La disputa política equivale a la puja por la distribución de los recursos en el ámbito del sector público, así como de las riquezas del sector privado. Ambos conflictos están profundamente relacionados y se exponen con claridad en los discursos de las fuerzas políticas más importantes de cara a las próximas elecciones.

Tanto los recursos a distribuir entre el Estado y el mercado como entre el capital y los salarios se crean a partir del trabajo de las personas, mediante sus esfuerzos físicos y mentales, tangibles e intangibles. Esta riqueza ocupa el centro de disputas, pujas y conflictos distributivos en la sociedad. La historia de la humanidad es la historia de la lucha por los recursos escasos y necesidades crecientes.

Las tensiones se generan en todos los estratos de la sociedad, así como en la micro y la macroeconomía. Todos los sectores planifican y utilizan sus acciones y herramientas de presión para lograr la mejor distribución de la riqueza de acuerdo a sus intereses, pero es el factor capital quien posee ventajas sobre el sector asalariado en esta disputa. Dichas ventajas pueden ser atenuadas mediante la unión y organización de los sectores trabajadores y la regulación por parte del Estado.

En esta apropiación asimétrica de los resultados del trabajo suelen incumplirse los preceptos del modelo económico que promulga el libre mercado y que aboga por la mínima intervención posible del Estado en la economía, postulados actualmente muy cuestionados, dada la extrema concentración de la riqueza a niveles que nunca antes habían existido.

Pero a pesar de estas realidades, los sectores políticos más alineados a la derecha de la política nacional bregan por un camino ya transitado, que ha traído contracción de derechos y de bienestar general a las mayorías.

Recursos públicos

Los representantes locales del neoliberalismo y de la desregulación del Estado prometen en sus discursos de campaña electoral actuar con celeridad y profundidad en las reformas que implementarían, en caso de ser legitimados a través del voto popular.

Prevén, por ejemplo, reprivatizar la aerolínea de bandera nacional, a pesar de la pésima experiencia padecida en los años '90, cuando fue arrebatada del patrimonio nacional y entregada a capitales privados extranjeros que la descapitalizaron, entre tantos otros perjuicios.

El conflicto distributivo de los recursos públicos refleja un debate más de fondo, que remite a la discusión sobre el gasto y los ingresos del Estado, en su relación con el déficit o superávit fiscal.

Uno de los temas sin abordar por la derecha local y que permanece ausente en el debate político es el determinante rol de la evasión fiscal sobre la existencia del déficit fiscal. La evasión reduce significativamente los ingresos del Estado, generando desequilibrio entre éstos y el gasto público.

La evasión es ilegal, y es más cuantiosa y sofisticada en el caso de las grandes empresas privadas, tanto de capital nacional como extranjero, que cuentan con circuitos contables y estructuras destinadas a esa labor. Sin embargo, estos conglomerados empresariales junto a sus aliados políticos levantan enérgicas y amplificadas proclamas acerca de que la política y el Estado deben reducir el gasto público para eliminar el déficit fiscal.

Achicar el Estado

Es materia de consenso la inviabilidad de sostener déficits públicos de forma continua y a largo plazo, excepto para pocos países que lo soportan dado que ostentan la hegemonía monetaria para sus divisas. Pero también hay que dejar en claro que en determinadas etapas del ciclo económico es necesario recurrir a la utilización del déficit fiscal como instrumento de la política económica fiscal keynesiana, para accionar efectos anticíclicos de estímulos económicos de parte del Estado hacia el sector privado y a la economía en general en etapas de recesión.

El direccionamiento que efectúa el Estado hacia obras y servicios estratégicos para el desarrollo económico y social, de los que no se encarga el sector privado por no resultarles atractivos económicamente, es imprescindible. Y para cumplir con este cometido, el sector público precisa recaudar los fondos a través de tributos e impuestos, fundamentalmente.

De modo que cuando la derecha propone "achicar el Estado y su gasto público", el objetivo no solo es que la sociedad disponga, a través de la acción estatal, de menos recursos para objetivos redistributivos y políticas soberanas de desarrollo nacional, sino que también al achicarse el gasto se cobren menos impuestos, para que queden esos recursos en manos del sector privado. 

El objetivo final es privilegiar la ganancia privada, reduciendo la capacidad pública de ejercer políticas redistributivas, reguladoras y para el desarrollo nacional. Esa es la propuesta neoliberal, a veces claramente expuesta y en otras ocasiones disfrazada de "preocupación por el déficit fiscal y el elevado gasto del Estado". 

Uno de los polos políticos que cuestiona el déficit público es el de Juntos por el Cambio, fuerza política que en 2017 y 2018, cuando estaba a cargo del gobierno nacional, generó un fenomenal endeudamiento que todavía ocasiona fuertes gastos para el Estado por los pagos de intereses y capital. De modo que el déficit que Juntos por el Cambio critica tiene una intensa relación con los gastos que derivan del endeudamiento tomado por aquella gestión.

Puja distributiva

En el ámbito de las ganancias empresariales, la puja distributiva se da en primer lugar frente a los salarios, pero también en relación a los impuestos. Tanto la ganancia, el salario y los impuestos provienen de la misma fuente: el trabajo, factor productivo que crea todo valor y clases de mercancías y servicios.

Las políticas que favorecen el aumento de la porción del trabajo destinado a formar parte de la ganancia empresarial privada o, expresado de otro modo, a aumentar la porción que las ganancias absorben del valor creado por el trabajo, están inclinando la balanza distributiva a favor del empresariado, en desventaja de las personas trabajadoras, que dependen de su salario para satisfacer sus necesidades y en muchos casos las de su familia. 

El salario no es ganancia ni acumulación de trabajo ajeno para convertirse en capital, como sí lo son las utilidades empresarias. La distribución de la riqueza en una sociedad está definida de acuerdo a cómo se reparten el valor creado entre salarios, ganancias e impuestos. Entre estas variables existe un juego suma cero: cuando alguna crece o gana, necesariamente disminuyen o pierden las restantes.

Las reformas laborales, también presentadas como modernizadoras de las relaciones de trabajo, constituyen un instrumento más para reducir los salarios en términos reales a cambio del crecimiento de las ganancias.

Toda decisión política es económica, dado que modifica la distribución de los recursos. Hay fuerzas políticas que tienen como objetivos de su posible gestión futura hacer crecer las ganancias en detrimento del salario, como ya hicieron en sus precedentes gestiones de gobierno. 

Existen otras alternativas electorales, que procuran gestionar para que las personas trabajadoras vivan más dignamente. Un filósofo decía que para definir de qué lado estar era suficiente conocer quiénes estaban del otro. Esta regla no es ajena a nuestra actual política nacional.

* Docente en la UBA y en UNQ en Economía y en Impuestos.