Fue el pasado lunes 13 de julio cuando la activista trans y profesora de inglés, Quimey Ramos, debió someterse a una pericia endocrinológica ordenada por el Juzgado Civil y Comercial Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de un amparo cuyo fallo determinaría si la prepaga OSDE debe o no mantener su afiliación. En marzo de 2022 fue desafiliada luego de haber solicitado una cirugía de modificación corporal, según la empresa, por no haber informado “su verdadero estado de salud”. La prepaga—una de las más grandes en afiliados y más cara en sus montos— consideró que su identidad de género era una "condición preexistente" y que ella debía, en última instancia, pagar un diferencial del 800% a su plan para mantener su afiliación.

Este proporcional implicaba, a marzo del 2022, pasar de una cuota de 8000 pesos a 76000 por mes. A través de una cautelar logró, de manera provisoria, mantener su cobertura sin diferencial, pero en un intento por seguir encubriendo su discriminación, OSDE solicitó al juez que la someta a una pericia endocrinológica y psicológica (el juez sólo avaló la hormonal) para determinar si estaba en un tratamiento hormonal al momento de afiliarse y no lo declaró. Cabe decir que no existe estudio que determine si una persona estaba o no en tratamiento hace dos años, ya que los valores hormonales son dinámicos en tanto se encuentran sujetos a variaciones constantes según cada cuerpo, sus condiciones propias y ambientales.

Dicha pericia es inútil y refuerza un cis-tema de violencias estructurales a las identidades trans que se condensa en la revictimización, patologización y desgaste que produce no sólo las medidas tomadas por las empresas, sino también las llevadas a cabo por la justicia. También es, a todas luces, ilegítima: no había nada que declarar que pudiera ser motivo de no afiliación o de expulsión, según fuentes consultadas para esta nota.

"Es volver a la época pre-Ley de Identidad de Género. Volver a tener que someternos a estudios, análisis, a declarar intervenciones quirúrgicas. A pesar de haber sido yo la víctima, tengo que ser también la que ponga las pruebas con mi propio cuerpo. Lo que el juez demuestra es que no tiene conocimiento de la ley porque no hay nada que evaluar, lo que OSDE pone en tela de juicio es mi identidad y mi derecho a la salud", dice Quimey.

También agrega un detalle al cúmulo de violencias que atravesó en estos meses: “El primer día estipulado para la pericia el perito ni se presentó, le dijo a mi abogada que se había olvidado, que ese día no atendía". Tuvo que presentarse otra vez la semana siguiente, sin saber si ese peritaje implicaba un análisis de sangre o de orina, una entrevista o qué otra situación.

"Estoy pidiendo el acceso a la salud y me lo niegan porque consideran que mi identidad es una condición preexistente", dice Quimey, quien está organizándose junto a otres compañeres en asambleas y acciones frente a la sede de OSDE (Av. Corrientes al 420). "Se trata de poder encontrarnos con las personas que estamos viviendo esto, entendiendo que las instancias individuales son insuficientes; poder pensar acciones colectivas", cuenta la activista.

Todos los casos, el mismo caso

En una de estas asambleas, la del jueves 13 de julio, algunes de les presentes cuentan sus historias con esta y otras prepagas. Nina Pizzi cuenta: "Estoy en Sancor Salud. No me hicieron mucho problema al declarar que era trans cuando entré, pero sí me dicen que las cirugías no están amparadas por la ley, lo cual es mentira”.

La feminización facial es un procedimiento que busca contrarrestar los efectos de la testosterona en la adolescencia, la cual, dice Nina, tuvo que pasar “por falta de información y acceso a los procedimientos en su momento”. Es una cirugía que muchas feminidades trans consideran urgente y vital, y según la Ley 26.743 debe estar incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO), por más que no esté explícitamente nombrada.

"El primer pedido que hice fue en agosto de 2022, lo rechazaron porque el cirujano al que fui no era prestador. Tuve que pasarme a un plan más alto para conseguir un prestador de ellos y ahora que estoy con una prestadora (que no hace la cirugía pero es colega de alguien que sí) me dicen que no está incluida en la Ley de Identidad...es pensar toda una estrategia para acceder a algo en lo que la Ley es clara", desarrolla Nina.

Lucio, Pato y Gemma cuentan lo propio sobre Unión Personal (UP)—obra social que tienen los trabajadores del Estado y que es la que se otorga, por ejemplo, al ingresar por el Cupo Laboral Trans—. "Si yo quisiera realizarme alguna operación no sabría a dónde recurrir. Las cartillas no son claras y casi que ni hay asesoramiento", dice Pato, quien tiene UP por ser investigadore del CONICET.

"No hay cartillas como sí las hay para otras poblaciones. Para infancias o personas con cardiopatías tenés cartillas donde nombran las especialidades y te muestran los profesionales; para los tratamientos específicos de la comunidad trans no los hay", agrega. Lucio dice: "Une puede atenderse en el sistema público porque hay salitas amigables que une sabe que las violencias van a ser menos. Pero para un análisis de rutina, por decir, un médico del sistema público te hace la receta y tenés que hacerla transcribir por un médico de la obra social si no, no te la cubre. Es ir y venir todo el tiempo".

También explica: "Las cirugías faciales, por ejemplo, no tienen profesionales en el sistema público. Una mastectomía te la pueden hacer, pero los implantes no. No hay recursos, no hay profesionales y cuando los hay la lista de espera es mucha". "Viajar tres horas para ir a la salita amiga no es acceso a la salud. Lo mismo pasa con las hormonas, que estás sujete a que haya stock depende el lugar", acotó Gemma.

Si bien los recursos de amparo y los procesos judiciales suelen culminar con fallos positivos a las personas, el proceso es arduo y dilatorio, agotador. Son pocas personas las que siguen hasta el final. Tanya Caré cuenta: “OSDE en la declaración jurada me pidió que les pase un certificado de mi endocrinóloga en el que indique que estoy en tratamiento hormonal y si deseo o no hacerme intervenciones quirúrgicas. Les envié lo solicitado y me dijeron que tenía que pagar una suma exorbitante de dinero por "condición preexistente"”. Cuando les preguntó qué era eso le dijeron que no podían responderle.

Tanya recibió evasivas por mail y de manera telefónica y al enviar una carta documento la prepaga negó todo. Hizo la denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) —la cual nunca le respondió— y presentó un amparo. “Por medida cautelar me obligaron a afiliarme. Tiempo después tuvimos que realizar un segundo amparo judicial porque se negaron a brindar cobertura de mi cirugía de feminización facial. En todo momento tuve respuestas evasivas y dilatorias de OSDE”, dice Tanya.

Cuando consultó por qué le habían negado la cirugía le dijeron que “no podían darle esa información”. “Me dicen que junta médica toma esas decisiones y cuando les pido que me transfieran con ellos me dicen que no pueden y que no atienden ni aún yendo a una oficina”. Para el segundo amparo la jueza determinó que no se iba a dictar medida cautelar ya que según ella "no era de urgencia ni peligraba” su salud.

Tanya quiso iniciar un juicio por daños y perjuicios (algo que tiene precedentes, como el caso de Tatiana Forace) y su abogada le desaconsejó ya que el tiempo y dinero que invierta en eso no iban a verse compensados en una posible resolución judicial.

También la abogada, profesora y activista trans, Cristina Montserrat Hendrickse, necesitó judicializar su caso. "Le solicité antes de la pandemia a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OSBA) una cirugía de modificación corporal. Lo hice con una orden del Dr. César Fidalgo, que es una de las eminencias en realizar estos procedimiento en Argentina”, dice Cristina.

“Este pedido no me lo responden y después de solicitar un pronto despacho me piden un resumen de historia clínica, cosa que no corresponde. Se lo presenté igual y no respondieron. Consideré una denegación tácita y recurrí a la Justicia y mediante una acción de amparo se dictó una cautelar ordenando la cirugía”, cuenta.

Si bien se realizó el 15 de octubre del año pasado, entre las medidas dilatorias que OSBA tomó le habían pedido que un comité de médicos la analizara para ver si comprendía a qué se estaba sometiendo. “Eso viola mi autonomía al pedir que otro hable por mí sobre mi identidad; ponían en duda la información que me dio el Dr. Fidalgo que es una eminencia en nuestro país. Lo único que debían pedirme fue el consentimiento informado. La sentencia definitiva confirmó la cautelar", cuenta Montserrat.

No son lagunas, son fosas legales

María Rachid es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, organismo que recibe, entre otros casos, los relacionados con la obstaculización del derecho a la salud a la comunidad trans. Rachid explica lo irregular del concepto de “condición preexistente”: "La identidad de género no es una condición preexistente y mucho menos una enfermedad, por eso sostenemos que no hay razón en estos casos por las que las prepagas u obras sociales soliciten una declaración jurada. Eso está amparado también por la confidencialidad de la que habla la Ley de Identidad de Género”. Es contundente: “Nadie está obligade a expresar nada respecto a esto en ningún lugar, no hay nada que informar ni se debería cobrar a la persona nada diferencial respecto a la identidad".

También Matías Ostropolsky, psicólogo que forma parte del área de salud de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), explica: "En 2015 un decreto reglamentario actualiza lo que se entiende por procedimientos relacionados. Habla de tratamientos hormonales integrales y cirugías parciales y totales. Ahora desde los activismos no adherimos a esa idea de parcial y total pero es de lo que se agarran las empresas, incluso cuando el propio reglamento hace una aclaración sobre ese listado y dice que es enunciativo y no taxativo, es decir que no se limita sólo a los que nombra".

"Hay una predominancia de pensar la salud como diagnósticos y enfermedades y no como un aspecto integral y más amplio”, dice Matías. En esta línea, Viviana Miño, trabajadora social y secretaria gremial de la Asociación Sindical De los Trabajadores de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) quien estuvo autoconvocada en la asamblea del día 13, dice: "Hay que tener equipos integrales de salud. Significa psicologues, ginecologues, trabajadores sociales, médicos de todas las especialidades que acompañen los procesos. Es muy importante y todavía tenemos que pelear al día de hoy que se cumpla, porque leyes tenemos, sólo hay que cumplirlas"

"Siempre que se incluye algo en el PMO las coberturas se resisten. Pasa con la Ley de Reproducción asistida, de Obesidad, de VIH, de Celiaquía; tardan varios años en aceptar que está en el PMO y que no hay que dar a conocer ninguna preexistencia", continúa Rachid.

“Si bien no tenemos fallos negativos, sí hay casos que están hace años y la justicia no se exime todavía. Muchas veces la persona termina optando por ahorrar y resolver su operación de manera independiente por el tiempo que le hacen esperar", cuenta la titular del Instituto antidiscriminación y dice que "las empresas que más conflictos generan son las más grandes y las más caras”.

"Ellos calculan que de cada diez reclamos que se le hacen sólo uno va a juicio porque somos un colectivo que no está empoderado, que no tiene facilitado el acceso a la justicia, y ese único juicio le sale más barato que pagar los procedimientos", dice Cristina Montserrat.

Según los estados contables que presentó a la IGJ , OSDE tuvo 11.953 millones de pesos de ganancia en 2021 y 11.414 millones en 2020. De un año a otro sus ganancias crecieron un 5% pero lo que impacta es la cifra nominal: ronda 100 millones de dólares de ganancia anual. “En el estado Unión Personal y el lo privado OSDE y Galeno son las que más reclamos tienen", detalla Rachid.

¿En qué laguna legal se posicionan las empresas para sostenerse? ¿Se necesitan leyes más claras o protocolos más específicos? "La Ley de procedimientos es muy clara, al igual que la de Identidad de Género —dice Rachid—. Lo que hay que hacer es buscar que la justicia acate los protocolos ya existentes. Tiene que cumplir con los plazos, los tiempos, las formas y la Superintendencia debe sancionar fuertemente a quienes las incumplen y nos hacen recurrir a la justicia cuando la ley es tan clara".