La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó al Juzgado Federal 2 de San Nicolás que le tome declaración indagatoria a tres militares retirados y a un civil por su responsabilidad en el asesinato del obispo Carlos Ponce de León, cuya muerte fue durante años atribuida a un accidente automovilístico, versión que a principios de este año la Cámara Federal de Rosario echó por tierra. Para la SDH, los militares Antonio Bossie, Bernardo Landa y Omar Andrada, y Sergio Bottini, jerárquico de la empresa propietaria de la camioneta que chocó contra el auto en el que en plena dictadura el religioso se dirigía hacia Buenos Aires para denunciar crímenes de lesa humanidad contra trabajadores metalúrgicos, deben ser indagados “en forma inmediata y sin dilación alguna”.

El pedido de indagatoria de la abogada Evangelina Lardone, que representa en la causa a la SDH, llegó al despacho del juez Marcelo Bailaque el jueves pasado con el objetivo de poner en funcionamiento de una vez los mecanismos judiciales en pos de hallar responsables por la muerte de Ponce de León. “Sabemos que hay responsables militares, civiles y empresariales. Nuestra función es impulsar esas investigaciones y visibilizar que si las causas no avanzan es por que hay demoras en la Justicia. Así pasó con (carlos) Blaquier (el dueño de Ledesma), que fue un caso emblemático de impunidad producto de la demora judicial”, expresó a este diario la coordinadora de las querellas de la SDH, Paula Álvarez Carreras.

Ponce de León falleció el 11 de julio de 1977. En 1978, a partir de una investigación basada en “irregularidades”, la Justicia condenó a Luis Martínez, quien conducía la camioneta Ford que chocó contra el auto en el que viajaba el obispo por la ruta 9. El obispo viajaba desde San Nicolás hacia Buenos Aires con rumbo a la Conferencia Episcopal Argentina: iba a denunciar los secuestros, las torturas y los asesinatos que estaban sufriendo trabajadores de la ciudad santafesina de Villa Constitución. Llevaba documentación consigo que respaldaba estos hechos.

Décadas después, tras la insistencia de fiscales y querellas y a pesar de la negativa de la justicia en primera instancia, aquella sentencia fue declarada nula por la Cámara de Apelaciones de Rosario, que en febrero pasado ordenó se investigara nuevamente. La decisión de la Cámara fue recurrida y en la actualidad aguarda tratamiento en la Sala IV de la Cámara de Casación. Sin embargo, la SDH presentó los pedidos de indagatoria a los oficiales del Ejército Antonio Federico Bossie, Bernardo Luis Landa y Omar Andrada y a Sergio Carlos Bottini, quien era director de Agropolo S.A., la firma bajo cuya propiedad estaba la camioneta que chocó contra el auto en el que viajaba Ponce de León, y acompañaba a Martínez.

Al momento de los hechos, Bossie se desempeñaba como jefe de Inteligencia y Operaciones de la Plana Mayor del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. Landa era jefe de Personal y Logística y Andrada, jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101. En el pedido de Lardone, esa estructura militar junto a la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense “realizó una tarea inteligencia y seguimientos tanto sobre la persona del Obispo como sobre los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de la diócesis”. Asimismo, apuntó que “la Jefatura de Área Militar dispuso la eliminación física del obispo” Ponce de León.

A la lista de imputados se debe sumar el conductor de la camioneta, cuya indagatoria deberá ser concretada una vez que la casación confirme la decisión de la Cámara Federal de Rosario. Martínez es el único involucrado en la sentencia de 1978. Bossie, Landa, Andrada y Bottini “nunca han sufrido la persecución del Estado ya sea en un proceso concluido o en trámite con relación a los hechos investigados en esta causa” por lo que “debe convocárselos en forma inmediata y sin dilación alguna, por motivos de celeridad”, postulo la abogada querellante en un escrito que presentó el lunes ante el juzgado de Bailaque, atento a reforzar los pedidos de indagatoria.

El hecho de que Casación deba una respuesta “no impide que desde la Secretaría impulsemos la causa. El rol de esta querella, en esta y en el resto de las causas, es aportar todo lo que podamos para impulsar causas que llevan décadas de demora, como ésta en la que insistimos para que se revirtiera lo mal actuado y se vuelva a un camino de justicia”, declaró Álvarez Carreras.