El ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, se refirió ayer a la inspección judicial en la Central de Procesamiento de Información para la Prevención del Delito, conocida como OJO. "Este tipo de medidas provoca bronca, no lo puedo ocultar; pero a su vez va de la mano con el férreo compromiso de estar a disposición de la justicia", planteó el funcionario en relación a la causa en la que Fiscalía investiga por qué denuncias recibidas en 2019 a través del 0800, vinculadas con puntos de venta de estupefacientes, recién comenzaron a judicializarse este año. También Pablo Javkin se refirió a este allanamiento, con duros términos hacia el ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain (ver aparte).
Brilloni resumió que el lunes “en el marco de una investigación penal preparatoria, la fiscal Karina Bartocci, de la Unidad Especializada en Violencia Institucional, llevó adelante un requerimiento en el que solicitó registro de comunicaciones, nóminas de personal y autoridades que prestan servicio en el OJO, que tiene su recinto en la sede local de Gobernación”.
Estas medidas, dijo en LT8, "fueron cumplidas por personal de la Agencia de Control Policial de Santa Fe, quienes se constituyeron en el OJO sobre el mediodía (del lunes), y como estamos a disposición de la justicia, se llevaron toda la documentación que correspondía o que consideraban de interés para la investigación cuyos pormenores desconozco”, sostuvo el titular de la cartera de Seguridad provincial.
En relación a la denuncia, el funcionario fue consultado sobre la posible conjetura fiscal de que pueda haber algún grado de irregularidad o connivencia de no judicializar las denuncias, en el marco de la medida realizada, por lo que respondió que no quiere comprometer la investigación, pero que "en algún momento se han detectado algunas irregularidades, quizás producto de torpezas, de falta de personal o de recursos, por las cuales cuando se llamaba a la línea 0800 para hacer una denuncia, éste no seguía el derrotero para que la denuncia llegue a la justicia".
Y aclaró, "lo digo en término pasado, porque cumpliendo con el mandato del gobernador de llevar adelante un plan, nosotros desde el 9 de marzo que tenemos todo debidamente documentado y protocolizado para que todas las denuncias que llegan a través del 0800 sean judicializadas”, agregó.
En ese sentido, el funcionario señaló que a la línea 0800 se reciben un promedio “de 30 denuncias por mes". Y detalló que los llamados pueden ser "por hechos de violencia institucional, pero también hechos relacionados con narcomenudeo, como existencias de puestos de venta o narcotráfico”.
Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, la inspección ordenada por la fiscal Bartocci tuvo como objetivo que se secuestrara material y documentación. "Es una investigación que tienen origen en una denuncia anónima que aporta datos en relación a que las denuncias recibidas en el 0800 (línea de denuncias con cuestiones relacionadas con el narcotráfico) no eran judicializadas o puestas en conocimiento de las autoridades de la Justicia Federal o Provincial. Esto ocurriría desde el año 2019. Esas denuncias eran utilizadas, por ejemplo, para la confección del mapa del delito. Aparentemente en mayo se comenzaron a judicializar las denuncias recibidas. Se investiga porque no pasó antes", se indicó.
Además, la Justicia Federal también recibió la misma denuncia anónima. "Se solicitó informe al OJO del protocolo que deben seguir con las denuncias ingresadas al 0800. Aparentemente por cuestiones de protocolos internos no se hacía; eso se investiga”, indicaron fuentes cercanas a la investigación.
