Podía haber respondido con la clásica fórmula "téngase presente", pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi le contestó al Tribunal Oral Federal 7, que tiene el caso "Cuadernos" que , al contrario de lo que sus integrantes y la fiscalía pretenden, seguirá investigando la manipulación de las anotaciones atribuidas al chofer Oscar Centeno. Su causa, sostuvo, no afecta el trámite del juicio, donde los magistrados incluso podrán valorar las pruebas como quieran. "Se investigan cosas distintas", afirmó. Recordó incluso que dos veces la Cámara Federal sostuvo que él debía seguir adelante. En tres páginas remarcó que "varias irregularidades" ya "pudieron corroborarse" y también "quién habría sido su autor", en referencia al expolicía Jorge Bacigalupo, amigo de Centeno, cuya caligrafía fue detectada en un peritaje oficial. Este lunes, Martínez de Giorgi ordenó rastrear las llamadas entrantes y salientes de los celulares de Bacigalupo, entrecruzamientos para establecer sus vínculos, determinar si algo fue borrado, analizar el contenido de esos teléfonos y una notebook. 

Rechazo del juez

Aunque hace rato está tirante su relación con Martínez de Giorgi, el TOF 7 le mandó la semana pasada un extenso escrito, inspirado en un pedido de la fiscala Fabiana León, donde lo "instó" a dejar de investigar la adulteración de los cuadernos (con tachaduras, enmiendas y agregados). Los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero le dijeron que estaba "invadiendo la órbita" de su tribunal. Otro integrante, Germán Castelli --nombrado a dedo por un traslado del macrismo-- dijo que debía inhibirse y no intervenir más. Pero él se niega.

La causa a cargo de Martínez de Giorgi, según él mismo recordó al responderle al TOF 7, se inició con una denuncia del empresario Armando Loson, del Grupo Albanesi, acusado en el caso de los cuadernos en base a los textos de Centeno. Loson llevó un estudio pericial privado, que había detectado 1600 enmiendas y correcciones. El juez ordenó peritajes oficiales que lo confirmaron. En uno, la Policía Federal constató las adulteraciones. En otro de la misma fuerza, que hasta firmó el perito de parte de Bacigalupo, se comprobó que él había hecho correcciones y sobre-impresiones. Un análisis lingüístico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA advirtió que había diferencias de lenguaje entre el cuaderno 4 (que describía itinerarios) y los cuadernos 7 y 8, donde se hablaba de dinero y supuestas coimas. La sospecha es que alguien le dictó a Centeno. Podría ser su amigo expolicía quien, además, le entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot de La Nación, que le llevó fotocopias al fiscal Carlos Stornelli. 

Lo que el juez está diciendo sería: yo investigo si ciertos elementos que se usaron en otra causa fueron adulterados, quién lo hizo y con qué fines. En cambio, el TOF 7  se ocupa de "la eventual responsabilidad" de Loson en supuestos pagos ilegales. Si es culpable o inocente lo debe evaluar el tribunal según las evidencias. Esas pruebas se pueden haber realizado "en ese proceso o de forma complementaria". Como es conocido, ni el juez que llevó adelante la causa, el fallecido Claudio Bonadio, ni la Cámara ni el TOF 7 ni la fiscala mandaron a peritar los cuadernos que son las vedettes del expediente junto con las declaraciones de empresarios arrepentidos (cuyos dichos se deben cotejar). Es obvio que la constatación de la manipulación de los cuadernos los pone en duda y deja entrever un armado. 

Cuando lo recusó el fiscal Stornelli --quien se había quedado con el caso "Cuadernos" pese a que debía mandarlo a sorteo--, el camarista Leopoldo Bruglia sostuvo que incluso era mejor que un juez ajeno al juicio "madre" y a la valoración de la prueba señalada como irregular llevara a cabo la pesquisa. Ante la recusación presentada por la abogada de Bacigalupo, otro camarista, Mariano LLorens, confirmó a Martínez de Giorgi. 

Nuevas medidas 

Después de secuestrar dos celulares y una notebook de la casa de Bacigalupo, el juez esperó el resultado de los peritajes, que finalmente lo comprometieron. Los dispositivos quedaron en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esa fuerza hará la extracción de datos en los primeros días de septiembre bajo estricta confidencialidad. A la vez, el juez le encomendó al Departamento de Forensia Digital de Gendarmería Nacional que determine las llamadas entrantes y salientes (e identifique a las personas) de los teléfonos de Bacigalupo del 1 de enero de 2017 al 10 de marzo de este año, e indique la celda donde impactó cada comunicación; que haga un cruce de llamadas entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 donde señale vinculaciones frecuentes en plazos de tres días; que determine si el contenido de los teléfonos y sus registros fueron borrados o manipulados en forma remota o presencial, cuándo ocurrió y los procedimientos usados. También le pidió buscar una serie de palabras claves relacionadas con el tema. Habrá que esperar los resultados.