Tres miembros de la Prefectura Naval Argentina se presentaron armados en la entrada del Instituto del Profesorado del Arte (IPA) Adolfo Abalos de Mar del Plata, el miércoles a la tarde, y pidieron el documento a alumnos y docentes, para luego anotar sus datos en una planilla, según contaron a PáginaI12 a estudiantes, profesores y directivos de la institución. Cuando los indagados preguntaron para qué era la lista, los prefectos contestaron que se trataba de un “operativo de averiguación de persona”. Fuentes judiciales de Mar del Plata aseguraron a este diario que se trató de un operativo “ilegal y arbitrario”, ya que los prefectos no tenían una orden de servicio concreta para el caso. Los miembros del instituto aseguraron que no se trató de un caso aislado, y que desde el año pasado ha habido casos de intimidación en escuelas y universidades de la ciudad por parte de la Policía Bonaerense, la Gendarmería y Prefectura.
“No es un hecho aislado ni casual que hayan venido a la puerta del IPA. Es una institución muy posicionada frente a los avances contra la educación pública en la ciudad”, sostuvo la directora del instituto, Ana Mayorano. “Estamos esperando la respuesta de las autoridades distritales para presentar un habeas corpus colectivo, lo cual es muy importante para posicionar a la educación pública frente a este avasallamiento”, agregó. En la misma línea, Andrea Ferrara, miembro del Consejo Académico Institucional del IPA y docente, aseguró que se trató de “una maniobra de intimidación y disciplinamiento para el instituto, ya que es una de las instituciones que menos se calla”.
Cerca de las 18.30 del miércoles los tres miembros de Prefectura se instalaron frente a la entrada del IPA con una planilla en la que anotaban nombre, apellido y dirección de los alumnos y docentes, a los que pedían el documento. “Fueron a esa hora porque es la de mayor circulación; entra y sale mucha gente”, explicó Ferrara, y contó que “a un docente que no tenía el documento le preguntaron el nombre, que confirmaron con un aparatito que tenían en el que apareció su foto”. Según Ferrara, este tipo de intimidaciones se repiten desde el año pasado. “En abril entraron miembros de la Gendarmería a la Universidad de Mar del Plata; hace un tiempo un grupo de prefectos quiso ingresar en la Escuela Secundaria 31; y el año pasado, en septiembre, después de la toma en el Consejo Escolar para reclamar mejoras edilicias, llegó una carta al instituto firmada por un comisario de la Policía Bonaerense, para pedir los datos da la presidenta del centro de estudiantes del IPA, Erika Iturmendi”.
En diálogo con PáginaI12, Iturmendi recordó que “dejaron la carta en la oficina de la directora y pedían mis datos. La misma carta llegó a todos los que habían firmado un documento dirigido a la presidenta del Consejo Escolar en reclamo por cuestiones edilicias básicas de las escuelas públicas”. La presidenta del centro de estudiantes indicó que la idea original era no firmar el documento, pero voceros del Consejo les dijeron que tenía que estar firmada por personas físicas. “Hicimos una denuncia pero no avanzó. En otro momento llegó otra carta, de la inspectora del Consejo, pidiendo todos los nombres de los miembros del centro de estudiantes”, añadió. La directora Mayorano advirtió que “el avance de las fuerzas represivas es cada vez mayor”.
Por su parte, una fuente judicial alertada por los directivos de la escuela acerca de la situación explicó a este diario que “se trató de una operación arbitraria por parte de la Prefectura, y por lo tanto ilegal”. Según detalló la fuente, para este tipo de operaciones “tiene que haber una orden de servicio autorizada por el Ministro de Seguridad de la provincia que sea concreta para el caso, es decir, que indique qué institución va a ser, a qué hora y por qué motivo”. “El motivo tiene que perseguir una misión objetiva, como por ejemplo una investigación judicial que involucre gente que concurra al instituto. Además, lo que corresponde es que se le comunique sobre el operativo a los directivos del instituto, lo cual no ocurrió”, aclaró luego, y agregó que “todo lo que no responda a esto es arbitrario; creemos que es lo que pasó el miércoles”. El funcionario judicial señaló que “el habeas corpus es fundamental porque implica sentarse con un juez y con el jefe de Prefectura para que presente la documentación necesaria. Es un paso previo para un denuncia penal por ‘abuso de autoridad’ o de ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público’, que aplican para el caso”.
Informe: Juan Funes.
