La Policía de Jujuy realizó esta mañana un operativo con más de 300 efectivos de Infantería para desalojar el corte en el cruce de las rutas 9 y 52, en Purmamarca, que las comunidades originarias de la provincia reunidas en el Tercer Malón de la Paz sostienen desde mediados de junio para protestar contra la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales.
"Luego de la jornada de ayer, donde Gerardo Morales perdió su interna, la respuesta contra los sectores sociales que rechazaron la Reforma Constitucional es de venganza. Una represalia habitual de un gobierno totalitario", denunció la Multisectorial contra la Reforma de Jujuy.
En los videos que enviaron las comunidades desde el corte en Purmamarca se denuncia que el cuerpo de Infantería llegó sin orden judicial a desalojarlos del acampe, donde permanecían unos 30 comuneros al costado de la ruta, sin realizar un bloqueo. "El oficial a cargo no se hizo presente, no hay ninguna autorización. No estábamos cortando la ruta, estábamos al costado de la ruta", denuncian los comuneros.
Según el medio de comunicación popular SISA, el operativo policial también se dirigía Abra Pampa y Humahuaca, y la Policía detuvo al comunero José Palacios. Desde las comunidades indicaron que buscarían sostener el acampe al costado de la ruta en Purmamarca.
Tras la denuncia del operativo policial, integrantes del Tercer Malón de la Paz, que acampan frente a la Corte Suprema desde el 1 de agosto, se movilizaron a la puerta del Congreso de la Nación para exigir una audiencia con la Presidencia de la Cámara de Diputados.
En los primeros días de acampe frente a la Corte Suprema, fueron recibidos en la Cámara baja, donde se habló de crear una comisión bicameral que investigue el proceso que derivó en la reforma constitucional.
El Tercer Malón de la Paz llegó a la Ciudad de Buenos Aires el 1 de agosto pasado, tras recorrer 1875 kilómetros desde Jujuy hasta la capital. El espacio que representa a las 400 comunidades originarias de la provincia exigió ante el Congreso el tratamiento de un proyecto de ley de intervención provincial y de tierras comunales.
La marcha finalizó en la Corte Suprema para exigir que trate la demanda por inconstitucionalidad de la reforma impulsada por Morales, que restringe el derecho a protesta y pasó por alto las leyes nacionales e internacional de consulta a los pueblos indígenas. La reforma le da al Estado provincial más facultades para avanzar sobre territorios fiscales, no reconocidos a las comunidades indígenas, en medio del avance de proyectos extractivos de litio.
Hasta el momento, la Corte desoyó el reclamo de las comunidades indígenas para tratar la demanda por la inconstitucionalida de la reforma --la primera de ellas presentada por el gobierno nacional--. Esto llevó a que tres comuneros se encadenaran la semana pasada en la escalinita del Palacio de Tribunales e iniciaran un huelga de hambre, que levantaron tras el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos de conformar una mesa multisectorial para abordar sus demandas.
