La comunidad de la Escuela de Educación Técnica N° 625 “Carlos Guido y Spano” volvió a reclamar la expropiación del edificio. En el marco de un abrazo solidario realizado este miércoles denunció que, a un año de sancionada la ley en la Legislatura santafesina, el gobierno provincial no giró los fondos para efectuar la operación. Ante ese panorama, alumnos y docentes señalan que los dueños del inmueble buscan avanzar con medidas legales para desalojar la escuela. “Hace más de un año que estamos sin saber qué pasa”, reclamaron desde el centro de estudiantes.
Este miércoles al mediodía los alumnos de la escuela secundaria Guido y Spano sacaron los bancos a la calle. Los pusieron en fila cortando calle córdoba a la altura de Callao, donde colgaron una bandera con un mensaje para el gobierno provincial: “¿Perotti, por qué no cumplís la ley?”. Luego leyeron un documento pidiendo nuevamente respuestas a un reclamo que no es nuevo: la expropiación del edificio al que asisten alrededor de 700 alumnos.
La escuela funciona en una casona antigua que el Ministerio de Educación alquila desde hace tiempo. Pero el año pasado, los dueños del inmueble manifestaron su voluntad de no renovar el contrato con intenciones de venderlo. Ante esa situación, la Legislatura santafesina avanzó con una ley de expropiación impulsada por Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) en Diputados y Miguel Rabbia (justicialismo) en Senadores. A mediados de 2022 el proyecto tuvo sanción definitiva.
Sin embargo, desde el Ejecutivo aún no se efectuó la expropiación. “Hace más de un año que estamos sin saber qué pasa. El jueves de la semana pasada los dueños nos dijeron que ya no estaban dispuestos a seguir esperando una solución. Y que si no se solucionaba a la brevedad, la idea era el desalojo”, comentó Luz Frutos, vicepresidenta del centro de estudiantes. “Hay una ley y queremos que se cumpla. Y hacemos este reclamo para que nos escuchen”, agregó.
En la misma línea, Lula Pezzoto, presidenta del centro, marcó la importancia de la escuela técnica en la comunidad rosarina, destacando su modalidad orientada al diseño y la comunicación multimedial: “Solo hay tres escuelas en toda la provincia con esta modalidad, que se elige cada vez más. Es un lugar céntrico al que llegan todas las líneas de Rosario y además es muy difícil encontrar un edificio que tenga tanta capacidad y que se adapte tan bien a la tecnicatura de la escuela”.
Acompañamientos
Durante la jornada, el diputado provincial Carlos Del Frade recordó que el proyecto de expropiación del edificio se presentó tres veces consecutivas, antes de ser aprobado en 2022. “Requirió de mucho trabajo entre ambas cámaras para lograr consensos. Por eso ahora pedimos que el gobernador cumpla con la expropiación”, expresó y agregó: “Los dueños exigen el pago, incluso de los alquileres que se le deben, y dijeron que van a avanzar con medidas legales para desalojar la escuela, lo que sería una bestialidad”.
Según el dirigente, la respuesta que dan desde el gobierno es que se está avanzando con cuestiones burocráticas que demandan sus tiempos. Pero la respuesta no conforma a la comunidad educativa. “Solo falta que paguen y no entiendo por qué no lo hacen. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto de 231 mil millones de pesos; la provincia, de más de un billón de pesos. Los propietarios hablaron de una posibilidad de desalojo. No tiene sentido que no paguen”, evaluó.
En el lugar también estuvo presente la diputada provincial Claudia Balagué, quien fue ministra de Educación entre 2012 y 2019, y que hoy comparte las filas del Frente Amplio por la Soberanía junto a Del Frade. La dirigente lamentó las demoras en la expropiación, pero destacó la lucha llevada adelante por toda la comunidad educativa: “Es muy importante que los estudiantes defiendan la escuela. Vemos una apropiación del sistema educativo que es clave, porque sin que los jóvenes luchen por la educación pública, no vamos a ir a ningún lado”.
En tanto, Rabbia aseguró que está todo dado para que el edificio pase a ser parte del Estado. “Sabemos que la situación presupuestaria viene compleja, pero creemos que el Ejecutivo podría destinar los recursos para esta escuela en vez de avanzar con otros proyectos que tiene en curso”, expresó el senador departamental. “Para nosotros es fundamental que este edificio, hoy privado, sea parte de la estructura pública de la educación, porque acá se pueden resolver demandas educativas del presente y del futuro, como es educación en robótica e informativa, además de hacer funcionar su modalidad audiovisual”, añadió.
Asimismo, recordó que la ley de expropiación tiene vigencia hasta mediados del año que viene. En ese sentido, el dirigente acercó una carta remitida por el candidato a gobernador por el peronismo, Marcelo Lewandowsky, manifestando su apoyo al reclamo: “En caso de no resolverse la compra del edificio en esta gestión, él se compromete a hacerlo en el año próximo. Tenemos hasta julio de 2024”.
Por su parte, los gremios docentes también formaron parte del abrazo solidario acompañando a los alumnos y docentes. Para Roque Jaimes, referente de Amsafe, la situación responde a una “continuidad política del gobierno de no invertir en la escuela pública”. En esa línea, el dirigente sindical cuestionó que no haya respuesta de los funcionarios ante un reclamo que lleva tiempo.
“Es realmente tremendo que con lo que viene pasando, donde se acercan las opciones que menos van a invertir en educación, los que están hoy tampoco demuestren algo muy diferente”, cuestionó. “Acá ya estaba resuelta la expropiación y no se dio. Es grave porque no sabemos qué va a pasar el año que viene y entendemos que las gestiones actuales de todos los estamentos gubernamentales tienen que asegurar más presencia del Estado ante el huracán liberal que está emergiendo”, sintetizó.
