El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó una nueva ley contra delitos económicos y ambientales, iniciativa que a su juicio "contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en estos últimos años", aludiendo a una serie de casos de corrupción que se han destapado durante la última década. 

“Desde hoy Chile tiene una nueva ley para sancionar de mejor forma los delitos económicos y ambientales, que tanto daño han causado a nuestra sociedad. Un daño que es difícil de cuantificar", afirmó Boric.

“Por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia cómo los delitos de cuello y corbata suelen recibir castigos menores que otros delitos. Hay una percepción en la ciudadanía de que a veces parecieran existir dos justicias, una para ricos y otra para pobres. Tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente, y para que no sea real. La promulgación de esta legislación es un paso importante en esa dirección, y en la recuperación de la confianza en las instituciones”, subrayó el jefe de Estado.

La normalización del fraude

Desde 2008 a la fecha, en Chile se han registrado decenas de casos de fraude empresarial, hechos que terminaron en multas millonarias pero que acrecentaron la sensación de desigualdad ante la ley denunciada por la población.

Empresas de comercio, transporte interurbano, medios de comunicación, compañías dedicadas a la producción y venta de pollos, navieras, sociedades médicas, mercado de pañales y papel higiénico, son algunas de las áreas que han protagonizado escándalos de colusión.

La condena era una clase de ética

“El sistema de penas no se ajustaba bien a los delitos económicos. Cuando se dictaba la condena muchas veces terminaba cumpliéndose en libertad, o la condena consistía en vergonzosas clases de ética. Recordamos el caso farmacias y otros casos de colusión. La señal que recibía la opinión pública es que este tipo de delitos recibía un trato distinto.

El problema es que cuando la ciudadanía siente y ve que ha habido impunidad o una vara distinta para juzgar a unos o a otros, se debilita la confianza pública y la cohesión social”, señaló Boric.

“No debemos olvidar la importancia de la cohesión social para que un país avance, se genera malestar y sensación de abuso e injusticia, y eso tenemos que tratar de recuperar. Las innovaciones de esta ley es que se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho. Para ello se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activo, y se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad. Todo delito económico será sancionado con una multa, además de la sanción penal”, agregó.

El fraude generalizado estimuló las luchas

La sensación de desamparado ante estos hechos, sumado a los altos índices de desigualdad económica y social, son algunos de los factores que, según especialistas y académicos, forjaron en Chile una crisis política que estalló en 2019 con la masiva ola de protestas que sacudió al país desde octubre en adelante, movilización que terminó con una treintena de muertos, cientos de mutilados oculares por acción de las fuerzas de seguridad y miles de heridos.

El empresariado chileno intentó impugnar este nuevo cuerpo legal ante el tribunal Constitucional, porque introduce un tratamiento distinto a la criminalidad económica en comparación con la criminalidad común, al advertir los daños sociales significativamente mayores que puede provocar.

La nueva Ley establece una nueva forma de determinación de multas llamadas "días-multa", que se calculan a partir del ingreso promedio diario del condenado. Este sistema permitirá que una multa pueda llegar a ser de hasta un máximo teórico de 23,4 millones de dólares para una persona natural, sin considerar el delito propio que cometa la empresa como persona jurídica.

La secretaria general del Gobierno, Camila Vallejo, destacó la importancia de la nueva ley: “La ley permitirá combatir la impunidad económica, prevenir la comisión de delitos de cuello y corbata, crear los delitos ambientales para proteger el ecosistema e instaurar un sistema especial de penas, inhabilidades especiales y multas para la criminalidad económica. Un gran avance para las familias, la probidad y el medio ambiente”.