seguidor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El hackeo al sistema judicial
Según la policía, Delgatti reveló que se reunió con Zambelli en una estación de servicio en septiembre de 2022, semanas antes de que tuviera lugar la primera vuelta de las elecciones. La diputada le habría dicho que "si conseguía hackear los sistemas" tenía trabajo asegurado en el futuro porque "sería salvar la democracia, la patria, la libertad".
El hacker admitió que no tuvo éxito al intentar invadir el sistema del Tribunal Superior Electoral, porque el código fuente de la máquina de votación electrónica estaba alojado en una computadora sin conexión a la red. En cambio, de acuerdo a una nota de la Policía Federal, pudo acceder al sistema informático del Consejo Nacional de Justicia, que gestiona un registro de las órdenes de prisión, y "posiblemente" al de otros tribunales por medio de "credenciales falsas".
Una vez adentro del sistema informático, Delgatti insertó 11 órdenes de liberación falsas para personas que estaban en la cárcel, así como una orden de detención falsa contra Alexandre de Moraes, el juez que supervisó las elecciones como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y fue criticado en varias ocasiones por Bolsonaro.
Como prueba del pedido de la diputada, Delgatti entregó los extractos de los pagos bancarios. En total los pagos ascienden a 13.500 reales (unos 2.800 dólares) y habrían sido realizados a través de los asesores de la diputada del Partido Liberal, cuyo despacho y oficina en Brasilia fueron registradas este miércoles por la policía, según el diario O Globo. El ministro de Justicia, Flávio Dino, presentó el operativo policial como una acción "en defensa de la Constitución y del orden jurídico".
Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Zambelli negó haberle pagado a Delgatti para que presente una orden de captura contra de Moraes. "¿Pagaría esos reales por arriesgarme así a jugar una mala broma? No lo creo. Sé lo que le puede pasar a un diputado que juega con ministros del Tribunal Supremo, como lo hemos visto con nuestro amigo Daniel Silveira que está preso en Bangu", advirtió la parlamentaria. En abril de 2022, la Corte condenó a Silveira a ocho años y nueve meses de prisión por sus amenazas a las instituciones democráticas.
Reunión con Bolsonaro
Zambelli justificó la presencia de Delgatti en su campaña a diputada asegurando que por entonces pretendía formar un equipo de consultoría para vigilar el buen funcionamiento de las urnas electrónicas, sobre cuya fiabilidad Bolsonaro y los suyos siempre cuestionaron sin presentar prueba alguna. Esa actitud del exmandatario se vio reflejada en una reunión que mantuvo con diplomáticos extranjeros. Dicho encuentro terminó con un proceso en el TSE que declaró su inhabilitación electoral hasta 2030.
El pirata informático también se reunió con el entonces presidente Bolsonaro en el Palacio de la Alvorada en agosto del año pasado, en plena campaña electoral. Llevado por la diputada Zambelli a la residencia oficial del mandatario, Delgatti confesó ante la justicia que el tema de su conversación con Bolsonaro fue la posibilidad de atacar el sistema de urnas electrónicas del TSE. Consultado por los investigadores, dijo que solo Zambelli participó de la operación y Bolsonaro no estaba al tanto.
Los aportes a un informe militar
Durante las elecciones del año pasado, el ministerio de Defensa decidió realizar una suerte de auditoría a las máquinas de votación electrónica para verificar la confiabilidad del sistema, ante las presiones de Bolsonaro sobre el tema. El informe final fue entregado después de las elecciones y advirtió que no podían descartarse posibles riesgos a la seguridad de las máquinas de votación.
Delgatti admitió este miércoles, en su testimonio ante la Policía Federal, que él fue el responsable de darle esa información a las Fuerzas Armadas. "Todo lo que se incluyó en el informe de las Fuerzas Armadas se basó en las explicaciones del declarante", se puede leer en un extracto de la declaración del hacker difundido por el portal UOL.
En la decisión que decretó una nueva prisión preventiva para Delgatti y ordenó un allanamiento contra Zambelli, el juez Alexandre de Moraes afirmó que contribuyeron "a la difusión de noticias fraudulentas sobre la conducta de ministros del Supremo Tribunal Federal, del Tribunal Superior Electoral y en contra el sistema de votación en Brasil".
Ante las pruebas enumeradas por la Policía Federal, de Moraes ordenó la prisión preventiva de Delgatti y el decomiso de armas, municiones, computadoras, tablets, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, pasaportes y cualquier material relacionado con los hechos descriptos. El juez de la Corte también ordenó la eliminación del secreto bancario de Zambelli y de los asesores parlamentarios involucrados en el pago al hacker.
En julio de 2019 Delgatti ya había sido detenido por filtrar un chat privado entre fiscales y el entonces juez Sergio Moro, que revelaron un complot para condenar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en la Operación Lava Jato. Fue liberado en junio de 2020, pero volvió a ser detenido por violar las condiciones de su libertad provisional.
El incidente de Zambelli con un arma
Respecto a Zambelli, no se trata del primer escándalo que la salpica. El pasado 29 de octubre, en vísperas de las elecciones, la diputada de ultraderecha discutió en una calle de San Pablo con un simpatizante de Lula. Zambelli empuñó una pistola y persiguió al joven negro hasta el interior de un bar en el que había otras personas y al que entró apuntando el arma de forma amenazante.
Luego del escándalo generado por apuntar contra los lulistas, a los que amenazó de muerte, Zambelli dijo que decidió defenderse de una agresión perpetrada por los seguidores de Lula. Pero apenas horas después del incidente se supo que no la habían agredido, como se vio en varios videos. Luan Araújo, de 32 años, es un periodista deportivo que milita en la Democracia Corinthiana, una agrupación del club homónimo creada durante la dictadura militar que ni siquiera participaba de una manifestación que se celebraba ese día a favor de Lula.
Gilmar Mendes, juez de la Corte Suprema, suspendió en diciembre de 2022 la portación de armas de la parlamentaria. En su decisión, el juez Mendes concluyó que, al reaccionar de esa manera frente a un supuesto insulto, Zambelli "fue mucho más allá de los límites de la legítima defensa". Además de suspender el permiso de porte, determinó también que la diputada entregue la pistola a las autoridades.
Zambelli también es investigada en otros procesos que cursan en el Supremo, entre otras razones por su apoyo a grupos radicales que no reconocen el triunfo de Lula y exigen un golpe militar que impida su investidura, para mantener a Bolsonaro en el poder. La diputada ultraderechista es una de las principales procesadas en la campaña electoral por parte de la Justicia electoral por diseminar fake news contra Lula.
