Se cumplen veinte años de que el Congreso de la Nación declarara la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida que, junto a los indultos de Menem, consagraron la impunidad en la Argentina de los crímenes contra la Humanidad cometidos por la última dictadura.

El 21 de agosto de 2003 era sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada el 2 de septiembre. Sorpresivamente, las cámaras federales de San Martín y de Buenos Aires se hacían eco de la novedad y reabrían las llamadas megacausas ESMA, Primer Cuerpo de Ejército y Campo de Mayo. La rueda de perseguir justicia comenzaba a rodar, para beneplácito de la inmensa mayoría.

Mucho se luchó para llegar a ese día. Desde el mismo momento en que la dirigencia política decidiera que los responsables no debían ser juzgados, los organismos de derechos humanos impulsaron una serie de actividades políticas y jurídicas que contó con el acompañamiento y el compromiso de gremios, organizaciones políticas, sociales, religiosas y profesionales, haciendo del pañuelo blanco de las Madres un símbolo internacional de la lucha por la vigencia de los derechos humanos.

La masiva marcha del 24 de marzo de 1996 sirvió para que la Unión Progresista de Fiscales de España presentara una denuncia en la Audiencia Nacional de Madrid por los crímenes de las dictaduras argentina y chilena, que intensificó el trabajo jurídico y la lucha política para dar a conocer al mundo lo que significó para toda la región la maquinaria de tortura, violación, muerte y desaparición forzada instalada con el visto bueno norteamericano, para cortar de cuajo la organización de la clase trabajadora, sus sindicatos, sus expresiones políticas y sociales.

El de España y los juicios utilizando la nacionalidad de las víctimas, como los de Italia, Francia y Alemania, derivaron en pedidos de colaboración judicial a los gobiernos argentinos y en órdenes de detención de decenas de jerarcas y miembros de grupos de tareas, que fueron sistemáticamente rechazados por Menem, De la Rúa y Duhalde.

Como consecuencia de un reclamo de los organismos de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la ausencia de justicia no debía impedir que se conociera la verdad, lo que dio inicio a los llamados juicios por la verdad, entre los que cabe destacar el realizado en La Plata, en el que tuvo una labor destacada el juez Leopoldo Schiffrin, quien, desde el primer momento, supo que esos juicios contribuirían a derribar el muro de impunidad.

El nacimiento de H.I.J.O.S. aportó nuevas acciones para el reclamo de justicia. Las manifestaciones culturales tomaron un rol destacado y se multiplicaron las marchas para denunciar la presencia de genocidas en los barrios, bajo el lema “Si no hay justicia que haya escrache”.

Las Abuelas continúan buscando a los nietos nacidos en cautiverio de sus madres. Hasta el presente 133 recuperaron su identidad y pudieron conocer su historia.

Los juicios en Europa fueron una herramienta esencial para que la clase política entendiera que el país no debía servir de guarida para sus peores criminales. El empeño de la diputada Patricia Walsh en presentar e insistir en la sanción de una ley que diera fin a la impunidad fue el puntapié inicial. Desde la soledad de su despacho hasta la maduración de la idea que derivó en el debate en el recinto y en su aprobación, cuenta la decisión política de Néstor Kirchner y las innumerables gestiones realizadas por los organismos.

Pasaron veinte años y los juicios continúan, lo que es un motivo de satisfacción y, por qué no, de orgullo, a pesar de obstáculos y contratiempos. Sin embargo, el pacto de silencio fue mantenido por los pepetradores, muchos archivos no fueron abiertos, se desconoce el paradero final de las víctimas y el de muchos chicos nacidos en cautiverio. Pero, sobre todo, los verdaderos beneficiados por esos crímenes, la pata empresaria de la dictadura, quedaron fuera de alcance de las investigaciones. Los grupos Pérez Companc, Macri, Rocca, Fortabat y el sector financiero, entre otros, se beneficiaron con la deuda externa fraudulenta tomada por la dictadura, que, aunque hubo un juez que la investigó, jamás fueron juzgados.

A días de cumplirse 50 años del golpe de Pinochet contra Salvador Allende, las sociedades chilena y argentina se enfrentan a posturas negacionistas que no sólo reivindican la tortura y los campos de exterminio, sino que insisten en quitar derechos a los trabajadores para acrecentar el margen de ganancia de una élite.

 

La lucha continúa para consagrar la justicia y la igualdad, pilares fundamentales para una verdadera democracia.