La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó "su preocupación por acciones legislativas que impulsan los gobiernos provinciales de Salta y La Rioja, en Argentina, para sancionar en un caso la difusión de noticias falsas y, en el otro, propiciar una reforma constitucional que podría afectar las libertades de expresión y de prensa”.

El comunicado, difundido el pasado 3 de agosto, expresa que “en Salta, un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados castiga con arresto y/o multas a "quien difundiere noticias falsas" en el espectro digital. De aprobarse, el artículo 50 de la iniciativa habilitaría castigos para quien "cree noticias falsas, infunda pánico, desacredite personas o autoridades provinciales".

Subraya que "en tanto que La Rioja, en el inicio de la discusión sobre una reforma constitucional de esa provincia, el gobernador Ricardo Quintela dijo que “la enmienda incluirá la regulación de la prensa independiente". "A su entender, la Convención reformadora –con amplia mayoría oficialista– debe discutir sobre “la libertad de expresión y la gobernanza”. El mandatario es crítico de los medios de comunicación y ya meses atrás había propuesto "bloquear" a medios nacionales porque, "dan información podrida", que no se puede "verificar".

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, indicó que "lamenta que, en un país con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos". Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, recordó las declaraciones de Chapultepec y de Salta, esta última sancionada justamente en la provincia argentina que ahora impulsa la polémica ley. "Aquellos documentos consagran los principios que deben regir la libertad de prensa y piden a los gobiernos inhibirse de crear leyes o regulaciones que impacten negativamente contra el derecho natural a la libertad de expresión", afirman. 

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, agregó que en Salta, la nueva propuesta legislativa es ambigua y peligrosa. Greenspon y Jornet indicaron que “para combatir la desinformación, los gobiernos deberían impulsar políticas públicas de alfabetización noticiosa y digital y medidas que fortalezcan el periodismo profesional y abstenerse de imponer mecanismos de censura o sanciones penales. Recordaron también que la SIP "rechaza leyes o regulaciones que afecten la independencia y los criterios editoriales de medios y periodistas".

El oficialismo negó hasta el momento esta posibilidad y tiene una propuesta sobre los cambios que podrían quedar en la letra constitucional y que pondrá a debate en las comisiones y en el seno de la convención.

La Constitución de La Rioja consagra en el artículo 32° la libertad de prensa, en el 29° el Hábeas Data, en el 31° el derecho a la privacidad y en el 149° la Asistencia y Derecho a la víctima. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Humanos, que describe sus elementos fundamentales como derecho consustancial a todas las personas.

El debate que abrirá el oficialismo sería entonces sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la intimidad, la autodeterminación informativa y el derecho al olvido y el acceso a la información pública. Fuentes allegadas expresaron a La Rioja/12 que la propuesta pretende poder diferenciar la libertad de prensa y de expresión, introducir cambios en el derecho a la intimidad de acuerdo con el avance de las nuevas tecnologías y constitucionalizar el derecho al acceso a la información pública.

La convencional constituyente de capital por FdT, Mariana Nievas, explicó en Radio La Red en julio pasado que la ley no busca limitarla, sino “distinguirla y protegerla” a la libertad de expresión. “Es importante entender qué es lo que debemos regular, la ley dice sugiere reformar la libertad de expresión, en ningún momento dice limitar. Es muy grave decir que se quiere limitar cuando lo que se quiere es distinguir y proteger”, dijo.

En este sentido, aseguró que “el problema es que ahora se están reproduciendo versiones de juristas, colegas y periodistas que parten del error porque dicen que se busca limitar la libertad de prensa, y lo que se busca justamente es protegerla. La idea es distinguir la libertad de expresión y libertad de prensa porque esta última ya está legislada, la legislaron en el año 1853, donde la información tenía otro circuito”.