Páginai12 En España

Desde Barcelona

¿Se podía haber evitado la masacre en las Ramblas de Barcelona? ¿Cómo? ¿Quién tenía la responsabilidad de hacerlo y no lo hizo? ¿Por qué? Estas  y muchas otras preguntas circulan por las calles de la capital catalana tras el atentado jihadista que causó 13 muertes y un centenar de heridos.

En plena tarea de reconstrucción de los hechos para determinar las causas y los posibles errores que no habrán de repetirse, la pelota caliente de la responsabilidad sobre la seguridad ciudadana, pasa de mano en mano.

Las acusaciones al gobierno de Ada Colau –alcaldesa de Barcelona– no tardaron en llegar. Sólo unas horas después del atentado, cuando la dirigente escribía en su cuenta de Twitter el mensaje “Barcelona ciudad de paz. El terror no conseguirá que dejemos de ser quien somos: ciudad abierta al mundo, valiente y solidaria”, le llovieron tantas respuestas de apoyo como de recriminación por no haber puesto vallas de protección en la entrada de las Ramblas, e incluso numerosas voces de extrema derecha criticaron su activa política de acogida de refugiados por “dejar entrar a potenciales terroristas”.

Más allá de los previsibles comentarios xenófobos de turno, la duda de por qué no se colocó en un punto tan neurálgico de la ciudad como las Ramblas algún tipo de barrera que impidiera el acceso de vehículos se encuentra ahora en el tapete. Sobre todo, a raíz del conocimiento del oficio remitido por la Policía Nacional el pasado 20 de diciembre, al día siguiente del atropello masivo en una feria navideña de Berlín, a todas sus jefaturas, policías regionales y municipales para que instasen a las intendencias a adoptar “medidas de protección física en espacios públicos que impidiesen ataques similares en lugares de alta concurrencia de personas”.

La circular enviada entonces aconsejaba que “la protección de estos espacios públicos se debería llevar a cabo por los ayuntamientos mediante la instalación provisional de grandes maceteros o pilones en los accesos a los mismos que dificulten o impidan la entrada de vehículos”, elementos de los cuales el emblemático boulevard de Barcelona carece. Cuatro días después de que una camioneta atravesara las Ramblas sin ningún impedimento y arrollara a cientos de personas, las tres administraciones implicadas– Gobierno central, regional (Generalitat) y municipal– se debaten sus espectivos papeles en el caso.

El teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, insistió en que “las medidas antiterroristas las determinan los responsables de Interior” y que el Ayuntamiento únicamente “colabora y aplica las instrucciones”. Fuentes municipales precisaron al diario catalán La vanguardia que el papel del Consistorio en este caso es puramente técnico: encargarse de la colocación en la vía pública de las medidas de protección solicitadas. Ante la misiva enviada por el ministerio del Interior después del atentado de Berlín, la Conselleria d’Interior (órgano del Gobierno autonómico de Cataluña) consideró que el refuerzo de la seguridad en el paseo más concurrido de Barcelona debía consistir en un incremento de la presencia policial durante toda la jornada, sin necesidad de elementos de seguridad adicionales como pilones o maceteros.

“La Rambla está cubierta continuamente con patrullas”, defiende el intendente del barrio donde se localiza esta calle, Ciutat Vella, David Martínez. En el momento del atentado había agentes de la policía municipal, que fueron los primeros en dar la voz de alerta a los mandos policiales. En otros puntos turísticos como la Sagrada Família la presencia policial también se reforzó tras el ataque al mercadillo de Berlín y la circulación de camiones de gran tonelaje quedó prohibida en toda la ciudad.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra (el cuerpo policial catalán) también se desmarcaron de la directriz del Ministerio del Interior alegando que la seguridad ciudadana era una competencia de la Generalitat, que convenía “evitar el alarmismo” y que en Cataluña no se había detectado “ninguna amenaza concreta” por parte del jihadismo, según afirmaba Xavier Porcuna, portavoz de los Mossos. “Claro que se bloquearán los accesos a los espacios con aglomeraciones de ciudadanos cuando se considere que esta es la mejor manera de protegerlos, pero no daremos ninguna orden genérica ni indiscriminada”, aseveró entonces Porcuna.

Dichas afirmaciones no dejan de llamar la atención cuando es vox populi que Barcelona lleva tiempo siendo uno de los objetivos del islamismo radical. Los propios Mossos d’Esquadra habían sido advertidos hace dos meses por la CIA del peligro que corría la capital catalana –e incluso, hablaban del riesgo concreto en las Ramblas– tras los atentados perpetrados en otras grandes ciudades europeas como París, Londres o Berlín. 

En cualquier caso, y más allá de a quién le haya correspondido la resolución de no poner protección física en el boulevard barcelonés, la alcaldesa Colau defendió la decisión de no colocar pilones en la Rambla, pese a la recomendación del Ministerio del Interior del pasado mes de diciembre. Colau aseguró en una entrevista a la televisión catalana TV3 que los expertos en seguridad sostienen que aún poniendo barreras físicas en un lugar como el del atentado del jueves, “una camioneta pequeña podría haber entrado a la Rambla por un lateral desde la calzada sin mayores problemas”. La jefa del Gobierno de Barcelona explicó también que no se instalarán pilones en puntos estratégicos de la ciudad o con mucha afluencia de personas porque descarta “llenar Barcelona de barreras”, subrayando que debe seguir siendo “una ciudad en libertad”.Asimismo, Colau insistió en que todas las administraciones trabajan “juntas y de forma coordinada tras el atentado, y que así seguirán”, procurando de este modo zanjar la polémica que puebla las tertulias de los bares y los medios de comunicación.