A poco de las PASO, las comunidades indígenas que estaban apostadas en distintos tramos de las rutas 9 y 52 en Jujuy decidieron en la mañana del jueves levantar cuatro de los cortes vigentes al menos hasta el lunes, día en el que analizarán si se retoman las medidas iniciadas el 17 de junio pasado en rechazo a la reforma constitucional dictada de manera irregular por el gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales. La medida incluye la barricada más central y emblemática, ubicada en el cruce de acceso a la localidad de Purmamarca, en el corazón de la Quebrada de Humahuaca.

Así lo hicieron saber las propias comunidades en un escrito, en el cual expresaron que la decisión fue tomada “en razón de las próximas elecciones PASO”. Esto tiene que ver con las restricciones establecidas por la veda que entra en vigencia este viernes a las 8 de la mañana y que impide, entre otras cosas, “toda clase de reuniones públicas que no refieran al acto electoral”.

Si bien las prohibiciones establecidas por el Código Nacional Electoral podrían entrar en colisión con el derecho a protesta, los colectivos indígenas entienden lo inconveniente que resultaría obstaculizar el desplazamiento en un fin de semana tan sensible. Y, en otro punto, también saben que quedan expuestas a la intervención de las fuerzas de seguridad, corriendo el riesgo de padecer represiones amparadas por la ley.

Con todo, las comunidades permanecerán en las zonas donde venían desarrollando los cortes, solo que hasta el lunes lo harán sobre las banquinas. De ese modo seguirán presentes en el territorio aunque de manera simbólica, en cuatro puntos: el de la ruta 52 sobre la localidad puneña de Susques y los de la ruta 9 a la altura de Tilcara, el paraje San Roque en el departamento de Humahuaca y el acceso a Purmamarca.

Debido a su ubicación estratégica (tanto por la convergencia de dos rutas nacionales con camino a pasos fronterizos como por la cercanía a un pueblo de alta confluencia turística), el corte de la entrada de Purmamarca había sido el más importante de una saga que llegó a extenderse por casi veinte en toda la provincia. Lo que aún no se definió es la situación de las barricadas hacia el norte de la ruta 9, ya en la zona de la Puna, específicamente los de Abra Pampa y La Quiaca.

Como se sabe, los cortes de ruta tienen el propósito de mantener visible el reclamo por la polémica reforma constitucional que el gobernador Morales aceleró sin ningún tipo de consulta comunitaria, a pesar de que varios artículos afectan la utilidad de suelos ocupados por distintos colectivos indígenas desde tiempos inmemoriales. La opinión de estos está amparada por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, al que Argentina adhirió y dio rango de ley en 1992.

A pesar de que Morales aseguró en numerosas entrevistas que su gobierno había dialogado con los pueblos aborígenes de Jujuy, luego se supo que lo había hecho, cuanto mucho, con apenas 200 de los más de 400 que hay en la provincia. Eso generó la primera pueblada del 17 de junio en el cruce de las rutas 9 y 57, sobre Purmamarca, que desató una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad y, a consecuencia de ello, las comunidades replicaron los cortes como mecanismo de resistencia.

Sin respuestas por parte de estamentos institucionales, representantes de varias de esas comunidades decidieron viajar a pie hacia Buenos Aires como réplica del itinerario que había hecho en 1946 el primer Malón de la Paz. Desde hace dos semanas, decenas de indígenas de Jujuy están acampando en Plaza Lavalle, frente a Tribunales, a la espera de ser recibidos por los jueces de la Corte Suprema, quienes aún no se han expedido sobre el pedido de inconstitucionalidad de la reforma que realizaron tanto el Ministerio de Justicia de la Nación como el Procurador General. Este jueves, los tres maloneros que permanecían encadenados en huelga de hambre en la entrada de la sede del máximo tribunal levantaron la medida como gesto de "voluntad de diálogo", pero advirtieron que "de no tener respuestas el próximo lunes profundizarán las medidas".

Lejos de los grandes actos y convocatorias de otras épocas, el Frente Cambia Jujuy (coalición que representa a Juntos por el Cambio, aunque en la provincia está compuesto mayoritariamente por la UCR de Morales) realizó un modesto cierre de campaña en el gimnasio del club Luján en San Salvador, donde la noticia fue la ausencia del gobernador, quien terminó sus compromisos proselitistas para las PASO como precandidato a vicepresidente sin haber pisado la capital del distrito que administra desde hace casi ocho años.

El motivo de esta extraña ausencia es muy claro: Morales teme cruzarse con los jujeños que vienen expresando su rechazo al régimen no sólo por la amañada reforma constitucional, sino también por los distintos ardides ordenados para disciplinar a los protestantes, entre los que se incluyen represiones, razzias, multas, contravenciones que superan el millón de pesos y profundos descuentos salariales a personal estatal que adhirió a huelgas. El gobernador, entonces, prefirió evitar sorpresas, aunque varios manifestantes se acercaron a las inmediaciones del club Luján y fueron agredidos por simpatizantes del oficialismo provincial, tal como mostraron numerosos videos.

Los recortes salariales por los paros alcanzaron los cien mil pesos, generando que algunos docentes llegaran a cobrar, de neto, poco más de veinte mil. En ese contexto, el gobierno anunció que iba a volver a liquidar los sueldos a partir del lunes. Algunos leen esto como una manera velada de supeditar la recomposición a la performance que la lista de Morales y sus candidatos obtenga el domingo en las urnas. Es que si bien las encuestas vienen perdiendo eficacia en las últimas elecciones, los pálpitos que circulan coinciden en señalar que el oficialismo jujeño puede experimentar una merma de hasta veinte puntos, señal concreta del rechazo que la administración de Morales viene generando incluso en su propio electorado.