Durante la última dictadura cívico-militar, la deuda externa total de la Argentina, pública más privada, pasó de 8.085 millones de dólares en 1975 a 45.903 millones de dólares en 1983. Del 18,9% del PBI pasó al 60% del PBI. En tanto, en ese mismo período, la deuda pública externa se sextuplicó: era de 5.000 millones y trepó a 32.000 millones de dólares. De estos últimos, 23.000 millones de dólares se originaron en la estatización de la deuda externa privada que benefició a más de 70 grandes empresas.

Posteriormente, en octubre de 1983, el FMI suspendió el crédito stand by con la Argentina. El entonces presidente Raúl Alfonsín asumió con esa dura mochila sobre sus espaldas. Luego de conseguir algunas refinanciaciones, en 1988 no pudo continuar pagando ni siquiera los intereses y entró en mora, la cual se mantuvo hasta que se vio obligado a adelantar el traspaso del poder al nuevo presidente en julio de 1989.

El gobierno de Carlos Menem implementó el Plan Brady, por el cual la deuda con los bancos pasó a ser deuda en títulos públicos que se atomizaron en el mercado mundial. Esos bonos, y otros que se emitieron posteriormente, serían la incubadora de lo que luego finalizó con el proceso denominado “fondos buitre”. Hubo un gran ciclo de endeudamiento y la deuda externa ascendió a unos 85.000 millones de dólares.

La administración de la Alianza continuó esa misma política económica, con ajustes recurrente en el Estado Nacional y en las provincias. Se implementaron iniciativas como “el blindaje” (fondos disponibles por 40.000 millones de dólares) y el “megacanje” (el cual convirtió bonos y letras de deuda pública por 50.044 millones de dólares en préstamos de los bancos). Estas medidas no sólo no trajeron estabilidad sino que acrecentaron el mecanismo del crecimiento de la deuda y la fuga de capitales. La deuda externa ascendió a 88.000 millones de dólares.

Todo cambió con el gobierno de Néstor Kirchner. Allí se implementó una política de desendeudamiento que incluyó un canje en 2005 con el sector privado, con quitas del 66,3% sobre el valor nominal, siendo aceptado por el 76,15% del monto elegible. Ello sucedió en paralelo al pago anticipado al FMI anunciado en diciembre de 2005 en torno a los 10 mil millones de dólares.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reabrió el canje en 2010 llevando la aceptación a 92,4% del monto impago de 2001, y regularizó la deuda con el Club de París en 2014. Lo único que se mantuvo fue el conflicto con los fondos buitre.

Desde una perspectiva estructural o de mediano plazo, un dato a considerar es que a fines de 2015 la deuda pública total (en dólares y en pesos) llegaba al 53% del PBI, guarismo que saltó al 90% en diciembre de 2019. A su vez, en estos últimos años la deuda fue bajando hasta el 86% del PBI en marzo de 2023, un quiebre de tendencia que apunta a la sostenibilidad.

En cuanto a la proporción de deuda en dólares, durante este gobierno alcanzó el 66,9% del total en marzo pasado, por debajo del 77,8% de fines de 2019. Es un dato importante, dado que es preferible la deuda en pesos, porque es más manejable y sujeta a menores riesgos. Es un enfoque en el que no se reparó en otros tiempos y que contribuyó a agravar la problemática de la restricción externa.

En el gobierno de Mauricio Macri comenzó un nuevo ciclo de endeudamiento que culminó con la toma del crédito del FMI. El programa de 2018 no cumplió con sus objetivos declarados, por el contrario, empeoró significativamente la situación económica y social. Según el informe de la evaluación ex post que realizó la auditoría del FMI, textual: “el programa no alcanzó los objetivos, a pesar de las significativas correcciones de las políticas económicas. Los crecientes pagos netos de deuda privada, sumados a la fuga de los capitales de residentes, sometieron al tipo de cambio a una presión considerable. A pesar de intervenciones cambiarias que superaron las disposiciones del programa, el tipo de cambio continuó depreciándose, empujando al alza la inflación y el valor de la deuda pública en pesos, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los segmentos más vulnerables”.

Durante la gestión del Frente de Todos se acordó con el Fondo un nuevo crédito para reemplazar el stand by vigente desde 2018. Si bien la deuda no se solucionó, se creó una ventana de tiempo durante la cual, entre otras cosas, no hay necesidad de realizar pagos de capital hasta el segundo semestre de 2026.

Recientemente se cerró una nueva revisión del acuerdo con el FMI. En ese contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, ha afirmado: “Queremos pagarle al Fondo de vuelta y que se vayan de la Argentina. Queremos ser un país soberano, queremos decidir nuestro propio proyecto de desarrollo y que no nos digan otros cómo desarrollarnos los argentinos”.

En esta resumida historia de la deuda aparece una constante: mientras los gobiernos neoliberales endeudan fuertemente a la Argentina, los gobiernos “populistas”, supuestamente derrochadores y desordenadores, son los que la desendeudan.

En otro orden de cosas, el próximo miércoles 16 de agosto se conmemorará el Día del Empresario Nacional, instaurado por la Ley 27.108 aprobada por el Parlamento en el año 2014, cuyo proyecto tuve el orgullo de presentar.

Se trata de un homenaje al empresario y la empresaria nacional y un reconocimiento a la Confederación General Económica (CGE) que se fundó el 16 de agosto de 1953 y fue liderada y presidida por José Ber Gelbard. Aquella CGE fue portavoz de gran parte del empresariado del país.

En los fundamentos de la Ley se destaca que la CGE “procuró siempre controlar la extranjerización de la economía argentina y desarrollar más el mercado de producción y consumos nacionales; e impulsó como ideas básicas: un país productivo, un mercado interno pujante, un compre nacional para los productos y el desarrollo de industrias estratégicas entre otras”. Ideas que mantienen toda su vigencia a pesar del paso del tiempo.

Hoy el empresariado nacional, integrado en su mayoría por las MiPyMEs, está representado por varias organizaciones que expresan la lucha de un sector integrado por alrededor de 1.500.000 industriales, comerciantes, prestatarios de servicios y productores agrarios, entre otros. Aportan alrededor del 45% del PBI y constituyen la principal fuente de trabajo, generando cerca del 70% del empleo total.

Un saludo y un gran reconocimiento a la labor de las empresarias y los empresarios nacionales ante la proximidad de su día.

* Diputado nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario