La familia de Santiago Maldonado apeló ayer ante la Cámara Federal de Apelaciones la sentencia del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, quien sobreseyó el pasado 11 de agosto a todos los gendarmes que eran investigados en la causa por la desaparición y muerte del tatuador anarquista, ocurrida en 2017 durante la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen, que cortaba la ruta 40 en protesta por el encarcelamiento de su lonko Facundo Jones Huala.
"Como hace seis años, seguimos presentando todos los recursos para impedir la impunidad. Hoy apelamos la sentencia que nuevamente pretende cerrar la causa, con el mismo juez y las mismas dudas que en 2018", comunicó el mayor de los hermanos Maldonado a través de un hilo de la red social Twitter donde adjuntó el documento de la apelación.
Asimismo aseguró que seguirán exigiendo "un juez imparcial, una investigación exhaustiva, convocar a los imputados, la reconstrucción de los hechos y conocer a los testigos citados a escondidas nuestras". La familia de Santiago expresó que Lleral mantuvo "incólume su decisión" del 29 de noviembre de 2018, momento en que cerró la causa afirmando que "Santiago se había ahogado" sin la intervención de terceros.
El fallo emitido el pasado 11 de agosto por el mismo juez, favoreció al gendarme Emmanuel Echazú, que estaba acusado por la supuesta desaparición forzada de Maldonado, y a los agentes Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, quienes eran señalados por haber cometido delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público, tal como informó Página12 al cumplirse 6 años del hecho que conmovió a grandes sectores de la sociedad. De hecho, las multitudinarias movilizaciones por la aparición de Santiago lograron que no engrosara la lista de desaparecidos de este país.
Lleral afirmó que a los gendarmes investigados y todos sus compañeros que participaron del operativo de desalojo "ni siquiera se les puede dirigir el reproche de un hipotético abandono de persona en perjuicio de Santiago Andrés Maldonado, pues, tal como se dijo, no existe elemento de prueba alguno que permita sostener ese juicio de tipicidad y esa atribución penal". En la misma resolución con la que dispuso los sobreseimientos, Lleral decidió "dejar sin efecto la reconstrucción virtual y la pericia tecnológica oportunamente dispuestas a través del decreto de fecha 28 de octubre de 2022". Se trata de una medida que él mismo había ordenado.
"No cumplió ninguna de las medidas ordenadas. Insiste en su 'verdad' construida a partir de elementos probatorios que solo él conoce, por ejemplo a Lucas Naiman Pilquiman. Sin este testimonio esa 'verdad' queda totalmente vacía. ¿Por qué no se lo convocó a una audiencia?", denunció Sergio Maldonado. Además cuestionó: "¿Por qué se impide que Sergio Maldonado conozca a quien, según Lleral, fue la última persona que vio con vida a su hermano? ¿Cuál es el perjuicio de citarlo para que las partes lo conozcamos y lo escuchemos? No ha sido evitar dispendio jurisdiccional ni dilaciones procesales".
Maldonado remarcó que luego de cinco años se dictó "la misma sentencia, con el mismo juez y las mismas pruebas. Misma impunidad". Y aclaró que "la apelación no significa desistir del trámite ante la (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) CIDH en el Caso 14.896, Santiago Andrés Maldonado. Solo da cuenta de nuestra inagotable búsqueda de verdad y justicia".
Al juez Lleral tampoco le hizo modificar su postura el testimonio de la profesional civil del escuadrón 36 de Gendarmería, en Esquel, que declaró con su nombre y apellido pero que tras haber conversado con Página/12 pidió reserva de identidad, la testigo D. Los días posteriores al operativo en Cushamen ella afirma haber escuchado a los gendarmes decir: "Detuvimos a un hippie, lo llevamos al puesto de Benetton para sacarle información". Hija y sobrina de gendarmes, la mujer declaró ante la fiscalía federal de Federico Baquioni el 3 de mayo, tras lo cual recibió protección pero tuvo que mudarse de Chubut a otra provincia.
