Eliminar las indemnizaciones, crear seguros de desempleo pagados por los trabajadores, despedir a “un millón” de empleados públicos, anular el derecho a la huelga, terminar con el salario mínimo. Estas son solo algunas de las propuestas del plan económico de Javier Milei, precandidato a presidente por La Libertad Avanza, y buena parte de Juntos por el Cambio, sobre todo el PRO, aunque la lista es mucho más amplia.

Los libertarios toman las ideas de Milton Friedman para explicar el mercado de trabajo. El economista de la escuela de Chicago decía que la libre oferta y demanda de ese mercado determina una tasa natural de desempleo, la cual no debe modificarse por intervención del Estado. Esta tasa tendería a dirigir la economía al equilibrio en el largo plazo.

Si el Estado interviene estableciendo rigideces, que en el caso del mercado laboral podría ser el Salario Mínimo, Vital y Móvil, la cantidad de horas máximas trabajadas, el aguinaldo o las vacaciones pagas, lo que pasa según Friedman es que se genera mayor desempleo, debido a que si alguien es menos productivo de lo que establece ese salario, no va a ser contratado. 

Por lo cual, según esta teoría, cualquier rigidez (intervención) genera desempleo. Siguiendo esta línea, si no existiese tal rigidez, esa persona podría ser contratada igual por un salario menor hasta que aprenda el oficio y pueda alcanzar un mejor ingreso. De hecho, el régimen de pasantías toma como válidas estas premisas y finalmente termina siendo un mecanismo de explotación para jóvenes trabajadores que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral.

Un actor clave para evitar los abusos de poder son los sindicatos que, además de defender los intereses económicos de los trabajadores, deberían buscar mejoras y progresos permanentes para la realización personal y profesional de los trabajadores y sus familias. La organización de la clase trabajadora en la Argentina es muy importante: según un informe de la Universidad Nacional de San Martín, se estima que hay cerca de 4 millones de trabajadores y trabajadoras afiliados a organizaciones sindicales, lo que representa un 39 por ciento de los asalariados registrados de los sectores públicos y privados.

Mercado laboral y desempleo

Una frase que se suele escuchar es que “el que no trabaja es porque no quiere”. Esta premisa surge de la teoría neoclásica, según la cual el mercado laboral es un mercado más que debe regularse solo por la ley de oferta y demanda, lo cual llevaría al equilibrio. Si alguien está desempleado, debe bajar su precio (salario) y va a conseguir trabajo, por lo cual el desempleo sería voluntario. 

Pero esto no es así, porque si bien hay gente que decide no trabajar, hay otra categoría de desempleo, que fue explicada por John M. Keynes, que es la de desempleo involuntario. Este último es, básicamente, que hay personas que quieren trabajar, pero no tienen la oportunidad.

El mercado laboral, según Keynes, no es un mercado tradicional que ajusta por oferta y demanda. Para este economista inglés, el mercado laboral es un “no mercado”, más exactamente es un mercado que depende de factores exógenos, es decir, externos al mismo modelo. El principal factor exógeno va a ser la demanda efectiva: si esta demanda aumenta, naturalmente también va a aumentar la demanda laboral.

Por su parte, el gasto público pareciera ser un combustible que dinamiza el mercado laboral, tal como se puede observar desde el año 2003 en adelante, donde se expande el gasto y, en consecuencia, cae el desempleo. Esto no se debe solo a la expansión de la cantidad de empleados estatales sino al dinamismo que adquiere la economía en su conjunto. Tal es así que, una vez reducido el gasto público del 2015 al 2019, se retoma el alza del desempleo.

Por otra parte, la política de desregulación que promueven los libertarios no es nueva. En Argentina se aplicó en la década de 1990 con la promesa de generar empleo. Pero lo que causó es una profunda brecha en la distribución del ingreso.

Reforma previsional de 2017

Otro intento de eliminar “rigideces” en términos de Friedman se dio con la reforma tributaria que impulsó el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne en 2017. La Ley 27.430 dispuso que desde febrero de 2018 se comenzaba a aplicar un “mínimo no imponible” a las contribuciones a la Seguridad Social, que determinó un valor sobre el cual no se abonaban contribuciones. Además, hubo una reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas que no distribuyan beneficios y la reintroducción del ajuste por inflación en el balance de las empresas para el cálculo impositivo del impuesto a las ganancias.

En términos libertarios, esta reforma es un beneficio para el empleador, lo que en teoría generaría más empleo. Sin embargo, la comparación entre la tasa de desocupación del primer trimestre de 2018, que era del 9,1 por ciento, luego de la sanción de la reforma tributaria, con la del primer trimestre de 2019, del 10,1 por ciento, es decir un año después de haberse aplicado, muestra que, una vez más, las premisas libertarias chocan con la realidad.

Además, el salario real cayó 11,9 por ciento entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. Esto quiere decir que tampoco se cumplió la ley de oferta y demanda que tanto promueven los libertarios, ya que al caer los salarios (oferta), debería haber aumentado la demanda (en este caso empleo). La realidad en este caso pareciera darle la razón a Keynes, ya que además se produjo una caída del PBI del 7 por ciento, según datos del Indec.

Por otra parte, los libertarios no exploran sobre las condiciones de los actores sociales. Presentan un mercado de oferta y demanda libre, donde se negocia entre iguales. Esto choca de lleno con la realidad, dado que casi nunca se presenta ese escenario teórico. Los trabajadores siempre van a negociar en una situación de debilidad por la necesidad de subsistencia y los empleadores tendrán una situación de mayor fortaleza.

(*) Autor del libro Falacias Libertarias. Miembro de FUNDUS.

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