Las reacciones ante la suspensión del camarista federal Eduardo Freiler en una sesión para el escándalo en el Consejo de la Magistratura se siguieron mutliplicando durante todo el día de ayer. Las críticas llegaron desde organizaciones variopintas del ámbito judicial, consejeros y jueces. Fueron, ante todo, advertencias sobre posible ilegalidad y futuras consecuencias para otros jueces del procedimiento que impuso la mayoría oficialista del organismo, que aprovechó una mayoría circunstancial cuando por un rato quedó sin representación completa el peronismo. El respaldo corrió por cuenta de dirigentes de Cambiemos y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito que había elegido Mauricio Macri en junio para decir que si los jueces no actúan como el gobierno espera “buscaremos otros que nos representen”. El propio Freiler aseguró que su suspensión “demuestra que el presidente (Mauricio) Macri quiere disciplinar a los jueces” y que pone en evidencia “la necesaria participación” del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Y ratificó  que presentará una denuncia penal.       

En los tribunales de Comodoro Py la maniobra causó perplejidad. En los pasillos un abogado igualmente azorado ironizaba: “Tuvo prolijidad de un mecanismo de relojería suizo y la falta de sutileza de un camionero, con todo respeto a los choferes”. Se refería al modo en que habían encastrado paso a paso las piezas necesarias para que todo terminara como sucedió con participación de exponentes de todos los poderes del Estado. Primero, un empuje contundente del Gobierno; luego un juez contencioso administrativo que decidió a instancias de un abogado macrista que el senador Ruperto Godoy se tenía que ir del Consejo por no ser abogado; luego una Cámara que lo avaló y que dispuso ejecutar esa decisión; el macrismo más puro del consejo      –con el diputado Pablo Tonelli a la cabeza– que esperaba el momento exacto para conseguir imponerse después de meses de no lograr juntar los votos y al final del camino, la jugada del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que decidió sorpresivamente demorar unas horas la jura del reemplazante de Godoy. En ese hueco que dejó el supremo, el oficialismo votó con dos tercios de 12 miembros, ya que consideraba que la presencia de Godoy no contaba.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a la que nadie podría tildar de kirchnerista, acusó al cuerpo de consejeros de “atentar gravemente contra los principios fundamentales del debido proceso” y generar “una amenaza contra el Estado de Derecho” con su decisión. “Urgimos al Consejo de la Magistratura a anular la resolución en cuestión, y a avanzar en la apertura del procedimiento disciplinario contra el juez Freiler en un Plenario integrado regularmente”, señaló la entidad en un comunicado. “La suspensión del juez y la apertura del jurado de enjuiciamiento se realizó mediante una maniobra irregular”, agregó. Advirtió que no había una urgencia para no esperar la jura de Mario Pais, el senador suplente.

La asociación Justicia Legítima denunció “un atropello institucional” y advirtió que afecta al “sistema democrático”. “Asistimos a mecanismos que cruzan todo límite y agravian a las instituciones”, que “se inscriben en la postura que afirma que el fin justifica los medios”. “Estas actitudes no van a amedrentar a los jueces comprometidos con una administración de justicia propia de un Estado de Derecho”, sostuvo la organización. Su presidenta, la camarista María Laura Garrigós de Rébori, describió los sucesos como “una maniobra de barrabravas” que se enmarca en “una campaña de disciplinamiento y domesticación de los jueces”. La camarista laboral Gabriela Vázquez, una de las consejeras que se opuso a la suspensión y apertura del jury, dijo que la decisión debería ser considerada “nula” porque el Consejo “no estaba constituido legalmente”, ya que faltaba un representante del Senado. Además, advirtió que “no hay nada que celebrar” –contra las expresiones de Macri que festejó el desenlace– porque “no hay manera, en este contexto, de poder resguardar la independencia del Poder Judicial”. Jorge Candis, el consejero que representa al estamento académico (que fue el voto que en mayo el oficialismo pensó que tenía para enjuiciar a Freiler, pero se equivocó), fue un poco más suave: dijo que Cambiemos cometió una “picardía” pero que estaba “dentro de los reglamentos”. “No fue muy ético pero está dentro de las picardías que se hacen en política”, evaluó.

Con cierto aire sobrador, Tonelli dijo que el oficialismo no puede hacerse cargo de que los senadores peronistas sean “poco previsores” y no hayan advertido que, tras forzar la salida de Godoy, aprovecharían la mayoría ocasional. “Candis, que no puede ser sospechado de oficialista, dijo que hubo falta de previsión por parte del bloque de senadores peronistas”, enfatizó. El subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, dijo que la decisión del Consejo es “auspiciosa”. El Colegio de Abogados de la Ciudad, conocido como Colegio de la calle Montevideo, dijo que se respetaron las garantías y que lo sucedido es “sumamente auspicioso para el restablecimiento y plena vigencia de la calidad institucional”. Teniendo en cuenta que es la entidad que avaló los golpes de Estado, su visión de “calidad institucional” es bastante dudosa.