Desde Barcelona
Asimilar lo sucedido, recuperarse del shock y organizarse para seguir adelante, haciendo justicia y reforzándose para evitar que el horror se repita no es nada fácil. A tres días de los atentados terroristas que asesinaron a 13 personas y dejaron 130 heridos en Barcelona y Cambrils, ciudadanía, autoridades y fuerzas policiales se movilizan para paliar los enormes daños que el islamismo radical volvió a causar en Europa. Pero, si de por sí, reestablecer el orden tras una tragedia es un puzzle verdaderamente delicado, en un país como España, con serias divisiones internas, la complejidad de la misión se duplica. El atentado ocurrió nada menos que en Cataluña, la comunidad autónoma que el 1º de octubre tiene previsto un referéndum sin autorización del gobierno central sobre su separación del Estado.
Desde el minuto posterior a la terrible noticia de que una camioneta había arrasado con cientos de personas en las míticas Ramblas de Barcelona, las divergencias entre los ejecutivos –local y nacional– fueron patentes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat –máximo órgano gubernamental de Cataluña– Carles Puigdemont, actuaron cada uno por su cuenta, creando sendos gabinetes de crisis, sin coordinación entre sus respectivos cuerpos policiales. Ante la lluvia de críticas que cayó por la ineficacia de ese doble operativo y la contundente actuación de los Mossos d’Esquadra –la unidad policial catalana– en la localidad turística de Cambrils, donde abatieron a los cinco terroristas que pretendían repetir la masacre de Barcelona, Rajoy dejó de lado los rencores con el dirigente catalán y anunció una inmediata sesión conjunta. En rueda de prensa posterior, Puigdemont y Rajoy escenificaban la unidad aparentemente imposible y “la colaboración total” entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos. “Lo que nos hace ser eficaces –proclamó Rajoy en un giro de 180 grados– es que todas las fuerzas políticas estén unidas tirando del mismo carro y con el mismo espíritu de victoria”.
Pero el acuerdo no duró demasiado. Ayer al mediodía, los máximos responsables de la lucha antiterrorista en España de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de los Mossos d’Esquadra y de la Ertzaintza –cuerpo policial del País Vasco– formaron una mesa de evaluación de la amenaza terrorista y las conclusiones no fueron unánimes. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dio por “desarticulada” la célula jihadista que se presume responsable de los atentados, mientras que el conseller del Interior catalán, Joaquim Forn, lo niega. Para Forn no se puede dar por desarticulada la célula “hasta detallar el paradero de todas las personas que forman parte de ella”.
“No quiero contradecir al ministro Zoido ni mucho menos, pero esta es una investigación que se está llevando a cabo desde los Mossos d’Esquadra y hay varias líneas de investigación, así como actuaciones, que no se dan por terminadas”, detalló el ministro del Interior catalán en una comparecencia ante los medios después de firmar el libro de condolencias que está a disposición de toda la ciudadanía en la Intendencia de Barcelona.
Según el ministro de Rajoy, con las cuatro detenciones producidas y la muerte de siete de los terroristas- dos en la explosión del chalet de Alcanar (Tarragona) la víspera de los atentados y cinco por disparos de un Mosso d’Esquadra en Cambrils- la célula puede darse por desmantelada. Fuentes del ministerio reconocen que, aunque puedan quedar personas por identificar y detener, la célula ya no dispone de capacidad para atentar, por lo que se la considera desarticulada. Sin embargo, el Jefe de la policía local destacó en una entrevista a TV3 –la televisión pública catalana– que quedaban tres identificados sin detener, de los cuales dos de ellos habrían muerto en la explosión de Alcanar, donde presuntamente preparaban un atentado aún más grave del que cometieron, con un centenar de garrafas de gas que irían dentro de las camionetas.
El Ministerio del Interior español decidió también este sábado, tras la reunión extraordinaria de más de dos horas de la mesa de valoración de la amenaza terrorista, mantener el nivel 4 de alerta antiterrorista- vigente en España desde el 26 de junio del 2015, tras los atentados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia- con medidas adicionales como el refuerzo de los dispositivos de seguridad en lugares turísticos y de afluencia masiva, al igual que el de los mecanismos de reacción frente a un hipotético atentado.
Los esfuerzos por lograr la unidad de acción –o, al menos, por aparentarla– seguirán este lunes, cuando se produzca la reunión del pacto antiterrorista anunciada también por el ministro Zoido, a la que asistirán todos los partidos porque, como él mismo señaló en su comparecencia, “aparcar las diferencias es la mejor manera de ser eficaces contra el terrorismo”. En esa misma línea también se pronunciaron los líderes de las distintas formaciones durante la concentración multitudinaria del viernes en Plaza Cataluña –centro de Barcelona, justo al lado de donde se produjo el atentado– cuando todos se esmeraron en mostrarse unidos por el rechazo a la barbarie terrorista.
La gravedad de las circunstancias, en efecto, insta a la unión de fuerzas por encima de todo aunque la coyuntura actual del Estado español no lo facilite. Y mientras el tira y afloja entre las autoridades catalanas y nacionales no logra detenerse, la ciudadanía sí que se vuelca de manera conjunta para reivindicar una convivencia pacífica y sin miedo. Así lo gritaron tanto las cien mil personas que se congregaron en Plaza Cataluña al día siguiente de los atentados, como los vecinos de Barcelona y grupos antifascistas que el viernes por la noche expulsaron a los 50 manifestantes islamófobos que se convocaron en la Rambla, bajo el lema “terroristas no son bienvenidos”, en clara alusión a la política de acogida de refugiados e inmigrantes que la capital catalana lleva a cabo.
