Lejos de los viejos buenos tiempos de impunidad, que le permitieron ufanarse de sus crímenes y hacer carrera política, Luis Abelardo Patti afronta un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. El ex subcomisario de la Policía bonaerense y ex intendente de Escobar, que ya cosechó tres condenas a prisión perpetua por secuestros y asesinatos entre 1976 y 1983 inclusive, es juzgado ahora por el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín por el homicidio del ex diputado peronista Diego Muniz Barreto y por el intento de homicidio de su secretario, Juan José Fernández, que sobrevivió para contarlo.

Ícono de la mano dura y de los apremios ilegales aun en democracia, Patti cobró notoriedad cuando el presidente Carlos Menem le encomendó investigar el asesinato de la joven María Soledad Morales en Catamarca a principios de los ’90. Ese fue el puntapié inicial de la carrera que lo llevaría a afiliarse al Partido Justicialista y conducir durante dos mandatos la Municipalidad de Escobar, hasta 2003, cuando el fin de la impunidad de los genocidas derivó, gracias a una tenaz lucha del movimiento de derechos humanos, en el final de su actuación política. Su gran pelea desde entonces fue para ser declarado insano y evitar la cárcel, que libró con éxito hasta fines de 2007, cuando llegó al penal de Marcos Paz que ya habitaban Miguel Etchecolatz, Christian Von Wernich & otras bellas almas.

Recibió su primera condena en 2011, en San Martín, en el tercer juicio por crímenes con epicentro en Campo de Mayo, que incluyó los casos de Gastón Gonçalvez –militante de la Juventud Peronista asesinado luego de nueve días de cautiverio y torturas en la comisaría de Escobar a cargo de Patti– y, entre otros, los de Muniz Barreto y Fernández, exceptuando en ambos casos la última etapa de proceso genocida: los homicidios. En 2016, en Rosario, recibió la segunda perpetua, por los asesinatos de los militantes peronistas Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiasso en 1983. Secuestrados y torturados por el Ejército, fueron entregados al grupo de tareas de la Bonaerense que integraba Patti en Tigre, que los ejecutó en un camino rural simulando un enfrentamiento. En 2018, otra vez en San Martín, cosechó su tercera condena, por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Gabriel Giménez, del diario El Actual, de Escobar, en enero de 1976.

Muniz Barreto y Fernández fueron secuestrados el 16 de febrero de 1977. Estuvieron en cautiverio y fueron torturados en la Comisaría de Escobar, luego en otra dependencia de la Bonaerense en Tigre y finalmente en Campo de Mayo. Según la acusación, a cargo del auxiliar fiscal Iván Polaco, el 6 de marzo de aquel año los llevaron a Entre Ríos, los adormecieron y los metieron adentro de un auto que arrojaron al río Paraná con la intención de fraguar un accidente. El diputado murió pero Fernández logró escapar del auto y, antes de exiliarse, dejó un detallado testimonio ante escribano sobre el calvario de ambos.

En el juicio de 2011, Patti fue condenado sólo por los secuestros y las torturas. En 2014, en línea con las querellas, el entonces procurador fiscal Eduardo Casal dictaminó que correspondía juzgarlo por la muerte de Muniz Barreto y la tentativa de homicidio de Fernández. La Corte Suprema hizo lugar al pedido y resolvió en la misma línea.

La audiencia inicial ante el tribunal que integran Walter Venditti, Matías Mancini y Esteban Rodríguez Eggers, este viernes, se realizó de forma virtual y comenzó con la lectura de la síntesis de los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Luego la defensa de Patti hizo un planteo preliminar por doble juzgamiento y los jueces pidieron opinión a las partes. Las acusaciones respondieron que debía ser rechazado y repasaron el largo derrotero judicial, en el que reiteradamente se rechazó ese argumento. El juicio continuará el próximo viernes.