El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza comenzará a juzgar este viernes a los integrantes de la estructura represiva del “D2”, el Departamento de Informaciones de la fuerza de seguridad local, en cuyo edificio funcionó el mayor centro clandestino de la provincia durante la última dictadura cívico militar. Veintiocho policías retirados serán juzgados por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos contra 335 personas que fueron secuestradas y torturadas en ese campo de concentración, o en cuya captura e interrogatorios intervino la patota de esa estructura.

Se trata del décimo tercer juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo en Mendoza desde que la nulidad de las leyes de impunidad posibilitaron la reanudación del proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado. Pero, paradójicamente, es el primero que analiza a fondo la estructura del D2, “el mayor centro clandestino que tuvo Mendoza”, apuntó la abogada Viviana Beigel, que representará en el debate oral y público al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y al resto de los organismos. “Es un juicio importante porque es el primero que enfoca exclusivamente a quienes formaron parte de la estructura del centro clandestino y todo lo que ocurrió ahí adentro, un juicio con una enormidad de víctimas y muchos imputados”, puntualizó Beigel.

Para la abogada, lo más “destacable” del flamante debate es “que se va a poder analizar al centro clandestino más terrible que funcionó en la provincia, porque es donde ocurrieron la mayor cantidad de hechos, porque tiene la mayor cantidad de desapariciones forzadas, como una megacausa". Destacó que se va a poder juzgar "todo eso que ocurrió allí de manera global e integral", para "demostrar cómo encajó esta estructura dentro del mapa represivo de la provincia y del país”. La que ella representa y la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación serán las únicas querellas en el debate, que comenzará con la lectura de los cargos y continuará dentro de dos semanas con las indagatorias de los acusados.

Con el análisis de Beigel coincide el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante, que intervendrá en representación del Ministerio Público junto al fiscal general Dante Vega. “Esta causa representa un análisis sistémico del D2”, puntualizó el funcionario. Desde su creación, y como el resto de estructuras homónimas policiales en otros territorios del país, el Departamento 2 de Informaciones Policiales de Mendoza se dedicó a trabajos de inteligencia, algo que durante la última dictadura “se tradujo indefectiblemente en la denominada lucha contra la subversión”, se indica en el dictamen de elevación a juicio del expediente, que concluye asimismo que el lugar “funcionó como centro clandestino en el cual se cometieron los más atroces delitos perpetrados por el accionar represivo estatal”. En ese objetivo contó, además, con vínculos aceitados en la Justicia Federal, algo que también quedará plasmado en el juicio.

Se espera un debate extenso que repasará las violaciones a los derechos humanos de 335 personas que pasaron por el campo de concentración policial o que fueron víctimas de su patota. Además de secuestros, torturas y lesiones, se juzgarán 36 casos de abuso deshonesto, 10 casos de violación y 64 homicidios. Muchas de las personas que pasaron por el D2 se encuentran desaparecidas.

Si bien los policías retirados identificados en la instrucción alcanzaron el medio centenar, llegó a juicio poco más de la mitad. El resto falleció o fue apartado por cuestiones de salud en el transcurso de la espera para que se programara y comenzara el juicio oral.

Los policías retirados que finalmente comparecerán ante los jueces Alejandro Piña, Alberto Carelli y Paula Marisi son 28. Carlos Álvarez Lucero, Armando Fernández Miranda, Abelardo Garay Mauceri, Rubén González Camargo, Pablo Gutierrez Araya, Julio La Paz Calderón, Mario Laporta Chielli, Celestino Lucero Lorca, Ricardo Miranda Genaro, Marcelo Monroy Suárez, José Roccato Villegas, Miguel Salinas y Miguel Tello Amaya ya fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad en procesos previos. En tanto, Rubén Blanco, Eduardo Cía Villegas, Carlos Escobar Zurita, Lucas Garay Domínguez, Gerónimo Mateo Jofré, Oscar Maturano Ibaceta, Antonio Ochoa Albornoz, Omar Reta Zárate, Adolfo Siniscalchi Arizmendi, Juan Tello Yañez, Omar Venturino Amaker, Jacinto Olmedo Muñoz, José Sosa Córdoba, Teodoro Galigniana Oro y Armando Quintero Bassi serán juzgados por primera vez.