Seis meses pasaron desde que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de la ciudad de Dolores dio su veredicto en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Desde entonces los ocho condenados, cinco a prisión perpetua y tres a 15 años, pasan sus días en la cárcel de Melchor Romero a la espera de la resolución de la apelación presentada por su defensa, que continúa a cargo del abogado Hugo Tomei. A mediados de agosto podrán salir por primera vez desde la condena para participar de la audiencia fijada por Casación para tratar las apelaciones. La familia de Báez Sosa, representada por Fernando Burlando, busca que la perpetua alcance también a los tres condenados a 15 años.

A la espera en Melchor Romero

El 6 de febrero de 2023 el tribunal integrado por los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia daba a conocer su veredicto tras más de 15 audiencias de juicio: prisión perpetua para Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, y Luciano y Ciro Pertossi como coautores del homicidio agravado de Fernando Báez Sosa; 15 años de prisión para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi como partícipes secundarios de ese crimen. Desde aquel día comenzaron a circular todo tipo de rumores en torno a los ocho jóvenes de entre 21 y 24 años: quiebres en la relación y hasta en la estrategia de defensa o posibles traslados a otras prisiones.

Seis meses después, nada de eso pasó. Los ocho continúan juntos en Melchor Romero. Según pudo saber Página 12, pasan los días en el Pabellón N°6 al que fueron trasladados luego de la sentencia, separados del resto de los presidiarios del lugar. Tienen unas horas al día al aire libre, con acceso al patio, y allí realizan actividades como cortar el pasto u otras de esparcimiento. Reciben la visita de sus familias periódicamente. Aunque el traslado a los penales en los que finalmente cumplirán sus condenas debería concretarse, hasta el momento la decisión continúa postergada y no hay detalles certeros sobre sus destinos definitivos. Mientras tanto, los ocho esperan con ansiedad la resolución del proceso de apelaciones que se abrió tras el juicio.

Tampoco se separaron en su estrategia de defensa. En las semanas posteriores al veredicto existió la posibilidad de que dos de ellos, Cinalli y Viollaz, se abrieran de la defensa. El abogado Miguel Ángel Pierri incluso llegó a blanquear que lo habían contactado para que los representara en la búsqueda de morigeración de la pena, pero eso tampoco llegó a buen puerto. Así las cosas, es Hugo Tomei quien presentó las apelaciones en un escrito de más de cien páginas y quien, de momento, seguirá a cargo de la defensa conjunta que mantiene desde los días posteriores a aquel 18 de enero de 2020, noche en la que Báez Sosa fue asesinado al salir del boliche Le Brique de la ciudad de Villa Gesell, en la que veraneaba con sus amigos.

El próximo 15 de agosto es la fecha señalada para que los ocho condenados vuelvan a salir de Melchor Romero para presenciar una nueva audiencia judicial como las que protagonizaron en el juicio que se llevó a cabo durante todo enero en Dolores. Así lo decidió la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense, integrada por los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencio Budiño, que fijó para ese día la audiencia que se realizará en la la sede de calle 43 al 874 de La Plata a las 11 de la mañana. También se espera la presencia de Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de Fernando.

Con las apelaciones ya presentadas, la audiencia se hará efectiva sólo para que las partes ratifiquen sus escritos y puedan argumentar sus posiciones. La defensa pretendía que durante la jornada también se sumara la palabra de testigos aportados por esa parte, pero los jueces de la Sala II rechazaron el pedido.

Las apelaciones

En la audiencia del 15 de agosto se presentarán las dos posturas enfrentadas en torno a las apelaciones que deberá definir Casación. La de la defensa, que busca conseguir absoluciones y morigeraciones en las penas, y la del particular damnificado y de la fiscalía, que buscan que las perpetuas se extiendan a los ocho condenados y no sólo a cinco como hasta ahora. Los argumentos, en general, repiten lo esgrimido por las partes en el juicio de enero.

Tras la sentencia, los primeros en presentar las apelaciones fueron los fiscales de juicio, Gustavo García y Juan Manuel Dávila. Los dos representantes del Ministerio Público Fiscal se manifestaron allí en la misma línea que lo habían hecho en sus alegatos al cierre del debate oral de Dolores, al señalar que "todos hicieron todo" en el crimen de Báez Sosa. Apuntan así a desbaratar lo definido por los jueces del TOC 1, que en los fundamentos de la sentencia diferenciaron roles dentro del ataque al joven de 19 años. Para los fiscales los ocho condenados premeditaron el crimen y cada uno cumplió una función necesaria, por lo que los consideran a todos como coautores del homicidio. Como tales, argumentan, deben ser condenados a perpetua sin distinciones.

La apelación a cargo de Fernando Burlando llegó unos días después de la presentada por los fiscales y fue en la misma dirección. A través de su representante legal, la familia de Báez Sosa coincidió con la fiscalía en el pedido de revisión de la condena de Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi al considerar como una "arbitrariedad" la "selección y valoración de la prueba para entender como secundaria la participación de los condenados". En su presentación, en tanto, también detallaron algunos elementos que, sostienen, deberían bastar para que cada uno de ellos también sea considerado como coautor del homicidio.

En primer lugar destacaron que el ADN de Cinalli fue encontrado bajo la uña de un dedo de la mano de Báez Sosa: "Es una muestra clara de que tuvo contacto directo con la víctima", sostuvieron. En cuanto a Lucas Pertossi, recordaron el audio de Whatsapp en el que avisa a sus amigos que la víctima "caducó", mientras que aseguran que Viollaz fue quien "dio la orden para el inicio de la agresión y participó de la misma". Para Burlando, los ocho en conjunto aprovecharon el "estado de indefensión" en quedó Báez Sosa después de los primeros golpes, "con claras intenciones de acabar con su vida".

Del otro lado, Tomei todavía sostiene los pedidos de nulidades que esgrimió durante el juicio al cuestionar el procedimiento mismo de detención de los ocho, al que considera "ilegal". Sostiene que a los detenidos no se les leyeron los derechos y que las indagatorias "no existieron": "Las audiencias habrían durado entre uno y cinco minutos, tiempo imposible para cumplir con todas las obligaciones impuestas", escribió en la apelación. En cuanto a las condenas, el abogado pidió la absolución de Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi, mientras que solicitó que las condenas de los otros cinco sean enmarcadas en la figura subsidiaria de "homicidio en riña", que estipula penas de entre dos y seis años de prisión.