El Ministerio de Desarrollo Social prepara una modificación de las condiciones para otorgar pensiones por invalidez que dejaría sin prestación a las personas que no sean consideradas estrictamente discapacitadas, como aquellas que padecen cáncer, HIV, diabetes o chagas, enfermedades que si bien afectan su inserción en el mercado laboral, no les permiten acceder a ese certificado. La resolución está a la firma de la titular de esa cartera, Carolina Stanley, quien lo haría después de las elecciones de octubre. La medida establece que para obtener el beneficio habrá que tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con criterios distintos y más restrictivos que los que existen ahora para la aprobación de las pensiones por invalidez, enfocados en las posibilidades de trabajar del damnificado cuando se encuentra en condiciones de vulnerabilidad social. Sobre un millón de titulares de este derecho, solo 400 mil poseen el CUD, lo que da cuenta del riesgo de recortes masivos en la cobertura y la limitación hacia adelante para el otorgamiento de nuevas pensiones.

Desde la llegada de Cambiemos al gobierno, la política en esta área ha sido de ajuste y estigmatización de los pensionados, a quienes se los ubicó bajo un manto de sospecha por recibir subsidios que no les corresponderían. El mensaje de las autoridades fue que se trata de un coto de clientelismo político del gobierno anterior, que elevó el universo de personas atendidas desde 350 mil en 2003 a 1 millón 600 mil en 2015, considerando la totalidad de las pensiones no contributivas. Bajo esa mirada, durante la gestión de Stanley se produjeron suspensiones y bajas generalizadas, que rondaron las 100 mil en 2016 y unas 70 mil en el primer semestre de este año, hasta que la difusión pública de los casos desató un escándalo que forzó a Desarrollo Social a frenar las cancelaciones. Pese a la promesa de la ministra y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, de que se restablecerían las prestaciones, hasta el momento eso ha ocurrido solo parcialmente. No hay números oficiales que precisen la cuestión, mientras que estimaciones sindicales señalan que aún quedan más de 100 mil sin reponer, la mayoría del año pasado. Además, se multiplican las denuncias de solicitantes que deben esperar meses y meses hasta la aprobación de su trámite, paralizados por causas burocráticas entre ocho meses y un año como media general.

La decisión política del Gobierno es mantener el torniquete sobre los más necesitados. No hay voluntad real para resolver los expedientes. Por el contrario, la novedad en este tema es el proyecto de resolución que apunta a restringir aún más la distribución de pensiones por invalidez. La iniciativa, ya redactada, aguarda la firma de Stanley, lo que se produciría después de los comicios de octubre. El texto que circula por el Ministerio puso en alerta a especialistas y sindicatos, como la agrupación ATE Pensiones, que viene denunciando los recortes desde principios del año pasado. En el capítulo sobre los requisitos a cumplir para acceder al beneficio, el inciso D exige lo siguiente: “Presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) o el documento que lo reemplace emitido de conformidad con lo establecido por la ley 22.431 con la intervención de la Junta Médica Evaluadora Interdisciplinaria del Servicio Nacional de Rehabilitación, dependiente del Ministerio de Salud correspondiente a la jurisdicción donde se encuentre domiciliado el solicitante”. El CUD se otorga a personas discapacitadas, mientras que hasta ahora las pensiones por invalidez se autorizan a aquellos que puedan demostrar una disminución en su capacidad laboral, aunque no sean puntualmente discapacitados. Los ejemplos más claros son los citados al comienzo: enfermos de cáncer, HIV, diabetes insulino dependientes, lupus, celiaquía, lumbalgia en porcentajes elevados, entre otras. Son dolencias que dificultan su contratación formal en el mercado de trabajo, pero no están consideradas dentro de los listados oficiales para la obtención del CUD.

Los solicitantes de pensiones por invalidez tramitan hasta ahora un certificado médico oficial ante hospitales públicos, donde se convalida su incapacidad laboral. En lugar de ello, la resolución acota la obtención del CUD a las Juntas Médicas Evaluadoras, muy inferiores en número –en la mayoría de las provincias hay solo una en la capital del distrito–, lo que generará graves demoras para conseguir un turno. Pero, sobre todo, el riesgo es la exclusión de personas disminuidas en su capacidad laboral aunque su trastorno no encuadre en la categoría de discapacitado. En la actualidad hay 1.063.000 pensiones por invalidez, de las cuales 663 mil carecen del CUD. Por otra parte, las evaluaciones actuales de incapacidad laboral tienen carácter permanente, mientras que el CUD hay que renovarlo de manera periódica. En definitiva, son nuevos obstáculos que tienden a afectar la cobertura.

El presupuesto en seguridad social y jubilaciones constituye el principal renglón de gasto público y, por lo tanto, está en la mira del ajuste fiscal que prepara el Gobierno para 2018. El objetivo que se trazó el oficialismo es bajar el déficit primario de 4,2 puntos del PIB proyectados para este año a 3,2 puntos el próximo. Son unos 6000 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda apuntará a disminuir de tres fuentes principales: subsidios a los servicios públicos, dando lugar a nuevos tarifazos de luz, gas, agua y transporte; obra pública, supuestamente reemplazando erogaciones del Estado por nuevos convenios de asociación público-privado, donde estos últimos aportarían el financiamiento y luego se irían cobrando en cuotas a medida que finalicen los trabajos, y el gasto social. En este renglón es donde entra la posibilidad de acotar las partidas para pensiones por invalidez, como se desprende de la resolución que espera la firma de Stanley. Junto con ello, existen presiones del FMI y otros organismos internacionales para que se altere la fórmula de movilidad de las jubilaciones, que determina aumentos de haberes en marzo y septiembre de cada año. La intención es incorporar a la fórmula la evolución del Indice de Precios al Consumidor Nacional para morigerar los incrementos de haberes.

Después de las elecciones del domingo, todavía sin resultados oficiales en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno considera que ganó espacio político para desplegar con mayor intensidad el programa neoliberal que arrancó en 2015. Es, al mismo tiempo, la condición que le exigen los mercados financieros para seguir alimentando la rueda de la deuda que lo sostiene. En esa dinámica, los sectores vulnerables aparecen otra vez como las primeras víctimas del ajuste mientras que para los ganadores del modelo, como los productores de soja, se confirmó que el año próximo seguirá la reducción de retenciones a la exportación. Es lo que Jim Yong King, presidente del Banco Mundial, y Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, calificaron esta semana como ir por el buen camino.