El consenso para congelar el gasto corriente alcanzado entre la Casa Rosada y las provincias fue celebrado por la empresa calificadora de riesgo Moody’s. Un comunicado emitido por la firma indicó que la aprobación del proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal tendrá un “impacto crediticio positivo”. La iniciativa que todavía debe atravesar la discusión parlamentaria fue presentada desde el Ministerio de Hacienda como un mecanismo para “establecer reglas que garanticen la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales”. Desde la consultora indicaron sin embargo que la medida “no garantiza una mejora en la solvencia” provincial.
La normativa propone congelar el gasto corriente primario en términos reales. El texto acordado bloquea el ingreso de nuevos trabajadores a los estados provinciales. De hecho, el gobierno nacional y las provincias se comprometen a no aumentar la cantidad de cargos en el sector público existentes a finales de este año por encima del ritmo de crecimiento de la población. El proyecto establece la creación de Fondos Anticíclicos Fiscales y la incorporación de “pautas de fin de mandato, cuyo objetivo es restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno”.
