La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción ayer a un proyecto de ley del Ejecutivo Provincial que modifica el artículo 34 de la Ley 7.141, y establece que los informes de impacto ambiental y social, que presentan los titulares de los derechos mineros antes del inicio de sus actividades, y sus pedidos de renovación bianuales, serán evaluados íntegramente por la Secretaría de Minería de la provincia.
La modificación consiste en que actualmente este informe se presenta en el Juzgado de Minas, que lo remitía a la Secretaría de Minería para que lo revisara y se lo devolviera. Al presentar el proyecto el presidente de la Comisión de Minería, Lino Yonar (del bloque oficialista Gustavo Sáenz Conducción), aseguró que con el cambio se busca agilizar el proceso con la desburocratización de los expedientes que se presentan en el Juzgado de Minas, acompañar de esta manera la dinámica de la actividad minera actual y a la vez establecer un control y una fiscalización más eficiente.
La modificación prevé que en todo trámite inicial, el informe de impacto ambiental y social deberá ser presentado ante la Secretaría de Minería y Energía, igual que la actualización bianual prevista por el artículo 256 del Código de Minería. Esta Secretaría de Minería y Energía informará al Juzgado de Minas sobre la aprobación de los informes para agregar en el expediente judicial.
Yonar dijo que esta Secretaría de Minería remitirá el informe de impacto ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente para que se expida. “De esta manera brindamos una participación más preponderante a la Secretaría de Medio Ambiente, con la finalidad de preservar un desarrollo de producción minera sustentable en las regiones donde se realiza este tipo de actividades”, dijo. Sin embargo, este punto generó una discusión en el recinto, porque la opinión del área de Ambiente no será vinculante, incluso una diputada y un diputado, del bloque Todos, se abstuvieron de votar el proyecto porque el oficialismo no aceptó aprobar que el informe fuera vinculante.
La propuesta del oficialismo venía recibiendo discursos de aprobación hasta que diputados del norte salteño iniciaron el debate. El primero fue Santiago Vargas (Unión Salteña). Dijo que por provenir "de un departamento (San Martín) donde se explotó el gas y el petróleo y el daño ambiental ha sido muy grave” considera que se deben cuidar “algunas cuestiones” y pidió en nombre de su bloque que se modifique el proyecto para que la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente sobre los informes de impacto ambiental y social que presenten empresas mineras sea vinculante. Repasó en este sentido que el proyecto del Ejecutivo dice que no sería vinculante pero "su desestimación debe ser debidamente fundamentada”. “Eso nos hace entender que este informe” que “haría la Secretaría de Medio Ambiente no tendría sentido”, afirmó.
Otro miembro de su bloque, Matías Monteagudo, también de San Martín, adhirió a esta posición, y cuestionó el apuro por aprobar el proyecto. Dijo que eso “llama un poco la atención”, sobre todo porque hoy mismo se inicia una agenda de reuniones con empresas mineras y funcionarios de gobierno en las que podría haber sido enriquecido. Otro de San Martín, aunque del bloque Todos, Jorge Restom, cuestionó que el informe no será vinculante.
Se les sumó un representante del departamento Capital, el diputado Roque Cornejo (Ahora Patria), que adhirió a la propuesta de Vargas y agregó otro pedido de modificación: que esos informes de impacto ambiental y social de las mineras sean accesibles a la ciudadanía, "la cual por nuestra Constitución tiene un interés legítimo” en esta actividad.
Y el diputado Enrique Sansone (también de Capital y del bloque Salta Tiene Futuro), cuestionó que a pesar de que el proyecto pasa al Ejecutivo una actividad que ejercía el Poder Judicial, no se haya convocado a opinar a la jueza de Minas, Victoria Mosmann. Y criticó que el informe del área de Medio Ambiente no sea vinculante.
Por otro lado, Sansone reconoció que actualmente el proceso para la aprobación de proyectos mineros es engorroso. Añadió que hay acciones de la minería "que le hacen mucho daño al suelo” y aseguró, ya en calidad de propietario de una mina, que "a veces" en una Secretaría “es más fácil hacer lobby que en la justicia, es casi imposible hacer lobby en la justicia, lo digo por experiencia”.
Varios legisladores intervinieron a favor de la iniciativa, entre ellos, la diputada Cristina Fiore (de Capital, y del bloque Confluir), que aseguró que actualmente en los trámites para la aprobación de proyectos mineros o la revisión del impacto ambiental y social el Juzgado de Minas no tiene ningún valor agregado en el circuito de aprobación, ya que solo son remitidos a la Secretaria de Minería y Energía, y este organismo es el que aprueba o rechaza esa petición, con lo cual la modificación aceleraría los trámites.
Finalmente, el proyecto de aprobó por amplia mayoría, con la abstención del bloque Todos, integrado por la diputada Jorgelina Suárez (Orán) y Jorge Restom, y pasó al Senado para su tratamiento.
tres proyectos de Ley, seis proyectos de Declaración, más un paquete de catorce proyectos de Resolución y Declaración, y una serie de pedidos de informes.
