La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva a un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por haber realizado actividades ilegales de persecución a comunidades mapuches y a referentes sociales de la zona. El imputado proporcionó a funcionarios policiales y del ministerio público provincial datos obtenidos de manera ilegal que fueron tenidos como pruebas para las investigaciones sobre la “toma” de tierras de Leleque, el movimiento No A La Mina y el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, detenido en Bariloche y en huelga de hambre contra lo que considera una “persecución política conjunta” de los estados de Argentina y Chile en su contra. El juez de primera instancia había considerado que los datos aportados por este agente fueron utilizados “en la investigación de la ocupación de tierras de Leleque, plasmándose en una distinta percepción del hecho investigado”. De hecho, la toma era considerada una usurpación con violencia y pasó a ser calificada “como actos terroristas”.

La causa fue iniciada por el fiscal general de Esquel, Fernando Rivarola, en la que puso de manifiesto irregularidades de una persona que pertenecería a la AFI. El 12 de abril de 2016, en la resolución recientemente confirmada, el juez federal Guido Otranto procesó al agente por la violación de la ley de Inteligencia y como autor de los delitos previstos en esa norma: que los integrantes de alguno de los organismos de inteligencia nacionales realicen actividades de investigación criminal sin requerimiento judicial y obtengan o almacenen información de personas   a raíz de su adhesión o pertenencia a organizaciones sociales. Según consta en la causa, el espía “llegó a la región el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque y se involucró activamente en la investigación que estaba realizando la División de Investigaciones de Esquel de la Policía del Chubut”.

Otranto señaló también que no solamente se dedicó a recolectar información sobre el conflicto por la toma de tierras en una estancia propiedad de la multinacional Benetton en el paraje Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel por parte del Movimiento Mapuche Puel Mapu de Cushamen. También, se involucró en la pesquisa encomendada a la misma División de la policía provincial “tendiente a dar con el paradero de Francisco Facundo Jones Huala a raíz de la solicitud de arresto provisorio con miras a extradición que había sido requerido por la República de Chile”. El juez indicó que el imputado “obtuvo y almacenó información respecto de 26 personas individualizadas por haberse manifestado en diferentes ámbitos en oposición al establecimiento de la actividad minera en la región o en apoyo a las reivindicaciones de pueblos originarios. También, fotografió a miembros del movimiento No A La Mina en una reunión ‘Casa Abierta’ que se realizó en Cholila el día siguiente a que comenzara la ocupación territorial en Leleque”.

La paradoja es que el fiscal Rivarola y la fiscal jefe María Bottini, el comisario Adrián Muñoz y el oficial Claudio Rodríguez, ambos de la Policía provincial, fueron también procesados en febrero en otra causa por los mismos delitos. Siempre según fiscales.gob, el 15 de junio de 2016, la fiscal federal Silvina Ávila amplió la imputación solicitando se cite a prestar declaración indagatoria a los policías Muñoz y Rodríguez y a los fiscales Rivarola y Bottini. Ávila comparó la información obtenida ilegalmente “que el agente facilitó a los magistrados –guardada en la computadora de Rivarola– y entregó los policías Rodríguez y Muñoz”. Y concluyó que “todos los funcionarios mantuvieron contacto e intercambio de información, sin autorización expresa, con el agente de inteligencia procesado”.