El modelo de gestión de Gerardo Morales en Jujuy, que pretende extender al país como compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, suma resistencias y cuestionamientos en los más diversos ámbitos y territorios. Mientras el Malón de la Paz mantiene su vigilia para exigirle a la Corte Suprema que frene la reforma exprés de la Constitución jujeña, los docentes analizan la posibilidad de reanudar el plan de lucha ante una “ola de descuentos” a sus magros salarios, como castigo por ejercer el derecho a huelga. En paralelo, la Multisectorial contra la Reforma en Jujuy presentó una acción de inconstitucionalidad del Código Contravencional vigente, que el caudillo radical usa para “perseguir e intimidar” a manifestantes, en tanto referentes feministas y del movimiento indígena del país y la región exigieron –en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas– que se escuche el reclamo del pueblo jujeño contra la reforma y reivindicaron la lucha de las naciones originarias, que consideran como “la más justa de este siglo”, frente a políticas “violentas y extractivistas”.
El tercer Malón de la Paz, en su octavo día de permanencia pacífica y a la intemperie (el gobierno porteño de Larreta les prohibió levantar carpas frente a Tribunales), realizó una asamblea plurinacional, con referentes de las distintas comunidades originarias, en la que se reiteraron las denuncias por la “falta de Estado de derecho” y la “violencia institucional” en Jujuy.
“Somos los hijos de la Pachamama, somos pueblos, naciones preexistentes que venimos a decir basta de avaricia, de saqueo, de daño irreversible a la Madre Tierra”, afirmó Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya. “Lo que está pasando hoy en Jujuy es un experimento de laboratorio y el objetivo del gobernador Morales es implementarlo a nivel nacional, por eso decimos que esta es una lucha de todos por el buen vivir”, agregó. Por la tarde se movilizaron hasta la explanada del Congreso, al que le reclaman la intervención federal de la provincia y la sanción de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Allí realizaron un “Wiphalazo”, un banderazo con el emblema de las comunidades originarias.
En Diputados, en tanto, se realizó un encuentro del que participaron mujeres del Malón de la Paz junto con referentes feministas del país y del Cono Sur, como Elisa Loncon, ex presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, y Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
“Estamos acá para abrazar la lucha de las mujeres y del pueblo de Jujuy. La de las naciones originarias es la lucha más justa que existe porque se trata de defender los territorios, de mantener los sistemas de producción que permiten educar a los niños, alimentar a todas las generaciones y defender la naturaleza”, sostuvo Loncon. “El Estado provincial reaccionó con una política racista colonial en contra de las naciones originarias y está vulnerando todos los derechos humanos y colectivos de los pueblos”, destacó.
“Somos las voces de todas las mujeres jujeñas que dicen no a la reforma de Gerardo Morales, una reforma ilegal, violenta y sin paz. Él siempre habla de ‘la paz social’ y sólo nos trajo desgracia, dolores, hijos que quedaron sin ojos, mutilados, devastados”, expresó Silvia Durán, de la comunidad Cueva del Inca de Tilcara.
En Jujuy, la Multisectorial contra la Reforma presentó ante el Superior Tribunal de Justicia –cooptado por Morales desde que impuso su propia mayoría automática en 2016– una acción de inconstitucionalidad del Código Contravencional. “Viola garantías reconocidas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales”, expresó la abogada Lorena Mamaní durante una conferencia con dirigentes de distintos espacios y varios afectados directos. Su colega Mariana Vargas ponderó que los procesos “se presentan como un trámite administrativo, donde el gobernador se arroga facultades que no tiene” y “somete a procesos ilegales donde no hay imparcialidad, porque la causa la inicia la policía, la prueba es la policía, y condena y cobra la policía”. “No tenemos las garantías procesales que sí tenemos en cualquier proceso judicial. Es una barbaridad jurídica”, añadió, y reclamó “que el Superior Tribunal se corra del lugar de obsecuencia, haga honor a la división de poderes y nos haga lugar a esta acción, para que el pueblo deje de ser perseguido por luchar”.
El cuadro de situación lo completan los docentes de diferentes niveles que denunciaron una “ola de descuentos” por los paros durante junio y julio. “Tenemos que ser contundentes con las medidas, la gente está muy enojada porque tocaron el plato de comida de nuestros hijos”, indicó Claudia Suárez, delegada afiliada a la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), quien cobró “cero pesos” el último mes. La Adep había suspendido provisoriamente –en principio hasta hoy– el paro que venía cumpliendo por tiempo indeterminado, pero ante los descuentos no descartan reanudar el plan de lucha. “Vamos a solicitar una asamblea para reorganizarnos a fin de dar continuidad al paro por tiempo indeterminado”, afirmó Suárez, ya que los “descuentos irracionales” se suman a los pedidos de “reapertura de la mesa paritaria y repudio a las contravenciones que recibieron los colegas”. “Es repudiable la ola de descuentos del gobierno saqueador de Gerardo Morales. El promedio es de 100 mil pesos por agente en el nivel medio y superior”, señaló en un comunicado el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), que realizó la semana pasada un paro por 48 horas.
