Denunciaron la sistemática violación de derechos humanos en Jujuy 

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy fue sede de la cuarta audiencia pública de 2023, organizada por la Defensoría del Público. En esta oportunidad se convocó a la región del NOA y se contó con las exposiones de referentes de la comunicación y de los derechos humanos de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

La gran mayoría de las alocuciones denunciaron la violación sistemática de los derechos humanos en la provincia de Jujuy, instiendo en la falta de garantía del ejercicio de la libertad de expresión. Además, entre las disertaciones se contó con la participación de la dirigente social Milagro Sala, presa política del gobierno de Gerardo Morales desde enero de 2016.

El eje de convocatoria de la audiencia fue: "40 años de democracia: es hora de democratizar las comunicaciones”, y tenía como objetivo actualizar el diagnóstico, las propuestas y demandas de la ciudadanía en relación al funcionamiento de los medios audiovisuales.

La defensora del Público, la periodista Miriam Lewin, fue la responsable de abrir la audiencia, que se inició pasadas las 10. La funcionaria contó que la fecha y lugar para la audiencia ya estaban dispuestas en la planificación anual del organismo mucho antes del estallido social que se sostiene desde hace más de un mes. Atenta a la situación política y social que se vive en el territorio gobernado por Morales, la defensora recordó que semanas atrás una delegación del organismo relevó ataques a la libertad de expresión. Esos datos fueron volcados en un informe en el que se manifestó la preocupación por prácticas que "ponen en riesgo el pleno ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos la integridad personal y la libertad de expresión".

"La Defensoría está junto a los trabajadores de prensa y la carrera de comunicación que aquí se dicta", dijo Lewin, agregando que en Jujuy hay "situaciones de riesgo" y "peligro institucional" ante la "violación de una serie de valores democráticos garantizados desde 1918", año de la reforma universitaria.

Durante la mañana hablaron expositores locales y sus voces marcaron el eje central que tendría la audiencia: la denuncia reiterada a la violación de los derechos humanos en Jujuy. Entre las primeras disertaciones se escuchó a Facundo Villanueva, coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El docente denunció que en la provincia existe una "situación crítica" en el ejercicio de la libertad de expresión y, por consiguiente, en la garantía del derecho a la comunicación y el acceso a la información.

En ese sentido, sostuvo que los ataques a esos derechos vienen siendo sistemáticos desde 2015, tras la asunción de Gerardo Morales. Por ello, recordó que en la audiencia de 2022, ya habían alertado del contexto después de que se conociera la infiltración de un policía en una organización social y una radio comunitaria. "Ahora se han agravado", expresó, denunciando que las prácticas de persecución y hostigamiento "parece que se están institucionalizando, más aún con las represiones de junio". Al reclamo sumó que la provincia presenta un panorama mediático concentrado a favor de Morales.

Villanueva también recordó la violación a la autonomía universitaria de parte del gobierno jujeño cuando el 12 de julio ingresaron efectivos de las fuerzas provinciales a la sede universitaria. Ante este hecho, el docente Iván Blacutt -que estaba en el lugar- decidió filmar a los efectivos que ingresaron al advertir que se encontraban sin identificación. Cómo consecuencia, en la mañana del día siguiente, el profesional fue detenido desde las puertas de su casa. A la detención arbitraria de Blacutt, Villanueva también sumó, y repudió, la persecución y detención de otros docentes, turistas, referentes indígenas, trabajadores universitarios, comunicadores populares y abogados. 

En este marco, el docente jujeño exigió la plena vigencia de la ley nacional 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). "Entendemos que no vamos a solucionar la situación precaria del derecho a la comunicación, pero sí entendemos que se garantiza la protección a la libertad de expresión y la pluralidad de voces", manifestó Villanueva, quien también solicitó la libertad a Milagro Salta y de los otros presos políticos que tiene la provincia. 

Otra de las voces presentes fue la de Sofía Brailovsky, integrante de la Cátedra Género y Derechos Humanos y coordinadora académica del Área de Género y Derechos Humanos de la UNJu. La docente brindó una conmovedora exposición al recordar que transitó el período de la última dictadura militar de Argentina durante su adolescencia en Buenos Aires. "Pensé que nunca iba a volver a caminar las calles con tanto miedo y asistir a una represión sistemática", lamentó, reiterando que "desde  hace seis años seguimos teniendo presas políticas".

Al igual que Villanueva, Barilovsky insistió en que la situación de Jujuy "no empezó hoy", sino que desde hace años se presentan situaciones de represión y persecución. También se mostró disconforme con el discurso mediático que caracteriza a Jujuy como un laboratorio de la derecha, la persecución y la represión: si se continúa con esta caracterización, "no se ve la gravedad de los hechos que están sucediendo y, por tanto, es bajarle el precio", dijo. "Tenemos que decir que en Jujuy es Estado viola nuestros derechos humanos", insistió, al cuestionar que la situación de la provincia tardó 15 días en ser noticia nacional puesto que los medios hegemónicos se hicieron eco de la situación tras las represiones del 17 y 20 de junio, y no días antes cuando se producían manifestaciones en contra del tratamiento express de la reforma de la Constitución provincial y por el reclamo docente.

Por su parte, Luis Urtubey, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Jujuy, llamó la atención sobre la ausencia de voces de representantes de pueblos originarios y las infancias en los medios de comunicación, a pesar de la vigencia de la LSCA. "Los pueblos originarios constituyen uno de los actores principales" en Jujuy, y "las empresas (mediáticas) no otorgan minutos de su programación para dar voz a las comunidades", por el contrario, son "tratados como personas que actúan fuera de la ley", denunció. 

"Entendemos a la comunicación como un derecho humano fundamental, y que se vincula con la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. El ejercicio de ellos constituyen una garantía para promover la participación democrática de la ciudadanía", manifestó, alertando que dichos derechos no se garantizan en la provincia jujeña.

Milagro dijo presente 

La dirigente social Milagro Sala también fue partícipe de la audiencia, en su caso, bajo la modalidad virtual desde su casa, donde cumple detención. Pasadas las 13, Sala denunció que en Jujuy "hay un atropello a la democracia", además dijo que es "amenazada y hostigada" por parte del gobierno de Gerardo Morales y la justicia penal, que buscan "llevarla a la cárcel" con el "armado de nuevas causas".

Asimismo, aseguró que las represiones policiales ocurridas en Purmamarca y en la Legislatura provincial el 17 y 20 de junio pasado, en el marco de protestas contra la reforma constitucional, le recordaron a “la época de la dictadura militar que ya no pensábamos iba a volver”. 

Dirigiéndose a las personas presentes en la audiencia, pidió "en nombre de la democracia" que  ayuden a denunciar y cuidar a los y las habitantes de Jujuy "que han sido también psicológicamente dañados y necesitan acompañamiento”. "Se llegó a una instancia donde pareciera que se estuviera en las peores épocas del 1976 con camionetas 4x4 prestadas por los empresarios de la construcción o de la minería para poder reprimir y secuestrar compañeros, torturarlos y llenarlos de causas”, denunció Sala, a quien el gobierno provincial acusó de ser instigadora de las protestas "por donar 100 banderas" a manifestantes del 20 de junio contra la reforma constitucional aprobada ese mismo día.

“Esto ya no es únicamente Milagro, esto es avanzar contra el pueblo jujeño. Sentimos que no hay democracia, hay un atropello en general de Morales, de los jueces y los fiscales de la mano con la policía", sostuvo Milagro Sala.

Además, recordó que tiene 19 causas, "cada vez me hostigan más y a pesar de que estoy enferma supuestamente el jefe de los fiscales (Sergio) Lello Sánchez quiere retornarme a la cárcel”, dijo la dirigente de Tupac Amaru. Desde su casa en el barrio Cuyaya, reveló que los médicos de la Fundación Favaloro que la atienden hicieron una presentación al juzgado de Jujuy, a cargo del juez Carlos Cattan, para que la trasladen y le hagan las dos intervenciones, pero aseguró que "hasta el día de hoy no hay respuestas”. Por el contrario, "sí hay respuestas para amenazarme y tener una nueva audiencia para poder llevarme de nuevo a la cárcel. Continuamente estoy siendo amenazada de que me van a llevar a la cárcel, eso es parte del hostigamiento psicológico, sufro violencia de género", expresó.

En este sentido, Sala contó que su salud está muy comprometida e incluso dijo que corre el riesgo de perder una pierna. La dirigente padece trombosis venosa profunda, por la que fue internada en junio del año pasado. Recordó que "estas situaciones hemos denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Suprema de Justicia la Nación y tampoco estamos teniendo respuestas, están dejando poco a poco que me muera”.

También expresó sus preocupaciones en torno a su esposo, Raúl Noro, que atraviesa un complicado estado de salud: "Quiero estar fuerte por él que me dio una felicidad muy grande en mi vida”, afirmó Milagro.

Ausencia de políticas a favor de la comunicación popular

También participó Moisés Rioja, del colectivo audiovisual Wayruro. El comunicador y realizador audiovisual denunció que a 40 Años de democracia, se sigue sufriendo la "persecución de compañeres militantes de la comunicación popular, la desigualdad frente a los medios hegemónicos y la falta de políticas públicas articuladas para el sector de la comunicación popular".

En ese sentido, dijo que desde 2015 hasta la actualidad, la centralidad del país se ha incrementado, siendo cada vez más persistente la distancia entre la capital y las provincias. "Hablar de políticas públicas no es solo hablar de recursos, sino de pensar acciones y planes estratégicos que promuevan y permitan el desarrollo de los territorios", dijo Rioja. 

Señaló también que es preciso generar propuestas de desarrollo y crecimiento territorial, y "no de políticas focalizadas que crean ventanas de financiamiento sin entender ni preocuparse por instalar capacidades en lo local, como el Roberto Arias", un programa para la instalación de redes comunitarias de internet, lanzado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Para el realizador "su funcionamiento carece de instancias de capacitación para las comunidades rurales e indígenas a las que está destinado, dejando un vacío en la postulación de propuestas o bien siendo un nicho para financiar a privados que siguen con la lógica comercial del acceso".

La crítica hacia la falta de políticas públicas en favor de las organizaciones y medios comunitarios también fue tomada por la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, que exigió brindar un mayor acompañamiento técnico y financiamiento a los medios rurales, además de la celeridad en los resultados de las convocatorias de fondos de fomentos de parte de ENACOM.

Por su parte, Natalia Purtic y María Laura Agüero, trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) del Centro Regional Salta-Jujuy, contaron que mantienen un trabajo sostenido con el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. "Sabemos que la comunicación es una herramienta más de la agricultura familiar y como Instituto sostenemos que es un derecho humano, que además, es un habilitante a otros derechos", enfatizó Agüero.

En tanto, Purtic aseguró que el ejercicio del derecho a la comunicación requiere de un Estado presente a través de los organismos competentes, sobre todo, de los medios rurales con los que trabajan debido al contexto social y económico de las familias y el propio sector. Ante ello, presentaron un reclamo en relación a la demanda de infraestructura para estos medios y un mayor acompañamiento técnico y de conectividad en las zonas que carecen de ello, sumando el planteo de la necesidad de una legislación que brinde igualdad en la distribución de la pauta oficial. 

Desde Tucumán, hablaron Eva Fontdevila y Emanuel Gall, integrantes de Abrojos Colectivo de Educación Popular, quienes cuestionaron la ausencia de propuestas vinculadas a la comunicación de parte de los candidatos y candidatas a disputar cargos ejecutivos y legislativos a nivel nacional.