El reciente fallo judicial que lleva la firma de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que hace lugar a otorgarle carácter de querellante a una ONG denominada Bases Republicanas, de un contundente alineamiento con el macrismo y de una activa militancia antikirchnerista, en una causa mediática en la que fue absuelta Cristina Fernández de Kirchner, no sólo constituye una decisión parcial y facciosa, sino que confirma que hay una justicia para el macrismo y otra para el kirchnerismo.

En efecto, estos mismos camaristas hace poco tiempo rechazaron a la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia que había solicitado ser amicus curiae en la mega causa que lleva adelante el Juez Marcelo Martínez De Giorgi, que razonablemente en primera instancia hizo lugar a esta petición. Ni siquiera reclamamos constituirnos en querellantes, sólo pretendíamos aportar, desde el ámbito parlamentario, una exhaustiva, profunda y detallada investigación sobre lo que fue el Plan Sistemático de Espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia democrática de la Argentina.

Elaboramos un informe, aprobado por la mayoría de la Comisión, que contenía decenas de testimonios de los agentes, en muchos casos confesos, que habían practicado espionaje por encargo de las máximas autoridades de la AFI. Se acumularon infinidad de pruebas documentales, incluidas grabaciones y filmaciones, que estos agentes estatales, en franca violación de la Ley de Inteligencia 25520 intercambiaban entre sí.

Se pudo determinar con certeza que centenares de argentinos vieron su vida privada invadida por este accionar ilegal, entre ellos destacados dirigentes de la vida política e institucional de la Argentina, incluyendo a figuras del ámbito social y religioso.

Toda esta investigación fue volcada en un informe de más de cuatrocientas páginas, denominado El Estado mafioso, que fue elevado y distribuido no sólo en el ámbito propio del Parlamento argentino sino también en entidades defensoras de los Derechos Humanos, Organismos internacionales y hasta en los propios Tribunales de Justicia, Jueces Federales, Camaristas e incluso los miembros de la H. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión de Llorens y Bertuzzi de rechazar el carácter de amicus curiae de una Comisión del Congreso Nacional en una cuestión que afecta derechos y garantías básicas de los ciudadanos, a la vez que ahora acepta, nada más y nada menos que como querellante, a un grupo identificado con una parcialidad política, no sólo es una reiteración de doble vara sino que suma una vergüenza más a la historia del Poder Judicial que, impúdica e impunemente ha decidido tomar partido para ejercer la protección de quienes desde el poder violaron la ley y, a la vez, sumarse a la persecución sistemática de quienes son objetos de sus venganzas disfrazadas de fallos judiciales.

* Diputacional Nacional del Frente de Todos. Presidente de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia.