Tras el cierre un dispositivo de alojamiento transitorio de la ciudad por supuestos malos tratos y vulneraciones, los trabajadores de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario cuestionaron el tratamiento mediático del hecho. Remarcaron que son los primeros en dar cuenta de ese tipo de situaciones y lamentaron la “criminalización” y “exposición” de todo un cuerpo de trabajadores y niños, sin resguardar su identidad. Asimismo, consideraron que la situación ameritaba el pronunciamiento de las autoridades del área, dando explicaciones a la sociedad, debido a las malas condiciones edilicias de las residencias, el bajo presupuesto destinado a niñez y la precarización laboral a la que están sometidos la mayoría de los trabajadores.
A finales de julio, un grupo de vecinos se concentró frente a una de las residencias provinciales que tiene el área de niñez en la ciudad en tono de protesta. La situación se desencadenó luego de que tres niños que se habían escapado del lugar comentaran a los vecinos las malas condiciones del lugar y denunciaran presuntos malos tratos. El hecho generó el cierre de la residencia y abrió una investigación de la Justicia para determinar lo ocurrido.
Pero ante la mediatización del hecho, los trabajadores se vieron en la necesidad de aclarar algunos puntos. Por medio de un comunicado, destacaron “la sensibilidad social” de los vecinos que se hicieron eco de los hechos. Pero al mismo tiempo recordaron que el tratamiento de ese tipo de situaciones cuenta con un protocolo de actuación en el cual “se prioriza el resguardo de las niñas, niños y adolescentes que han sido potenciales víctimas, seguido del proceso judicial correspondiente en el cual se corroboran testimonios, hechos y toda elemento presente que de consistencia a la denuncia o resuelva la inconsistencia de elementos que lo comprueben”.
En diálogo con Rosario/12, Juan Albano, secretario gremial de la junta interna de ATE Niñez Rosario, confirmó que las situaciones denunciadas públicamente se encuentran en el ámbito de la Justicia, siguiendo el protocolo previsto. En ese marco, apuntó contra las autoridades del organismo, a quienes reclamó presencia en el lugar de los hechos “para explicarle a los vecinos cómo son los procedimientos en casos que sucedan algún tipo de vulneración”.
“Si no hay una voz rectora que ordene la situación, en realidad se cae en el espontaneísmo y lo que se pone en amenaza, y en riesgo de vida verdaderamente, son los niños, niñas y adolescentes, porque están en un alojamiento donde se les debe resguardar la identidad. Entonces dar el nombre del alojamiento ya es una vulneración”, explicó el dirigente gremial.
Asimismo, aclaró que fue por iniciativa de los propios trabajadores que en 2021, ante una denuncia del mismo calibre, se elaboró un protocolo de actuación “donde se resguarda la identidad de los trabajadores, se les informa a las autoridades y se garantiza la celeridad del procedimiento hacia lo judicial sin que se exponga a los niños, niñas y adolescentes, y sin que haya ningún tipo de amedrentamiento a los trabajadores”.
“Faltó una voz rectora que explique a la sociedad cuáles son los procedimientos, que se conozca que no hubo denuncias previas de este caso particular, que diga que se va a investigar y que aclare que no se puede apuntar contra todos los trabajadores en caso de que exista alguna vulneración”, expresó y agregó: “Nos llama la atención que se apunte a los trabajadores cuando son los que elaboramos este protocolo para actuar cuando somos testigo de un hecho de vulneración”.
Condiciones precarias
Los trabajadores de niñez vienen denunciando las condiciones precarias en la que desempeñan su labor desde hace tiempo. Sostienen que algunas de las residencias tienen más chicos de los que su capacidad permite y que la inversión en infraestructura es nula. También remarcan que las inspecciones por los diversos hogares prácticamente no existen. “La gestión de turno es la que pone gente en la dirección de monitoreo de condiciones de alojamiento, entonces es como controlarse a sí mismo. Y el cuerpo necesario para ocupar esa dirección no está garantizado, lo que hace que las tareas no se cumplan al 100%. Pero tampoco hay una circulación ambulante de estas personas”, explicó Albano.
Sí remarcó que hay una mayor articulación en el trabajo de la Defensoría del niño, niña y adolescente, aunque consideró que la situación tampoco cambia demasiado: “Funciona con menos de diez personas y la mayoría están con contratos muy precarios. No cuenta con las capacidades institucionales para hacer recorridas por todos los espacios ni de entrevistar a todos los chicos. Lo que hay son informes que pueden venir tanto de trabajadores, como de directivos, como de la sociedad civil, en relación a que se esté dando una vulneración hacia un niño”.
Otro de los aspectos que denuncian los trabajadores del área es que cobran salarios que nunca superan la línea de pobreza. “Nuestros sueldos rondan los 90 mil pesos y eso repercute en el funcionamiento del área. Un trabajador que cobra bien seguramente no tenga que trabajar en otro lugar y no disponga de más tiempo ni energía para formarse. Si uno está desgastado es muy difícil mejorar la situación de esos chicos que traen una historia muy compleja detrás”, describió.
Por último, para Albano uno de los primeros pasos para que la situación en Niñez mejore es el pase a planta permanente de sus trabajadores, un pedido recurrente del sector que se tradujo en numerosas movilizaciones. “Eso garantiza dos cosas. Primero que la persona tenga una estabilidad económica, que puedan organizar su mes, que tengan condiciones de vida saludables. Pero además la relación de dependencia obliga tanto a los directivos como a los trabajadores a cumplir con tareas y funciones específicas que impactarán de lleno en el sistema”, expresó y agregó: “También es necesaria una mayor transparencia en el presupuesto del área. Saber para qué se usa el dinero, porque está claro que en las condiciones edilicias no se refleja”.
