La subordinación de la política económica a la auditoría permanente del Fondo Monetario Internacional constituye una restricción sumamente importante para llevar a cabo una apuesta de estrategia hegemónica por cualquiera de las diferentes vertientes de la organización institucional de los sectores populares.

El fracaso de la representación política de ese bloque fue, precisamente, no haber intentado siquiera implementar un set de políticas que fuese consistente con remover los principales obstáculos a un desarrollo inclusivo, entendido este último concepto como una mejora general de las condiciones de vida de la sociedad.

El fatalismo como actitud política condujo a una estatalidad de corte netamente administrativo, asumiendo como un dato inamovible el actual estado de cosas, entre los cuales está incluido la supervisión de la política económica por parte del organismo internacional mencionado. Queda claro que esta situación estructural se fue instalando con el tiempo, tomando como puntapié inicial las políticas implementadas por la dictadura genocida plenas de violencia física, al principio y económica después, durante las administraciones democráticas que la sucedieron.

Por el contrario, el otro bloque que disputa la hegemonía, el de los sectores concentrados, concuerda, con sus más y sus menos, con algunas de las medidas propuestas por el FMI y es, además, al mismo tiempo, promotor y beneficiario de las diferentes modalidades de agresión económica que se fueron dando en el último medio siglo.

Las salvedades respecto del acuerdo con las políticas de control e intervención del Fondo tienen que ver con tres factores concurrentes entre sí. En primer lugar, por la carencia por parte de este sector de un proyecto de estatalidad hegemónica cuyo requisito esencial es el acuerdo político que delegue las tareas de construcción en otra clase social o grupo burocrático como es norma en la construcción de un estado hegemónico.

En segundo lugar, por el propio fraccionamiento y la alta rotación de actores del bloque dominante con intereses y formas de acumulación muy discrepantes entre sí. Y como consecuencia de los otros dos, en tercer lugar, el desacople entre las medidas propuestas por el Fondo y los objetivos de los diferentes fragmentos de los sectores dominantes.

Pago con exportaciones

En mayo del año pasado, visitó la Argentina Warren Mosler, uno de los principales pensadores de la Teoría Monetaria Moderna, una de las corrientes académicas heteredoxas de mayor crecimiento en los últimos años. Más allá de la descripción de sus postulados, premisas y conclusiones que podría llevar varios artículos del tamaño de éste, el pensador mencionado, que además es financista de profesión, esbozó una propuesta de pagarle al Fondo Monetario Internacional mediante un impuesto específico a las exportaciones, medida que por otra parte reivindicó Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del 25 de mayo pasado.

La propuesta tiene una indudable ventaja, que es la desvinculación entre el pago del crédito y las condicionalidades impuestas al Fondo dado que proporcionaría un flujo independiente y exclusivo de pago a la operación crediticia, lo que libraría al estado argentino de políticas restrictivas de gasto o de aumento de presión impositiva para lograr el superávit primario con el cual pagar el capital y los intereses del préstamo concedido por el FMI, quien, además, recibiría una fuente mucho más segura de repago de su operación.

El primer punto mencionado constituye, por si hace falta decirlo, un punto de partida y una condición necesaria para la implementación de una estrategia de construcción de hegemonía por parte de los componentes del bloque popular dada la recuperación de soberanía económica que provocaría una medida de esta naturaleza.

Sin embargo, cabe señalarlo, esta proposición tiene algunas dificultades, algunas derivadas de la naturaleza institucional del propio Fondo. Otras, respecto de la instrumentación de la propuesta.

La formulación de Warren Mosler, en concreto, propone un pago a 20 años para que la presión impositiva de la implementación del impuesto a las exportaciones, el medio de pago sugerido, sea la menor posible, en este caso según sus cálculos, un 5 por ciento.

Más allá de la exactitud de los cálculos y de los supuestos sobre los que se basa, el plazo propuesto excede por exactamente el doble lo que el Fondo está autorizado a conceder. Por otra parte, el organismo mencionado no puede aceptar recursos que no provengan de las operaciones cotidianas del propio estado deudor como medios de pago de cualquier operación crediticia, así fuese a iniciativa de éste. Es lógico, dado que se trata de un organismo cuyos accionistas son, precisamente, estados nacionales.

Las objeciones instrumentales se refieren concretamente a dos temas concatenados entre sí. El primero radica en cómo garantizar la exclusividad del medio de pago propuesto de modo de superar el segundo obstáculo que es aumentar la inviolabilidad jurídica de la operación, hecho que está directamente relacionado con el costo financiero que asuma el Estado nacional por esta propuesta.

Cabe señalar que el Estado nacional argentino está fuertemente endeudado y que además tiene un largo historial de incumplimientos, no muy diferente de lo que pasa en otras latitudes y en otros ámbitos tanto públicos como privados, Las rupturas crediticias son una constante histórica del capitalismo agravadas en el último medio siglo argentino, por los vaivenes políticos que sufre la disputa hegemónica. Pero esto último merece, también uno o varios artículos.

Fideicomiso

Volviendo al propósito concreto, lo que se propone en este artículo es pagarle al Fondo Monetario Internacional con los recursos conseguidos mediante la constitución de un fideicomiso que emita valores destinados a actores públicos y privados, cuyo activo de pago sea un impuesto a las exportaciones como el sugerido por Warren Mosler en el plazo de 20 años.

Desde el punto de vista jurídico, la figura de la estructura fiduciaria tiene una ventaja indudable sobre otro sistema de pago como es el de la cesión irrevocable de un activo, en este caso un flujo de fondos de afectación a un propósito específico y excluyente, lo cual disminuye fuertemente el riesgo de impago de la operación.

Por supuesto que no se le escapa al autor de estas líneas las complejidades operativas de un fideicomiso constituido con activos públicos del Estado nacional como el argentino, que sale de un virtual default dictado por las autoridades de la administración macrista. Precaución: las siguientes líneas pueden contener bastante aridez técnica para el lector, pero se considera necesario para poder profundizar en la propuesta.

La propuesta

Contra lo que expresa el sentido común neoliberal, la constitución de una estructura financiera de naturaleza pública es mucho más segura en términos institucionales que las del sector privado por la sencilla razón de la cantidad de controles cruzados e instancias de aprobación que tienen. Esto desde el punto de vista de la percepción del riesgo. La contracara de lo señalado es la mayor lentitud desde el punto de vista burocrático administrativo.

En segundo lugar, hay dificultades derivadas del hecho que el Estado argentino tiene cerrado el mercado de financiamiento voluntario local e internacional, a raíz del virtual estado de cesación de pagos en que lo dejó la administración anterior, estado de situación, valga la redundancia, cuya consecuencia fue, precisamente, el endeudamiento con el Fondo. De esto se desprenden dos líneas de acción.

Por el lado técnico, están los mecanismos de garantía interna y colateral del diseño del propio fideicomiso, por un lado, y, por el otro, de las hipótesis de evolución de las exportaciones, todo ello con sus correspondientes escenarios de variación de tasa, que deben ser lo más conservadores posibles a los efectos de renegociar una deuda que debe ser pagada en divisa extranjera y que no puede ser renovable, lo cual no suele ni debe suceder cuando de títulos públicos se trate.

La segunda, la nodal sin duda, es el acuerdo político sobre el que se funda toda la operación. Al principio de este mismo artículo se destacó la situación de conflicto hegemónico que caracteriza a la dinámica de la sociedad política y al agrupamiento en dos bloques, cuya composición interna, por cierto, es muy heterogénea.

Esta situación y la inestabilidad consecuente es percibida tanto por los financistas locales como los internacionales, públicos y privados, los cuales, en muchos casos participan también del conflicto. Se sugieren aquí dos estrategias, no taxativas ni excluyentes, por supuesto, para dotar al fideicomiso financiero de desendeudamiento de la masa crítica de apoyo político para sortear las dificultades de colocación en un contexto como el del fiduciante, el Estado nacional argentino.

Apoyos

En primer lugar, es posible lograr una política de captación de parte de los fragmentos del bloque concentrado que, objetivamente, pierden dinero y poder por imperio de la restricción derivada de la aplicación de las políticas del Fondo. En segundo lugar, la implementación de una estrategia de acuerdo con parte de lo que se supone que es la representación política del bloque dominante.

Esta relativización parte de la base de que no hay una correspondencia mecánica entre los bloques y la representación política. El diagnóstico preciso sobre ese hiato debe ser la base para construir un consenso que permita sumar la cantidad de espadas legislativas y partidarias para dar vida a este proyecto.

De este modo, la gestión del fideicomiso financiero de desendeudamiento no cumple solo con el objetivo de librarse de la tutela del FMI para ganar espacio de soberanía económica, sino que también es un primer ensayo de construcción de consenso por parte del bloque popular, para encarar la remoción de las trabas estructurales al desarrollo que asolan a la economía y a la sociedad argentina.