El caso de Santiago Maldonado está en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así lo confirmó su titular, Francisco Eguiguren. “Hemos recibido pedidos de medidas cautelares, hemos analizado el caso y hay una resolución, que primero se notificará al estado argentino”, precisó.

Francisco Eguiguren aseguró que “los miembros de la CIDH estamos en contacto permanente y hablamos mucho, aunque sea a la distancia, como en este caso”. Dijo que al tiempo que se reciben medidas cautelares “hay un procedimiento confidencial por el cual se solicita información al Estado, que debe responder”.

El jurista no se quiso manifestar explícitamente sobre el contenido del pronunciamiento de la CIDH, aunque dejó entrever que sería un pedido al Estado para que haga las actuaciones necesarias a fin de que aparezca Maldonado sano y salvo.

El joven de 28 años desapareció el 1º de agosto durante la represión de la Gendarmería en Chubut a la comunidad mapuche. La familia y organismos de Derechos Humanos reclaman por su aparición con vida y señalan que Maldonado fue subido a un vehículo de la Gendarmería. El gobierno nacional defiende el accionar de esa fuerza de seguridad y asegura que no estuvo en poder de la Gendarmería.

Eguiguren también dijo, en Radio Rebelde, que la Argentina es pasible de recibir una sanción si no cumple con el pedido de la CIDH, pero que primero “tiene que investigar la justicia interna y determinar qué pasó con esa persona. Recién ahí se puede apelar ante la Comisión, si se considera que no existieron las garantías del debido proceso”.

Además, explicó que “a nivel interamericano se analizan las responsabilidades de los estados por las actuaciones de sus funcionarios, no de autores materiales de un delito”, pero que “esperamos que no haya que llegar a esa instancia”.

El funcionario fue consultado sobre las opiniones del gobierno nacional en relación al caso Maldonado, y también por la prisión a Milagro Sala. Aseguró que “en un régimen democrático no se pueden prohibir opiniones, pero al mismo tiempo no se puede coaccionar a los órganos judiciales”. Y puntualizó en el rol de los medios: “Se habla de justicia mediática; los medios tienen opiniones, intereses, ideología. No se puede coartar la libertad de expresión, pero hay que ser cautos y respetuosos de las decisiones judiciales”.