La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, cumplirá mañana miércoles 75 años, el límite de edad para permanecer en el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado. Antes de la fecha límite, a la que se llegó por la decisión del bloque opositor de impedir que se trate su pliego en la Cámara alta, Figueroa informó a sus colegas que permanecerá provisoriamente en el cargo, aunque sin firmar fallos ni decisiones administrativas. 

Frente a esta situación, Figueroa informó su decisión este mediodía en el marco de una reunión de Superintendencia de la que participaron los presidentes de las distintas salas que conforman la Casación: Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. 

La jueza invocó, a la hora de comunicar su decisión, un reglamento confeccionado por el Consejo de la Magistratura en 2017, bajo la presidencia del abogado Miguel Piedecasas, que hoy es nuevamente consejero: allí se establece que podrá seguir en el cargo "provisoriamente" hasta que se expida el Parlamento o pase el año parlamentario, siempre que su pedido de acuerdo haya sido remitido al Senado.

Uno de los focos de tensión por los que Juntos por el Cambio y otros senadores provinciales buscan impedir que se vote el pliego para extender el cargo de Figueroa durante otros cinco años son dos causas en las que la vicepresidenta Cristina Kirchner fue sobreseída, pero que la oposición buscar reabrir: el caso Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán. 

Frente a esos dos expedientes, Figueroa representa solo un voto en una sala en la que el kirchnerismo tiene una clara mayoría adversa, ya que está integrada también por  Petrone y Barroetaveña.

En el caso de Hotesur-Los Sauces, el año pasado la Sala I de Casación realizó la audiencia para analizar si reabre o no la causa en la que todos los imputados fueron sobreseídos, pero aún no resolvió. En ese sentido, Figueroa le informó a sus colegas que sus votos para causas en las que ya se realizaron las audiencias previas a las decisiones quedarán firmados en la caja fuerte de la Sala I del tribunal.

La utilización o no de esos votos quedará bajo la decisión de sus colegas de sala. Con la decisión informada a sus colegas, la magistrada seguirá en un cargo pero para no comprometer la validez de ningún acto la firma de los actos administrativos será la del vicepresidente del cuerpo, Mariano Borinsky, explicaron los voceros consultados.