El pasado 12 de agosto expiró la primera prórroga impuesta a la detención de Alberto Nallar por el Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Roberto Fernández. "Hace cinco días que permanezco bajo privación ilegal de mi libertad porque vencieron los plazos de mi prisión domiciliaria", dijo a Salta/12 el abogado. 

Nallar adelantó que hoy se presentará ante el juez Fernández para resolver su situación, sea que se defina por la libertad o por la continuidad de la privación de su libertad en prisión domiciliaria. "El problema no es mi caso: el problema es que no hay justicia independiente", insistió. "La verdadera causa es la (nueva) Constitución, porque es nula. El gobernador (Gerardo Morales) cometió el delito de violar todas las prohibiciones constitucionales", aseguró.

Ante la demora en la causa contra Nallar, Amnistía Internacional y Andhes presentaron ayer una solicitud de llamamiento urgente ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que este organismo intervenga a favor de Nallar. La misma solicitud fue remitida también a la Relatoría Especial sobre los derechos a la reunión pacífica y de asociación, a la Relatoría Especial sobre independencia de los magistrados y los abogados, y a la Relatoría Especial sobre la liberta de opinión y de expresión. Las tres dependen de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

Por otro lado, Anmistía lanzó una acción global para que sus seguidores envíen una carta dirigida al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. Un modelo está disponible en la web de Anmistía Internacional para la ciudadanía interesada. En cada carta a enviar, se dejará constancia ante el fiscal general jujeño de la preocupación individual por la detención y persecución a Alberto Nallar.

"Lo que hacemos de manera conjunta es describir la circunstancias que se vienen sucediendo en la provincia de Jujuy, el contexto de las detenciones arbitrarias y de la criminalización de la protesta social en esa provincia", explicó a Salta/12 Florencia Vallino, Directora Ejecutiva de ANDHES. "La detencion de Alberto Nallar en el marco de una prisión preventiva domiciliaria, imputado por delitos como sedición o alzamiento público, por haberse presentado en los cortes de ruta asesorando a los y las comuneras", enumeró Vallino, "es una criminalizacion del quehacer profesional de abogados y abogadas que asesoran comunidades". A su entender, el accionar del gobierno de Jujuy configura "una nueva avanzada" que "pone en riesgo la defensa de los derechos humanos en esa provincia".

Asimismo, insistió en que la prisión domiciliaria de Nallar implica "una pena anticipada, contraria al marco jurídico nacional". Explicó luego que "la prisión preventiva es excepcional", es pertinente en casos "ya detallados en el sistema penal" como fuga o entorpecimiento de un proceso en curso. "Nunca se acreditaron las causas por las que Nallar se encuentra detenido", ratificó.

Durante las jornadas del 12 y 13 de julio pasados circuló en Jujuy una lista de abogados y abogadas que serían detenidos por pedido del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. "Esa lista existió", confirmó Florencia Vallino, "y en ese contexto (de incertidumbre) fue privado de su libertad Alberto Nallar", continuó. Recordó incluso que presentaron "un habeas corpus colectivo preventivo" buscando proteger a abogados y abogadas enlistados. Si bien no hubo más detenciones que la de Nallar, ANDHES nunca pudo desmentir o confirmar si el Ministerio Público de la Acusación jujeño aún mantiene investigaciones abiertas sobre los y las letradas que asesoran a comunidades. 

"Nos encontramos en un escenario de graves violaciones a los derechos humanos", dijo la directora ejecutiva de ANDHES ya sobre el final de la entrevista. "Es importante que los organismos internacionales llamen la atención al Estado argentino", dijo sobre la solicitud de llamamiento urgente presentada ante Naciones Unidas. "Más alla del modelo federal, si se vulneran derechos humanos, se compromete al Estado nacional. Esperamos que la presión marque un límite a la arbitrariedad", concluyó.

Jornada de memoria en la Quebrada 

Ayer se realizaron diferentes actos en Purmamarca, Tilcara y San Roque, paraje este último ubicado a pocos kilómetros del acceso a Humahuaca. Fue un día destinado a no olvidar la represión contra manifestantes ejercida por Policía de Jujuy el 17 de junio pasado. También, a mantener en alto las consignas de las comunidades: abajo la reforma, arriba las whipalas, la defensa del agua contra el extractivismo del litio, y en reclamo de la entrega definitiva de los territorios ancestrales a las comunidades. 

Comuneros y comuneras ayer en el acceso a Purmamarca (Imagen: gentileza Ariel Cruz).

Pese a que fueron desalojados de la ruta el lunes por la madrugada por numerosos efectivos policiales jujeños, en el acceso a Purmamarca, las comunidades indígenas improvisaron una carpa sobre el montículo de piedra y ripio que se transformó en símbolo de la resistencia para quienes sostuvieron los tres cortes. Allí desarrollaron un encuentro artístico, transmitido vía streaming a través del sitio "El arte transforma Jujuy". Fueron actividades desplegadas por músicos, plásticos y bandas de sikus, que no fueron interrumpidas por la policía, aunque gran cantidad de efectivos permanecieron apostados en el monolito de entrada del cruce entre las rutas nacionales 52 y 9. Desde el lunes, una camioneta oficial de la Secretaría de Turismo con trabajadores del organismo, brindan asesoramiento a quienes visitan la localidad, custodiados de cerca por miembros de la fuerza de seguridad provincial. 

En Tilcara, manifestantes marcharon por las calles de esa localidad y confluyeron para un acto en el monolito que se encuentra sobre el acceso a la pequeña villa turística. A diferencia de los días previos, ayer no hubo denuncias de hostigamiento, persecución o represión de parte de la policía jujeña. Lo mismo ocurrió en el paraje San Roque, donde se pudieron desarrollar las actividades programadas sin que la policía intervenga con agresiones físicas o verbales.

El miércoles último un puñado de comuneros y comuneras que decidieron continuar manifestando, fueron hostigados por efectivos de seguridad. Una cantidad exagerada de policías presionó a la mayoría de mujeres, muchas de ellas ancianas, para que abandonaran el espacio de resistencia donde se encontraban. Ya no protestaban sobre la ruta nacional 9, sino sobre una playa del Río Grande, frente al acceso a la localidad turística de mundialmente conocida por el cerro de los Siete Colores. 

El accionar de la fuerza de seguridad provincial fue denunciado por referentes comunitarios ante el destacamento de Gendarmería Nacional próximo al ingreso a Purmamarca. En los relatos, incluyeron momentos de la expulsión de las comunidades la madrugada del lunes 14, cuando fueron desplazadas con violencia, quemando sus pertenencias y sus carpas, desechando comida y víveres, pese a que habían decidido -y comunicado a Gendarmería Nacional- que las rutas permanecerían abiertas para garantizar la libre circulación durante las elecciones del domingo. Tras la derrota de Gerardo Morales en la fórmula que integró junto a Horacio Rodriguez Larreta, el actual gobernador decidió limpiar todo rastro originario de la Quebrada de Humahuaca. Y aunque el intendente de Purmamarca removió la estatua del líder quechua Vitipolco de la plaza de ese pueblo, no logró desactivar todos los cortes. Resisten Abra Pampa y La Quiaca en la Puna y el altiplano andino.