Abertis, la firma española que encabeza los grupos concesionarios de las autopistas de los accesos Norte y Oeste, anunció ayer a la Bolsa de Comercio que desistirá del juicio presentado ante los tribunales internacionales del CIADI contra el Estado argentino, por supuesto incumplimiento de contrato. La demanda es por más de 1100 millones de dólares, y su desistimiento se anunció tras el acuerdo de renegociación del contrato alcanzado entre Autopistas del Sol (concesionaria del Acceso Norte) y Vialidad Nacional, que supondrá, entre otros puntos, la extensión de la concesión que vencía en 2018 por 12 años más, hasta 2030. Además, el gobierno nacional le reconoce a Ausol un monto de 499 millones de dólares como inversiones no recuperadas, que amortizará a través del cobro de un peaje que se actualizará anualmente con una fórmula que incluye la tasa de inflación.

La denuncia de Abertis ante el CIADI fue presentada el 17 de diciembre de 2015, apenas una semana después de la asunción de Mauricio Macri. El argumento central de la presentación de Abertis ante los tribunales del Banco Mundial era la imposibilidad de lograr un acuerdo con el gobierno “sobre el desequilibrio económico” en las dos autopistas bajo su concesión, después de una década de negociaciones infructuosas. Lo llamativo es que esta acción se tomara apenas producido el cambio de gobierno siendo Sideco Americana, la firma del grupo Macri, uno de los socios de Abertis en Autopistas del Sol.    

Los aumentos de peajes concedidos por el gobierno de Cambiemos a partir de 2016 recompusieron las cuentas de la concesionaria Ausol, a punto tal de que habría terminado el año pasado con ganancia operativa en sus libros. El 19 de junio de este año, Abertis le anticipó a la comisión nacional de valores de España (CNMV) que ya había alcanzado un acuerdo con el gobierno argentino para ampliar el contrato de concesión, que vencía en 2018, hasta el año 2030. En dicho escrito, la firma señalaba que dicha extensión “supone un reconocimiento de los reequilibrios pendientes y contempla un plan de inversión adicional para mejorar la red vial actual por un importe total de 250 millones de dólares”. El acuerdo, firmado con la Dirección Nacional de Vialidad, le dio inicio formal al proceso de extensión del contrato de concesión para ambas autopistas. 

A esta altura, Sideco ya había vendido sus acciones a Natal Inversora (14,1 por ciento de Ausol) a un valor que se sospecha muy superior al que tenían antes de que Abertis hiciera la denuncia ante el CIADI. El juez Rafecas abrió una investigación, hace apenas dos semanas, sobre el supuesto beneficio que habría obtenido la empresa del grupo familiar del Presidente de la Nación a partir de las políticas de mejora de los peajes. La denuncia había sido presentada por la diputada Margarita Stolbizer, quien subrayó que el grupo Macri no se desprendió de las acciones inmediatamente después del cambio de gobierno sino muchos meses después. 

El desencuentro entre Ausol y el gobierno anterior no sólo se origina en la resistencia de las autoridades de entonces a acceder a los aumentos y compensaciones reclamados por la concesionaria, sino que además hubo informes de auditoría que cuestionaron los costos e inversiones declarados por la empresa, bajo la sospecha de haber sido “inflados” para obtener mayores transferencias del sector público. 

Abertis tiene también demandas judiciales contra el gobierno de Bolivia por la nacionalización de tres aeropuertos que la firma gestionaba hasta 2013, y con el Ministerio de Fomento de España por un reclamo de compensaciones por tráfico en la autopista AP-7 en ese país.