Desde Río de Janeiro

Sobran temas en el Brasil presidido por Lula da Silva, y que está por llegar al final del octavo mes de su tercer mandato.

La economía se recupera, la devastación de la naturaleza se redujo a niveles mínimos, el país volvió a ocupar un espacio en el escenario internacional, las artes y la cultura volvieron a ascender, o sea, tiempos de normalidad luego de los cuatro años del peor y más corrupto presidente de toda la historia de la República.

Pero pese a eso, en los últimos días – y especialmente desde el pasado jueves – la atención se volcó sobre las figuras del desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro y su pandilla familiar.

Llovieron nuevas y contundentes denuncias de corrupción, con datos puntuales sobre la venta de joyas –en especial relojes de alto valor– recibidas como regalo durante su mandato presidencial.

La legislación brasileña establece que regalos cuyo valor no supere los ochenta dólares pueden ser incorporados a los acervos personales de los mandatarios. Los que superen tal valor deben ser agregados al patrimonio de la Unión. Pues Bolsonaro vendió relojes y joyas por valores todavía no confirmados, pero que superan fácilmente los sesenta mil dólares.

En paralelo a ese escándalo, el pasado jueves surgió otro, cuando el hacker Walter Delgatti admitió, durante audiencia en la Comisión Parlamentar de Investigación, en el Congreso, haber recibido pedidos directos de Bolsonaro para intentar violar las urnas electorales electrónicas, además de infiltrarse en el teléfono celular del juez Alexandre de Moraes, actual presidente del Tribunal Superior Electoral e integrante del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la Justicia.

Delgatti, quien está preso por otros crímenes, admitió que no logró violar las urnas electrónicas, y que frente a eso Bolsonaro le pidió que emitiera una falsa orden de detención contra el magistrado.

El denunciante es un mentiroso contumaz, argumentó Bolsonaro, y es cierto. Pero ya lo era cuando fue contactado por el entonces presidente para actuar como infiltrado junto a autoridades e instituciones, como el Consejo Nacional de Justicia.

El pasado viernes, Delgatti fue interrogado por la Policía Federal, y no sólo repitió las acusaciones, también reveló una grabación en que una asesora de la diputada bolsonarista Carla Zambelli le anuncia el pago por sus servicios, de alrededor de ocho mil dólares.

Es decir: en una semana se despejó una avalancha de denuncias contra el ultraderechista. Si ya estaba impedido, por determinación del juez Alexandre de Moraes, de participar en disputas electorales en los próximos ocho años, ahora corre el grave riesgo de ser denunciado y detenido.

Por cierto, esa expectativa se viene repitiendo desde hace rato. Pero ahora hay indicios de que el cerco alrededor del exmandatario se cierra cada vez más y en velocidad creciente.

¿Cuáles indicios? Bueno: fueron aprehendidos los celulares de Federico Wassef, uno de sus abogados, quien ya confesó haber ido a Estados Unidos a comprar un reloj que había sido vendido por Mauro Cid, el coronel que fue el asesor más cercano a Bolsonaro.

Tal reloj había sido un presente de Arabia Saudita. Lo compró para que fuese posible obedecer a una determinación del Tribunal de Cuentas de la Unión, de incorporarlo al patrimonio público, tal como dice la ley.

Es inmensa la expectativa de los investigadores sobre el contenido de los aparatos, especialmente de uno que era usado exclusivamente para que Wassef hablase con Bolsonaro.

Por lo que se ve, Lula seguirá avanzando en su gobierno. Pero el desequilibrado ultraderechista se mantendrá como centro de atención.