A contramano de las recomendaciones de los organismos internacionales, la Aduana nacional comunicó, informalmente, que anulará el acceso a la información sobre la identidad del importador y las operaciones que éste realice antes del libramiento de la mercadería. Según transmitieron las autoridades, al brindar esa información sobre los importadores, “se corría el riesgo de estar violando el secreto fiscal”. Este criterio no sólo contradice las recomendaciones internacionales sobre normas de fiscalización de las transacciones, que apuntan a su máxima transparencia para combatir el delito económico, sino que además, en este caso, priva a la industria nacional de tener algún tipo de control contra las prácticas de dumping en la importación. “La Aduana decretó un apagón estadístico como nunca había sucedido, perdimos toda posibilidad de verificación de lo que se importa y en qué condiciones se ingresa la mercadería”, clamaron casi a coro varios representantes del sector industrial con los que pudo dialogar PáginaI12 esta semana.  

No existió ninguna norma escrita o comunicación oficial, ni de la Aduana ni de la AFIP, sobre la medida. Pero la alarma sonó en boca del presidente de Cgera, Marcelo Fernández, cuando en su discurso en la celebración del Día del Empresario Nacional, reclamó: “queremos tener una Aduana a favor de las pymes”. Un día antes, una nota en el diario Bae firmada por Francisco Martirena Auber, daba cuenta de que el gobierno suspendería la difusión de los datos de importadores y exportadores, lo cual había sido confirmado por voceros de la AFIP (de la cual depende la Aduana).

Tras las palabras del titular de Cgera, PáginaI12 pudo dialogar con Marcelo Fernández, Ariel Aguilar (Cgera e industria marroquinera), Ariel Schale y Marco Meloni (ambos, del sector textil y director ejecutivo y vicepresidente, respectivamente, de la Fundación ProTejer). 

“La información sobre producto, cantidades, precios e identificación del importador es la base analítica para poder saber si hay alguna maniobra de dumping en la operación (ingreso del producto por debajo del costo en su país de origen, con el fin de destruir a la competencia local), o si el producto fue descripto correctamente para su categorización aduanera. Por ejemplo, hay hilados que pagan un arancel del 12 por ciento y otros el 18, y que hubiera un verificador nombrado por las cámaras empresarias permitía comprobar si estaba correctamente clasificado. Eso no se podrá hacer más. Y cuando el Ministerio de Producción dice que le va a poner un cupo a los importadores para que no superen más de un determinado porcentaje de lo que trajeron el año anterior, ¿quién va a verificar si se cumple si no nos van a dar la identidad del importador?”. La cantidad de ejemplos se suman, pero todos en el mismo sentido: la industria nacional quedará más desprotegida frente a las importaciones. 

En tan sólo un año de apertura importadora, en el sector marroquinero el número de importadores pasó de 470 a 720. En el rubro de tejidos, hilados y prendas, de 1400 saltaron a aproximadamente 3000. Ese número podría seguir subiendo, pero ya no se podrá verificar si la AFIP mantiene el criterio de ocultar la información. En el mundo, en materia de secreto bancario y fiscal, los organismos internacionales recomiendan que se limite la privacidad de los datos a casos muy especiales, para combatir delitos como el lavado de dinero y el contrabando. Argentina avanza en sentido contrario, pretendiendo entrar al mundo pero por la puerta equivocada.