El Estado argentino ordenó la reparación del legajo laboral de Cristina Catalina Galzerano, el primer registro laboral del sector privado que será modificado en base a la Ley de Reparación Histórica que busca ejercer la memoria y asentar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad que sufrieron decenas de miles de trabajadores en todo el país durante la última dictadura. Es que Galzerano fue despedida de la empresa Xerox Argentina a principios de noviembre de 1977 por “abandono de trabajo” tras faltar ocho días seguidos. En realidad, Cristina fue fusilada el 25 de octubre de aquel año, información que la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Trabajo de la Nación indicaron, a través de una resolución conjunta, deberá figurar en el documento que registró el desempeño laboral de la mujer en la empresa.

Cristina Catalina Galzerano entró a trabajar en Xerox el 6 de mayo de 1974. Para entonces, ya militaba en el PRT-ERP, junto a su compañero José Luis Tagliaferro, y criaba un hijo. Se había separado del papá de Esteban algunos años antes. “Su trabajo era independiente de su militancia”, aportó Esteban Santamaría, quien presenció el operativo militar en el que ella fue asesinada, en la madrugada del 24 de octubre de 1977.

Según figura en el telegrama de despido que recibió la mamá de Cristina el 3 de noviembre de 1977, la empresa registró ausencias sucesivas de la joven entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre de ese año. “Comunicamos despido justa causa legal por abandono de trabajo”, indica el certificado que ahora la empresa deberá modificar. Para Esteban, que hoy tiene 52 años, la noticia sobre la reparación es “muy importante porque no repara solo un documento, repara mi vida y mi historia”, sostuvo en diálogo con Página/12.

Él fue uno de les familiares de trabajadores víctimas de la dictadura que dieron testimonio en el Congreso durante el tratamiento de la Ley de Reparación Histórica. Esa norma, aprobada en noviembre de 2021 y regamentada un año después, ordena la “inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras víctimas del terrorismo de Estado que revistaban, al momento de su desaparición, como personal en relación de dependencia del sector privado, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otra causa”.

La reparación del legajo de Cristina Galzerano fue solicitada por la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad en febrero pasado y será, tras la resolución firmada por los secretarios de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y de Trabajo, Marcelo Bellotti, el primer legajo del sector privado en ser reparado en base a esa ley –ya que la reparación de expedientes de empleades públiques viene concretándose desde hace años–. “Es el primer paso que da el Estado en equiparar a los trabajadores del sector público con el privado y en reconocer el de la memoria como un derecho laboral más”, subrayó el titular de la comisión, Julián Scabbiolo. “Como trabajadores tenemos derecho a la reparación de estas circunstancias y también a conocer nuestra historia”, completó.

Recuerdos de un asesinato

En Xerox Argentina, Galzerano hacía tareas administrativas. Fuera del trabajo, se dedicaba a “reconectar a compañeros de células que habían sido atacadas por la dictadura y que estaban partidas”, relató Esteban sobre las últimas actividades de su mamá dentro del PRT-ERP. El 24 de octubre a la madrugada, una patota de “milicos” la fue a buscar a ella y a su pareja a la casa de sus padres. El día previo, un domingo, habían estado intentando encontrarse en Parque Saavedra “con un matrimonio y sus dos hijitos, también militantes, que vivían en el conurbano. Los esperamos todo el día y no llegaron”, contó.

El episodio está claro en su recuerdo: “Cuando anocheció volvimos a Chacarita. Me bañé y cené, mi mamá no quiso comer y José Luis tampoco. Se los veía preocupados. Algo percibían. Mi mamá me acompañó a mi habitación para dormir, estuvimos juntos un rato, ella sentada ahí en la cama. Nos miramos, nos despedimos, cerró la puerta y no nos vimos más. A las horas me despertaron los golpes terribles de la patota”, relató.

Antes de que la patota ingresara en la casa, un PH en la calle Guevara, Cristina alcanzó a escapar. “Le dijo a mi abuela ‘mira, mamá, me vienen a buscar. Te pido que lo cuides a Esteban, cuando yo pueda voy a volver por él’”, pudo construir Esteban, a quien los milicos “a cara descubierta” despertaron apuntándole a la cabeza. Cristina “agarró su chaqueta de cuero y se fue con su compañero por el patio, subieron a la terraza y de ahí empezaron a saltar paredes medianeras”. A él lo llevaron de los pelos con su abuelo y su abuela, les encerraron en una habitación, les insultaron y taparon con una sábana. Mientras se robaban “todo lo que podían”.

La manzana estaba rodeada. Se escuchó el tiroteo. Finalmente, Esteban pudo reconstruir que Cristina y José Luis fueron baleados y apresados, que él estaba gravemente herido y que ella fue fusilada de un tiro en la cabeza ahí mismo, en la vereda frente a su casa. “Viejo, nos mataron a la nena”, oyó Esteban que su abuela le decía a su abuelo, cuando pudieron liberarse de las sábanas y todo ya había ocurrido.

Por gestiones de su padre, Esteban y su familia lograron recuperar el cuerpo de la joven. Luis Gregorio Santamaría integraba el Ejército. Era topógrafo y cumplía funciones en el Instituto Geográfico Militar. “Realizó averiguaciones, le confirmaron que en el operativo de mi mamá había intervenido personal de la Escuela de Suboficiales General Lemos, de Campo de Mayo, y que el cuerpo de mi mamá había sido llevado al cementerio de Grand Bourg”, reconstruyó Esteban. Su padre nunca le dio nombres, algo que aún le reprocha. “Mi viejo nunca me quiso dar detalles. Cuando se habla del pacto de silencio entre los milicos es así, se respetan entre ellos, se cuidan. Mi viejo no podía no saber lo que estaba pasando y tampoco no recordar los nombres de quienes mataron a mi mamá”, lamentó.

El camino de la reparación

Los pedidos de reparación de legajos se pueden presentar de manera gratuita vía la plataforma digital “Mi Argentina” o de manera presencial o por correo en las oficinas de la Comisión (Av. Corrientes 1302, 2º piso, CABA). Entonces, la Comisión abre un expediente en el que la Secretaría de Derechos Humanos certifica la condición de víctima del terrorismo de Estado de la persona por la que se reclama y la Comisión emprende las gestiones para dar con el legajo correspondiente. Una vez dados todos esos pasos, llega la resolución que ordena la enmienda “y la empresa debe repararlo documentalmente”, informó Scabbiolo. La empresa deberá entregar una copia del legajo subsanado a la familia de la víctima, a través de un acto público con participación de la Comisión.

“El día de mañana, cuando ni mi hija ni yo estemos para contar esta historia, no nos tendremos que preocupar, porque habrá quedado oficialmente escrito que mi mamá fue una trabajadora y una militante revolucionaria contra el régimen genocida y su modelo económico de hambre para el pueblo, a la que asesinaron por su lucha -concluyó Esteban-. Mi madre, todos los que han sido detenidos desaparecidos y sus familiares nos merecemos que la historia sea contada con la verdad.”