El programa emitido por PPT en Canal 13, el 16 de julio pasado, en el que un niño de villa Caraza, en Lanús, apareció adjudicándose una serie de delitos, incluido un asesinato, en un contexto de avanzada manodurista que busca bajar la edad de imputabilidad y criminalizar la pobreza abrió dos frentes judiciales: por un lado, denuncias contra el programa por violar la convención internacional del niño y, por otro, la denuncia que apunta a las autoridades de Seguridad del municipio porque el niño habría sido secuestrado, amenazado y extorsionado para que participara de la emisión televisiva. Además, hay un pedido de informes al secretario de Seguridad Diego Kravetz trabado en el Concejo Deliberante de Lanús y otro pedido al Ejecutivo bonaerense, también obturado por el oficialismo, en la Legislatura provincial. Por otra parte, la abogada Gabriela Carpineti, quien representa a la madre del niño, explicó que el juzgado de Familia a cargo de Estela Morano y el juzgado de Garantías Nº 4 de Lomas de Zamora “tiene que arbitrar los medios necesarios para que se cumpla con el derecho del niño a ser oído en la causa que tiene a su madre como denunciante”.

Los abogados querellantes esperan que a la brevedad pueda declarar el niño, cuando los juzgados intervinientes implementen los medios necesarios para que un perito psiquiátrico tome la declaración en Cámara Gesell.

Aunque la celeridad no parece ser el fuerte del juzgado de Familia Nº 2 de Lanús, a cargo de Morano, quien intervino de forma efectiva luego de que el niño quedara expuesto en los medios de comunicación. Rivas había solicitado la intervención un año atrás, por los problemas que sufre su hijo.  

Carpineti sostuvo que “en un contexto de empeoramiento de las condiciones materiales de vida, de pérdida de empleo, de recorte de las políticas  públicas destinadas a la infancia queremos saber cuáles fueron las acciones que desde el Estado se vienen llevando a cabo para favorecer el desarrollo del niño y su familia en condiciones dignas. El Organismo Provincial de Niñez, el Servicio Local y Servicio Zonal deben (porque así lo establece la ley) dar cuenta de cuáles fueron las medidas tomadas en el marco de la protección integral de los derechos del niño: qué medidas había tomado antes de la difusión del programa y qué medidas tomaron luego de la  violación manifiesta de sus derechos”.

Por otra parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un pedido de destitución de Kravetz por entender que hubo una violación de los derechos del chico y, en el peor de los casos, un desconocimiento grave de la ley de promoción integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La CPM sostuvo que Kravetz fue “partícipe de una escena que claramente estuvo orientada a realizar un uso mediático de un niño para legitimar el creciente discurso punitivista del Estado y justificar las prácticas arbitrarias e ilegales sistemáticas de las fuerzas policiales”.