Organizaciones sociales se manifestaron en la plaza Güemes frente a la Legislatura salteña el 9 de agosto, en el día de solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en contra de la Violencia Sexual a Bebés, Niñas, Niños y Adolescentes.

La referenta local de Madres Protectoras, Yanela Barrios, dijo a Salta/12 que se trata de una campaña nacional que busca "visibilizar esta problemática tan grave como es el abuso en (perjuicio de) las infancias, y concientizar" .

En esta manifestación las organizaciones salteñas expresaron su apoyo al proyecto derecho al tiempo, "presentado por la fundación Aralma, para la imprescriptibilidad de las causas (sobre abusos sexuales) y (la creación de) una comisión de la verdad".

Dicha propuesta espera su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación y ya tiene la adhesión de diversas organizaciones sociales a nivel nacional.

Barrios consideró que ese proyecto de ley y esta convocatoria en solidaridad con las víctimas es importante para Salta porque la violencia sexual "es una de las problemáticas que acrecentó mucho, sobre todo los abusos intrafamiliares".

El abogado Álvaro Arias, que integra la organización ALFA, de asistencia letrada comunitaria gratuita, explicó que adhirieron a esta convocatoria por la importancia de la "visibilización de esta problemática social que nos atraviesa como sociedad". Advirtió que la violencia sexual "no sólo es un delito con un alto índice de ocurrencia, (se comete contra) 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones antes de llegar a los 18 años, según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sino que, al mismo tiempo, es un delito con un alto índice de impunidad".

Arias consideró que hay factores que complejizan los casos de violencia sexual, sobre todo cuando se cometen en el contexto intrafamiliar y por el tiempo que conlleva a las víctimas poder contar lo que han vivido y denunciar cuando logran hacerlo.

"Así, por ejemplo, dado que más del 90% de estos delitos se producen intrafamiliarmente, resulta muy difícil para las víctimas poder develar lo que viven y la mayoría lo hace muchos años después de ocurridos los hechos, quedando muchos casos prescriptos debido al tiempo que transcurre", señaló Arias.

Por ese motivo, el abogado consideró que el proyecto de ley de derecho al tiempo "deviene importante", en tanto "permitiría que este delito se vuelva imprescriptible, pudiendo ser investigado y sancionado aunque el develamiento fuera muy tardío. De ser así, muchos casos podrían salir de la impunidad".

También consideró relevante uno de los puntos del proyecto que propone renombrar a este crimen como violencia sexual contra las infancias, "lo cual tiene un valor comunicativo y social importante en cuanto a la desocultación y desnaturalización de este delito tan terrible". "El proyecto también propende a que haya un registro serio de los casos de violencia sexual en la infancia a través de una comisión por la verdad y la reparación", añadió Arias.

Rechazo a la ley de registro de obstructores

Por otro lado, Barrios reiteró además el "repudio al proyecto de ley del registro de obstructores de lazos familiares, que vincularía la problemática del abuso ya que sería una ley que podría permitir que los niños sean revinculados con sus agresores sexuales". Esa iniciativa parlamentaria fue autoría del actual senador provincial e intendente electo Emiliano Durand y obtuvo media sanción en la Cámara Alta. La organización Madres Protectoras se opone a que el proyecto se convierta en ley porque considera que será usado contra ellas, al menos eso les dice la experiencia.

Al denunciar a progenitores por violencia sexual en perjuicio de sus hijos e hijas, las madres protectoras se han visto señaladas como obstructoras de vínculos cuando se oponen al contacto de las infancias con sus agresores. En ese sentido, la organización ALFA también expresó su rechazo a "la aceptación social de proyectos tales como el de registro de obstructores de lazos familiares".

Arias dijo que persiste la "perspectiva en favor del SAP (Síndrome de Alienación Parental)", aceptada en Tribunales y que "pone en riesgo a niñes victimas de violencias de tener revinculaciones forzadas a la vez que se estigmatiza a las madres protectoras".

Sostuvo que no hay celeridad en las causas y advirtió sobre "la falta de credibilidad que todavía se cierne en contra de las víctimas desde las instancias judiciales". Además, consideró que hay una "falta de compromiso de funcionarios, empleados estatales e incluso conciudadanos que toman conocimiento de estos delitos para denunciarlos".

Arias señaló que tampoco las víctimas cuentan con redes de contención y dijo que tanto las instituciones judiciales y gubernamentales, como la sociedad, no ha conseguido aún estar a la altura de las circunstancias "para brindar un adecuado resguardo y reivindicación de las víctimas y sobrevivientes de delitos sexuales".

Todas circunstancias, "dejan ver una gran falta de empatia respecto a un trauma que es durísimo y que sólo quienes lo han vivido pueden saber lo que se siente el no recibir el apoyo apropiado, sobre todo luego del develamiento", manifestó el abogado.

Arias explicó que desde ALFA en lo que va del año judicializaron al menos 20 casos de violencia sexual. "Pero hay muchos otros en los que estamos todavía en etapa de asesoramiento", sostuvo.

El letrado dijo que desde hace 5 años brindan el servicio de asistencia a víctimas y sobrevivientes de este delito con el fin "de promover un igualitario acceso a la justicia de quienes lo han sufrido, ya que muchas veces son personas carentes de recursos que no están en condiciones de costear un abogado querellante ni de hacer valer sus derechos ante atropellos institucionales".

También señaló que desde ALFA tienen como objetivo "evitar la revictimización" de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en la infancia, "entendiendo lo difícil que es tener que ingresar al sistema judicial para una persona que ha sido socavada de tal manera en su intimidad y ahora debe verse expuesta ante extraños para que se lleve adelante una investigación".

ALFA asiste en la ciudad de Salta, en Tartagal, San Antonio de los Cobres, Joaquín Víctor González, Rivadavia Banda Sur, La Unión, Apolinario Saravia, General Güemes, Campo Quijano y Rosario de Lerma. Arias dijo que en ese marco, han observado "que mientras más alejado está un lugar de los centros judiciales, más difícil es para las personas tener el seguimiento de sus casos y menor es el acceso a la información sobre los derechos de las víctimas".

"Nuestro trabajo no sólo consiste en asistir judicialmente sino también en brindar información que permita el empoderamiento jurídico en este tema, (con el objetivo de que) se conozcan los mecanismos disponibles para hacer valer los derechos de quienes han sufrido violencia sexual, pero también las responsabilidades de los referentes comunitarios y agentes estatales que toman conocimiento de las causas", sostuvo el letrado.