El Ministerio de Economía puso en marcha ayer un grupo de trabajo conjunto entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el objetivo de enfrentar el lavado de dinero en Rosario. La unidad, creada a través de la Resolución Conjunta 2/2023 publicada en el Boletín Oficial, buscará "fortalecer el intercambio de información y la colaboración" con el fin de "reforzar y promover la prevención y represión de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, con especial énfasis en la narcocriminalidad" en Rosario. En el caso de la AFIP, el organismo participará a través de las direcciones generales Impositiva (DGI) y de Aduanas (DGA).

Cada una de las partes "establecerán mecanismos de intercambio de información" a partir de los recursos técnicos e informáticos disponibles y las necesidades operativas, y; para ello, cada organismo designará a un responsable institucional para articular las acciones.

La resolución, por otra parte, ordena que la AFIP, la UIF y la CNV, dentro del ámbito de la nueva unidad, "deberán comprometerse a extremar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la información", además de "mantener el carácter reservado de los datos obtenidos y a no utilizar la información que reciban para ningún otro propósito que no sea el cumplimiento de las tareas previstas".

Previamente, en febrero de este año, la UIF dispuso la creación de una nueva agencia regional con sede en Rosario

El informe de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de Argentina, aprobado el año pasado, afirma que la ciudad santafesina, además de contar con "una gran cantidad de organizaciones criminales" y "niveles de violencia por encima de la media nacional", constituye "uno de los principales puntos de destino nacionales del tráfico de droga".

Además, remarca que "en materia de narcocriminalidad, el rol destacado de los transportes fluviales (a través del Río Paraná, Hidrovía Paraná-Paraguay) o aéreos (vuelos irregulares) tanto para explicar el ingreso al país de la sustancia, como su desplazamiento por el territorio nacional y, eventualmente, su posterior exportación ilícita".

La creación de la nueva unidad conjunta responde a la Estrategia Nacional creada en materia de lavado de dinero (ALA/CFT/CFP) que, entre sus objetivos, promueve la celebración de acuerdos interinstitucionales para hacer más eficiente el intercambio de información, una recomendación también fijada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En tanto, en noviembre del año pasado se puso oficialmente en marcha la nueva Agencia Antilavado de Rosario. María Paula Bruera fue designada para dirigirla y tendrá como objetivo controlar el origen de los fondos de las inversiones en diversos rubros. En concreto, tendrá la función de generar, recibir y/o procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia; crear protocolos para la detección de operaciones sospechosas; crear instrumentos y canales institucionales para la coordinación y cooperación con otros estamentos; brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitación de los distintos requerimientos judiciales.

A su vez, trabajará coordinadamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), para detectar posibles delitos económicos relacionados con el lavado.

Si bien la ordenanza que aprobó el Concejo se promulgó en agosto, recién se puso en marcha en noviembre del 2022 ya que se estuvo “armando el equipo, adaptando los sistemas y los circuitos de los trámites para tener la posibilidad de pedir la documentación adicional necesaria”, había indicado el propio intendente, Pablo Javkin, en conferencia de prensa.