El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, insistió ayer en que el traslado de la dirigente social del penal de Alto Comedero no responde al “privilegio de una prisión domiciliaria” sino “un cambio del lugar en el cumplimiento” de la prisión preventiva. En diálogo con Radio 10, negó que el lugar adonde ordenaron el traslado, en las afueras de la ciudad, haya sido saqueada: “Es una casa valuada en más de 20 millones de pesos que hasta hace algunos días estaba en perfecto estado. Le han sacado con mucho cuidado los artefactos de baño”, sostuvo. Miranda defendió el procedimiento de los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullén Llermanos de atender por fuera del plazo estipulado, la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la libertad de la dirigente y negó que el Gobierno la haya incumplido. “La CIDH estableció este privilegio de la prisión domiciliaria, pero esto es una preventiva con cambio de lugar de cumplimiento”, destacó en referencia al inmueble ubicado en el barrio La Ciénaga y que, tal como demostraron fotografías que circularon días atrás, carece de ventanas, de inodoro y bidet, de canillas, de artefactos de cocina y conexión eléctrica, entre otras cosas. En cuanto a los arreglos necesarios a realizar en esa locación, apuntó que los jueces dieron plazo para hacerlos pero que “no” sabe quién se hará cargo de los costos. Por último, tildó a Sala de “delincuente”. “En base a los antecedentes que existen en las distintas causas judiciales existen una serie de indicios de que Sala es delincuente –consideró–. Manejaba un Estado paralelo y delegado por el gobierno anterior”.