El establishment empresarial en pleno salió a respaldar la avanzada del Gobierno sobre la Justicia. A días de la maniobra en el Consejo de la Magistratura --celebrada por el presidente Mauricio Macri-- para suspender al camarista Eduardo Freiler y habilitar el jury por enriquecimiento ilícito, las entidades emitieron un comunicado bajo el título "Sin justicia no hay República" en el que advierten que "es vital que la propia Justicia funcione de manera transparente para preservar la institución que el Juez representa, tomando las medidas necesarias para asegurar que todos los jueces cuya probidad esté objetivamente en duda, sean investigados y juzgados en forma rápida y efectiva, dentro del marco de la ley".
La Asociación empresaria Argentina (AEA), que controla el Grupo Clarín, Techint y Arcor; la Sociedad Rural Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA) se arrogan el lugar de la transparencia.
"Las entidades que promueven desde sus orígenes los valores y principios de comportamientos éticos y republicanos, expresan su visión sobre el correcto funcionamiento de la Justicia, como requisito indispensable para que haya República", expresaron haciendo caso omiso del rol de los sectores que representan en el último golpe cívico-militar, por citar sólo una de las grandes cuentas pendientes con la historia.
Hace tres semanas, al inaugurar la exposición de la Sociedad Rural, al lado de Macri, Luis Miguel Etchevehere,le había pedido al Presidente que separara de su cargo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó y que removiera a los jueces "corruptos". Ahora, en la embestida común, señalaron que "los jueces, que tienen facultades para decidir sobre la libertad y el patrimonio de las personas, deben mantener comportamientos éticos ejemplares, sin sombra de dudas y ser referentes de ello para la sociedad toda" y, en línea con el discurso oficial prometieron: "De esta forma se generará la confianza necesaria de la ciudadanía en el Poder Judicial y por ende, el clima adecuado para el desarrollo de las empresas y la atracción de inversiones de largo plazo que generen empleo digno y sostenible".
Las entidades empresariales no mostraron ninguna inquietud por la arbitrariedad con la que los consejeros en la Magistratura, alineados con el Gobierno, suspendieron al camarista Freiler aprovechando que la Corte Suprema demoró adrede la jura del reemplazante del senador Ruperto Godoy. Freiler se ganó la enemistad del oficialismo al fallar en contra del cierre de la causa por la apropiación de Papel Prensa y por haber avalado el fallo del juez Daniel Rafecas que desestimó la denuncia del entonces fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum con Irán, que nunca entró en práctica.
