Un paso contra la impunidad en Perú

PáginaI12 En Perú

Desde Lima

“Militares encapuchados se llevaron a mi esposo. Después de buscarlo por un tiempo me dijeron que lo habían pasado a la policía. Ahí lo pude ver una vez. Llorando me dijo: ‘Rosita, el cuartel militar es un infierno, hay mucha gente llorando, a las mujeres las han violado delante de nosotros, como animales se portan los militares. Me golpean hasta que me desmayo, me han metido a un pozo con agua sucia, me han puesto corriente y todo mi cuerpo temblaba. En el cuartel matan a la gente. Ya no aguanto’. Cuando me estaba contando vino un policía y se lo llevó. Al día siguiente regresé, pero ya no estaba. Me dijeron que lo habían regresado al cuartel militar Los Cabitos. Ya nunca más supe de él”, recuerda en diálogo con PáginaI12, Rosa Amelia Llamoja, una campesina quechuahablante de la región andina de Ayacucho, que tenía 21 años y tres pequeños hijos cuando el ejército se llevó a su esposo, Julio Taco, en setiembre de 1983. Él tenía 24 años. Rosa, que tiene la tristeza marcada en el rostro, viajó a Lima para escuchar la sentencia por los crímenes cometidos en el cuartel Los Cabitos.  

Julio Taco es una de las muchas víctimas desaparecidas en Los Cabitos, convertido en esos años en un centro de detención, torturas y ejecuciones. Este cuartel del ejército está en la ciudad de Huamanga, capital de Ayacucho, epicentro de la guerra interna entre el Estado y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso,que remeció el país en los años ochenta y noventa, con un saldo de cerca de 70 mil muertos y 15 mil desaparecidos. El 75 por ciento de las víctimas fueron indígenas quechuahablantes, como el esposo de Rosa.  

Después de 34 años de impunidad, el viernes último llegó a su fin un largo proceso judicial por el caso Los Cabitos, que se había iniciado en 2005. El juicio fue por detenciones ilegales, secuestro, torturas, desapariciones y asesinato, pero solamente por los hechos ocurridos en este cuartel en 1983; los crímenes cometidos en años posteriores en Los Cabitos todavía no llegan a los tribunales. Se condenó a los coroneles en retiro Humberto Orbegoso, a 30 años, y Pedro Paz, a 23 años, quienes en 1983 eran comandantes y tenían puestos de mando en la zona. Ambos estaban en libertad durante el proceso y no se presentaron a la lectura de sentencia. El tribunal ha ordenado su captura. 

En una cuestionada decisión, un tercer militar fue absuelto por supuesta falta de pruebas. Se reservó la sentencia para un ex oficial que está prófugo en Chile, y también para otros dos, que tienen 86 y 90 años, señalando que presentan demencia senil y alzheimer. Otros cuatro oficiales en retiro acusados murieron durante el desarrollo del proceso judicial. El juicio se abrió por 53 víctimas, pero, en otra cuestionada decisión, el juzgado excluyó del proceso a 19 de ellas alegando que no existían “pruebas suficientes” de que hayan estado en el cuartel.

Ricky Laurente, hijo de un desaparecido, dice que siente “rabia” porque el tribunal no reconoció a su papá como una de las víctimas. Él tenía siete meses de nacido cuando secuestraron a su padre durante una redada en las calles de Huamanga. “Hay testimonios de que mi papá estuvo detenido en Los Cabitos, pero los jueces dicen que eso no está probado. Decir que mi papá no estuvo en el cuartel es como decir que él no existió. Eso me da rabia. Son 34 años de mi vida, toda mi vida, que no sé lo que pasó con mi papá, no sé cómo murió, qué le hicieron, no sé si lo han enterrado o han quemado su cuerpo. Quiero saber qué pasó”, reflexiona Ricky en conversación con PáginaI12. 

Adelina García también viajó a Lima a escuchar la sentencia. Su esposo, Zósimo Tenorio, es uno de los desaparecidos. Fue secuestrado de su casa en Huamanga en diciembre de 1983 y llevado a Los Cabitos. Ella tenía 20 años y una hija que no había cumplido un año. Le dice a este diario que salió decepcionada con la decisión del tribunal: “Hemos esperado tantos años y solamente han sentenciado a dos personas. No estamos de acuerdo con eso. ¿Acaso solamente dos han sido los que estaban al mando de eso? No, los culpables son muchos más”. 

“A pesar de las fallas que tiene esta sentencia es un importante paso contra la impunidad. Es una sentencia histórica porque ha quedado establecido judicialmente que en Ayacucho la detención ilegal, la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición, eran una práctica sistemática y generalizada del ejército”, sostuvo a este diario Gloria Cano, abogada de las víctimas y directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Cano precisa que apelarán el fallo del tribunal de absolvera un acusado,el que se haya excluido a 19 víctimasy la decisión de no condenar por desaparición forzada a los militares que pasaron a retiro antes que este delito fuera incluido en el Código Penal. Exige celeridad para juzgar los crímenes cometidos en Los Cabitos después de 1983. 

No se ha podido establecer el número de víctimas que pasaron por Los Cabitos. En un terreno contiguo al cuartel, controlado por los militares, se han encontrado fosas comunes con 109 cuerpos;solamente cinco han podido ser identificados.También se ha hallado un horno crematorio usado para quemar los cadáveresy desaparecer la evidencia de la existencia de las víctimas. Pero no todos los muertos alcanzaron a ser incinerados. 

Algunos sobrevivieron al infierno de Los Cabitos. Uno de ellos fue Edgar Timoteo Noriega. “Me ataban las manos atrás y me colgaban, me golpeaban severamente, me sumergían en una tina con agua, me aplicaban descargas eléctricas en el ano (…) En dos oportunidades fui colgado de un helicóptero en vuelo, atado con una soga mientras con el pie era balanceado como un columpio”, es el testimonio que dio ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

“Hemos dado un pasito para conseguir justicia, pero tenemos que seguir, no lo podemos dejar aquí. Vamos a exigir que todos los culpables sean sentenciados”, indica Juana Carrión, hermana de dos desaparecidos y presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep).