"Siempre decimos que los responsables de uniforme los fuimos identificando y juzgando, pero con los de traje y corbata, y con los de sotana, ha sido más difícil. Bueno, ahora podemos decir que en este caso vamos por los de traje", definió la abogada de APDH Gabriela Durruty, apoderada de la Biblioteca Vigil. Aludió así al pedido de indagatoria que el fiscal federal Fernando Arrigo presentó el lunes ante el juez federal n° 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, para que se investiguen las responsabilidades de quienes llevaron adelante "el inédito e injustificado proceso de liquidación patrimonial de la Biblioteca Vigil iniciado en febrero de 1977 y continuado ininterrumpidamente hasta el año 2012", según anunció la entidad a través de su página web y redes sociales.
La Vigil, como faro de cultura popular ejemplar a nivel latinoamericano en los '60 y '70, protagonizó un caso paradigmático de lo que significó el terrorismo de Estado en el plano económico y con anuencia del Poder Judicial.
El desguace de la entidad cuya sede perdura en Alem y Gaboto comenzó en febrero de 1977, cuando irrumpió en persona el genocida Agustín Feced para desarticular la comisión directiva presidida entonces por Augusto Duri, y desmantelar su obra y su patrimonio.
El fiscal Arrigo formalizó el pedido de indagatorias a una serie de personas a imputar como responsables del saqueo, y que quedó en suspenso en el expediente n° 30/12 sobre "robo calificado, extorsión, estafas, defraudaciones y otros".
La intervención iniciada hace 46 años ordenó la liquidación de la Mutual con el objetivo de escarmentar un modelo de gestión cultural inadmisible para la idiosincrasia del régimen represor, pero también de robar todo lo posible, sintetizó Durruty.
Peor aún es que la intervención continuó bien entrada la democracia, y por lo tanto el saqueo de numerosos bienes e inmuebles, incluso valiosos terrenos en la ribera de Villa Gobernador Gálvez, siempre con anuencia de la Justicia provincial.
En el tribunal federal, Bailaque incluyó en las causas denominadas Feced III y Feced IV los delitos de lesa humanidad por el secuestro, tormentos y persecución infligidos a los miembros de la comisión y gestores culturales de ese momento. Pero el desguace patrimonial sigue sin juzgamiento.
De la reconstrucción de pruebas ventilada en las causas Feced, la Fiscalía clasificó constancias sobre "la destrucción y apropiación de bienes tasados en cifras millonarias con la complicidad de diversos ámbitos estatales y particulares en tiempos de dictadura y democracia".
"Esto es lo novedoso, porque se podrá imputar a personas que hasta ahora están impunes y tienen responsabilidad en la administración fraudulenta de todo este proceso", valoró la apoderada de la Vigil.
"La calificación provisoria intentada por fiscalía es 'defraudación fraudulenta'. Los delitos económicos también deben ser investigados. Sabemos que es difícil porque los procesos de memoria, verdad y justicia se enfocaron sobre los delitos contra la integridad de las personas, pero acá estamos en condiciones de avanzar seriamente en delitos económicos cometidos que claramente también son de lesa humanidad y son imprescriptibles por lo tanto. Forman parte del genocidio cultural desplegado contra Biblioteca Vigil. Y que comenzó a partir de marzo del 77 pero que traspasó el techo de dictadura y el vergonzante desguace con anuencia judicial prosiguió aún entrada la democracia", enfatizó Durruty.
"Esto –concluye el comunicado de la Vigil– es un significativo avance de la causa para que se investiguen las responsabilidades en la destrucción material y simbólica de un proyecto popular, educativo, artístico, cultural y cooperativo de características únicas en nuestro país".
