El Tribunal Oral Federal 1 de Santa Fe comenzó a juzgar hoy al militar retirado Alberto Jaime por el asesinato de la militante Yolanda Ponti. En 1976, Yolanda tenía 18 años y militaba en la Juventud Universitaria Peronista: viajaba en colectivo por el centro de la ciudad capital de la provincia cuando una patota del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército comandada por Jaime le disparó a quemarropa. Jaime, cuya intervención en el crimen quedó plasmada en registros oficiales, estuvo prófugo durante cuatro años hasta que fue detenido en 2019.
Durante alrededor de cinco jornadas –un mes y medio aproximadamente– los jueces José Escobar Cello y Luciano Lauria y la jueza Elena Dilario comenzarán a revisar el crimen de Ponti, un caso que fue utilizado como prueba en juicios de lesa humanidad que anteriormente se llevaron a cabo en la jurisdicción, pero que hasta el momento no cuenta con responsables atribuidos. Jaime es el primer acusado de su muerte -enfrenta cargos por homicidio doblemente calificado- y será el único, pues el resto de los militares y policías y civiles que integraron la patota que la asesinó ya fallecieron.
Operativo criminal
A mediados de la década de los 70, Ponti residía, militaba y estudiaba en la ciudad capital santafesina, tras haberse mudado desde Rafaela, en donde había nacido en 1958. La patota del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército la buscaba por ser referente de la Juventud Universitaria Peronista. La marcó, la siguió y la interceptó la tarde del 1 de diciembre de 1976, en pleno centro de la ciudad, cuando abordaba un colectivo.
El operativo quedó registrado en un sumario de la fuerza militar, pues además de asesinar a Ponti, al conductor del transporte y a otro pasajero, la balacera también mató al represor Oscar Alberto Cabezas. Ese registro se convirtió en la prueba principal de la investigación preliminar del caso y del juicio, ya que “alberga testimonios de todo el personal que intervino en el operativo, por lo tanto nos aportó los nombres de los integrantes” de la patota, señaló a Página/12 Nicolás Sacco, secretario de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Santa Fe, que interviene en el debate junto con el fiscal general Martín Suárez Faisal.
A partir de aquel sumario, se pudo identificar a los siete integrantes del grupo de tareas. Según detalló en su momento el periodista de este diario Juan Carlos Tizziani, el sumario aportó los nombres del suboficial Nicolás Correa ("el Tío"), el teniente Julio César Dominguez ("Potín"), el sargento Elodoro Jorge Hauque ("Lolo"), Cabezas y un oficial del D2 de la Policía santafesina adscripto a la Inteligencia militar, Héctor Romeo Colombini ("Pollo"). Todos ellos testimoniaron en el documento, además del propio Jaime, quien estaba a cargo del operativo y, según las declaraciones, fue quien disparó contra Ponti. La patota se completó con un agente civil de inteligencia (PCI) al que Jaime, en su momento, no identificó.
“La instrucción fue demasiado larga y garantizó la impunidad de los integrantes del operativo, pues tres de esos represores fallecieron impunes”, apuntó la abogada de la regional santafesina de H.I.J.O.S., Lucía Tejera, que participa como querellante en el debate. “El tío”, “Lolo” y “Potín” no llegaron a ser siquiera procesados. Jaime recién fue detenido en 2019, tras permanecer cuatro años prófugo. Cuando finalmente fue indagado, se negó a declarar, aunque aportó a la causa que en sus años de militar lo conocían como "Amorfo" o "Bestia" debido, según él, a su contextura física.
Todo registrado
Sobre el material hallado en el sumario, la Fiscalía describió en la instrucción de la causa que la patota, que se movía en dos autos por la ciudad, vieron a la joven subir a un colectivo de la Línea 3 y lo siguieron. “Ese colectivo fue interceptado por el operativo en el que la patota abrió fuego”, sumó Tejera. La intercepción, figura en el expediente, estuvo a cargo de Jaime y sucedió en pleno centro de la ciudad, esquina de 25 de Mayo y Lisandro de la Torre. Uno de los autos, un Renault 6, bloqueó el paso del colectivo. De ese vehículo se bajó Jaime, cuyo poder sobre el resto de los integrantes de la patota fue total según la investigación, y disparó. Dos represores se bajaron de un Dodge, el otro auto.
“A Yoli la hieren de bala en el abdomen primero y luego la rematan de un tiro en la cabeza, lo cual demuestra que el objetivo de la patota no era detenerla, sino llevar a cabo el plan sistemático de aniquilación del oponente político” que desplegó la dictadura a lo largo y ancho del país desde mediados de los 70 hasta entrados los 80, puntualizó la abogada de H.I.J.O.S.
El caso de Ponti se investigó en conjunto con otros delitos de lesa humanidad cometidos por el Destacamento de Inteligencia 122 en Santa Fe, pero el juez federal Reinaldo Rodríguez decidió elevarlo a juicio individualmente, tras la detención de Jaime en 2019. Para Tejera, esto significa “un desafío al momento de otorgarle al caso la real dimensión que tiene en el marco del entramado criminal que desde el Estado argentino se desplegó a través de sus Fuerzas Armadas y de seguridad para aniquilar y desaparecer a una parte del entramado social”. El operativo que asesinó a Ponti -remarcó- “no fue un hecho aislado”.
Primera audiencia
En la primera audiencia del juicio, que comenzó este jueves por la mañana, se leyeron los requerimientos de la elevación fiscal y de la querella. Luego, el acusado declaró durante unas dos horas. Por la tarde, tras un cuarto intermedio, declararon los tres hermanos de Ponti; quien fuera su pareja, Reynaldo Benítez; y una compañera de militancia de la adolescencia, Ana Testa. "Fue una audiencia bastante cargada de emotividad porque a través del testimonio de los testigos se pudo dar cuenta de cómo era Yolanda, de su compromiso social, de su solidaridad desde muy adolescente y de su militancia en la agrupación de estudiantes secundarios en Rafaela, primero, y en la Juventud Universitaria Peronista después", relató Tejera. La abogada explicó que los testimonios de José Ponti, de Benítez y de Testa fueron claves para visibilizar y comprender "la persecución de la que fueron víctimas incluso antes del golpe de Estado". "Eran seguidos, perseguidos, sus domicilios eran constantemente allanados. El asesinato de Yolanda fue parte de uno de esos seguimientos y persecuciones a la militancia en Santa Fe."
