A tres años del crimen de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años que murió al ser baleado en la ciudad de Córdoba, y por el que fueron condenados 11 policías de la provincia, dos de ellos a prisión perpetua, la mamá de la víctima, Soledad Laciar, impulsó un proyecto de ley para modificar el Código Penal e introducir penas más severas en los casos de crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y militares.
La denominada "Ley Blas" consta de tres puntos: "Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias"; "incorporar una sanción específica para los miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación"; y, "al nuevo tipo penal, se incorpora la aplicación de la figura del Arrepentido", de acuerdo a lo que establece la ley 27.304".
Correas fue asesinado en la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando transitaba con cuatro amigos, también adolescentes, en un automóvil y al evadir un control policial en la zona sur de la capital cordobesa, dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas y le ocasionó la muerte.
El 31 de marzo de este año la Cámara 8a del Crimen, con jurado popular, condenó a 11 de los 13 policías enjuiciados por ese hecho, de los cuales, recayó la pena de prisión perpetua para los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35), los responsables de efectuar los disparos con su arma reglamentaria.
Además de Gómez y Alarcón, otros nueve policías recibieron penas, tal es el caso del comisario inspector Walter Soria (43), que fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión; y del subcomisario Enzo Quiroga (34) y el comisario inspector Jorge Galleguillo, quienes recibieron cuatro años y ocho meses de cárcel.
En tanto, la oficial ayudante Yamila Martínez (25) fue condenada a 4 años y tres meses de prisión; el subcomisario Sergio González (44) a cuatro años y diez meses; mientras que el comisario Juan Antonio Gatica (46) y el cabo Alexis Quevedo (29) a cuatro años.
Por otro lado, la agente Wanda Esquivel (32), la que "plantó" el arma para simular un enfrentamiento y luego pidió disculpas por ese "error", recibió una pena de tres años y diez meses de prisión, mientras que el oficial ayudante Ezequiel Vélez (23) a dos años y seis meses de cárcel.
Por último, fueron absueltos el agente Rodrigo Toloza (27) y el cabo Leonardo Martínez (29), quienes estaba acusados de "encubrimiento y falso testimonio".
En la sentencia también se resolvió remitir los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción de José Mana para que se inicie investigación penal contra los responsables políticos que estaban a cargo de distintas áreas de seguridad al momento del hecho.
Entre ellos quien fuera ministro de Seguridad Alfonso Mosquera; el secretario de Seguridad Sebastián Mezzano; la actual jefa de la Policía provincial Liliana Rita Zárate Belletti; y el jefe zonal sur de la policía, comisario Gonzalo Cumplido.
