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La intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) de Patricia Bullrich, que dispuso hace más de un mes el Ministerio de Justicia, quedó en suspenso por una decisión de la Sala M de la Cámara Civil. Era lo que pedía la asociación que encabeza la candidata presidencial, que ahora está formalmente de licencia por la campaña. La disputa trasladada al terreno judicial muestra como resultado que la interventora, Norma Cristóbal, no sólo no pudo ingresar a las oficinas de la entidad sino que ni siquiera pudo asumir el cargo. La medida para separar a la administración y representación por 180 días había sido requerida en un comienzo por la Inspección General de Justicia (IGJ) después de denunciar que el IEES -institución, en teoría, sin fines de lucro- era utilizado para solventar la campaña electoral de Bullrich. Detectó, según informó, que organizaba encuentros/comidas que eran presentados como seminarios pagos a menudo con empresarios y el dinero recaudado a la vez utilizado para pagar los gastos de las actividades proselitistas.
La decisión de poner la intervención en suspenso fue firmada por los jueces María Isabel Benavente, Carlos Calvo Costa y Guillermo González Zurro. Esto será así hasta que resuelvan el planteo del IEES que, a través de la abogada Silvina Martínez, pide rechazar la intervención. Los camaristas tienen esa opción, o bien confirmarla o disponer algún otro camino alternativo como una veeduría. Por lo pronto, la situación actual implica que la interventora no puede actuar. Es algo paradójico porque tampoco lo pudo hacer hasta ahora por distintos impedimentos del propio instituto y de un sistema de justicia funcional. El día que se presentó en las oficinas de Avenida de Mayo 953, luego de mandar una carta documento para avisar que asumiría la intervención, se encontró con un cartel que decía que estaban de vacaciones de invierno desde el 24 hasta el 31 de julio.
Batalla epistolar
Desde el comienzo se generó una suerte de guerra de cartas documento entre la interventora y el instituto. La última que éste le mandó a Cristóbal, a raíz de la suspensión de la intervención, le exigía que en 48 horas informara todas las gestiones que había llevado adelante en este tiempo en relación a la asociación civil. Como quedó a la vista, no pudo hacer nada. Lo que detectó Cristóbal, solo sobre la base de datos de la AFIP, fueron algunas cuestiones anómalas. Por ejemplo, que cuando alegaba vacaciones, el IEES siguió emitiendo recibos (al menos por 90 mil pesos, 300 mil y 5 mil pesos) y que no tiene personal en relación de dependencia, pero se pagan tareas para la entidad. En una carta documento adicional, le dijeron que en realidad no habían estado de vacaciones sino trabajando en otro lado.
A la primera carta documento que la interventora dirigió a Bullrich y al Instituto, la respuesta fue que la entonces precandidata presidencial (ahora candidata) había tomado licencia, y que en su lugar quedó Martín Siracusa quien, sin embargo, no estaría inscripto como presidente. Cristóbal pidió llaves para ingresar a las oficinas, acceso a información y documentos. La respuesta fue que ya estaban en el expediente de la IGJ. Les dio un plazo, pero nunca entregaron nada porque apuestan a que se revoque la intervención. Mientras tanto, tampoco hay un juez/a definido para el expediente ya que discuten a quien le corresponde entre la jueza Alicia Alvarez y el juez Carlos Goggi. Alvarez había dicho, en un comienzo, que la IGJ no podía hacer la intervención pero que podía hacerla el Ministerio de Justicia.
"Estamos ante una justicia que cuida los intereses de Juntos por el Cambio. Se llama protección a (Mauricio) Macri y a sus esbirros. Pasaron 32 días y no se pudo iniciar la intervención. Cristóbal ni siquiera pudo tomar posesión del cargo", dijo a este diario Ricardo Nissen, titular de la IGJ.
Irregularidades
La denuncia original de lnspección general advertía que el IEES solo en 2022 había recibido 90 millones de pesos de los "seminarios" o "almuerzos" organizados por Bullrich en distintas provincias, donde los medios contaban sin vueltas que iba a hacer campaña. Esas actividades, dirá la IGJ, no tenían nada que ver con el objeto social del Instituto. Parte del dinero también fueron donaciones. Pusieron plata grandes empresas. Entre ellas casinos y empresas de servicios públicos, que no pueden aportar para campañas. De hecho, la IGJ también hizo una denuncia penal por posible defraudación y violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Los seminarios/almuerzos y pedidos de dinero a empresarios habían sido señalados por los diarios Perfil y El Cronista. Otras irregularidades denunciadas eran pagos de honorarios a los propios directivos de la entidad por supuestas consultorías, algo vedado. Incluso cobró la propia Bullrich y hasta su exjefe de campaña, el diputado Gerardo Milman.
En 2019, no le había ido tan bien a la asociación: solo recibió 741 pesos. En 2021 escaló a 5 millones. En 2022, además de la abultada cifra, lo que advirtió la IGJ es que se usaba dinero para pagar viajes, alojamiento, y todo tipo de gastos necesarios para las actividades de Bullrich.
En el último tiempo, la interventora Cristóbal pudo rastrear más datos por constancias registradas en AFIP. Desde comienzos de 2023 y hasta fines de julio había facturado más que el año pasado: 100.539.615 pesos. Hubo seminarios que costaron más de 4 millones. En las últimas semanas sumó 27 millones de pesos más, que aparecen en recibos que no especifican sin son aportes o actividades.
