La primera audiencia del juicio que comenzó a revisar los crímenes de lesa humanidad del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza, el D-2, no prometía momentos trascendentales. El juicio es uno de las importantes de la jurisdicción, pero el Tribunal Oral Federal 1 de la provincia preveía en su jornada inicial la identificación de los 28 policías retirados acusados de numerosos crímenes contra más de 300 víctimas durante la última dictadura y no mucho más. Sin embargo, un imprevisto aportó relevancia a la audiencia: el auxiliar fiscal identificó a Antonio Marcos Ochoa Albornoz, uno de los acusados que, como el resto, supuestamente cumplía arresto domiciliario, como el empleado que lo atiende a diario en la playa de estacionamiento donde deja su auto, a cuadras del Ministerio Público Fiscal. “Pedimos inmediatamente que se revoque el beneficio”, expresó el fiscal Daniel Rodríguez Infante a este diario. Hasta tanto tomar una decisión permanente, el TOF envió al acusado a la Unidad Penal 32.

El juicio empezó el viernes pasado, a media mañana. Puntual, la sala de audiencia se llenó de gente. A la izquierda del tribunal, dos filas de sillas para los acusados, que siguieron ocupando la primera fila de asientos frente a les jueces Alejandro Piña, Paula Marisi y Alberto Carelli, que dirigió el debate. La espera para el comienzo se extendió durante casi una hora. Algunos acusados charlaban entre sí. Otros, miraban fijo al frente, en silencio.

Primero, Ochoa Albornoz eligió taparse la cara con la campera. Es su primera vez como acusado en un juicio de lesa humanidad y enfrenta con cargos por decenas de privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos, ocho casos de abuso deshonesto y tres violaciones, cuatro homicidios, robo y lesiones. Si bien su legajo policial “no ha podido ser localizado, ignorándose su paradero”, figura en uno de los requerimientos de elevación a juicio que conforman el proceso recién estrenado, la instrucción federal lo responsabilizó por todos los casos de la causa que sucedieron entre marzo de 1976 y septiembre de 1977. Entre las pruebas que respaldan esta inferencia, figuran dos nóminas de personal del Departamento de Informaciones y el testimonio de un sobreviviente, que permaneció secuestrado en el centro clandestino del D-2 entre junio y septiembre de 1976, quien lo reconoció por foto como “uno de los guardias más duros”.

El juez Alberto Carelli inauguró la audiencia y comenzó a tomar los datos de los 28 acusados, todos policías retirados que se desempeñaron en el D2 y se encontraban en la sala por su desempeño en secuestros, torturas, homicidios y abusos sexuales cometidos contra víctimas del terrorismo de Estado. Cuando le tocó el turno a Ochoa Albornoz, el hombre habló fuerte y claro, dijo que vivía en el barrio Brasil de la ciudad de Godoy Cruz, que era “jubilado de la actividad privada”. Pero le faltó un dato.

Las preguntas al resto de los acusados, continuaron, hasta que el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante pidió la palabra: “Necesito interrumpir por un momento la identificación porque acabamos de advertir una cuestión que es de suma relevancia”, puntualizó. Carelli lo habilitó a continuar. “Ha pasado cierto tiempo de las eliminatorias, entonces naturalmente no recordamos los rostros de todos los acusados, pero hace un momento, cuando se identificó el señor Antonio Marcos Ochoa Albornoz, confirmamos que es la persona que trabaja en la playa de estacionamiento en la cual yo dejo el auto”, sostuvo. Y continuó: “Este señor debería estar en prisión domiciliaria así es que vamos a pedir inmediatamente se le revoque el beneficio”.

Rodríguez Infante, junto a otras dos personas más que trabajan en la Fiscalía, suelen dejar sus vehículos particulares en una playa de estacionamiento a unas cuadras de las oficinas del Ministerio Público Fiscal. “Es insólito lo que ocurrió, realmente insólito. Esta persona debía mantener arresto en su casa pero no, iba a trabajar todos los días”, expresó, todavía asombrado. Cuando escuchó al acusado presentarse, lo reconoció. “Me tomé unos minutos para chequear que fuera él, rechequeé que debiera estar en prisión domiciliaria, revisé en el expediente para ver con quién vivía y demás”, narró.

En esa revisión contrarreloj encontró el más reciente informe de supervisión del beneficio otorgado al acusado. Allí quedó registrado que “hace trabajos contables desde el domicilio para una playa de estacionamiento, que está casado con Yanina –no dice el apellido– que es una persona a la que nosotros le hacemos la transferencia” por el servicio de estacionamiento, explicó Rodríguez Infante ante el Tribunal.

La defensa pidió que se produzca prueba para confirmar los dichos del fiscal y que, hasta tanto eso suceda, el acusado permanezca en prisión domiciliaria. Sin embargo, el TOF determinó enviar al acusado a la Unidad Penal 32 hasta tomar una decisión sobre la revocación del beneficio. A tiro del cierre de la audiencia, Rodríguez Infante solicitó a los jueces que soliciten “controles de prisión domiciliaria más estrictos. Hasta ahora han sido telefónicos. Todos los acusados en este juicio están con ese beneficio y el caso de Ochoa Albornoz es un caso testigo”.