El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodriguez salió al cruce frente a las propuestas de desfederalizar el narcomenudeo en la provincia, porque básicamente llenaría las cárceles de presos por delitos menores, separarían investigaciones en dos fueros distintos, y se harían de la mano de una policía que está cuestioanda. 

Rodríguez criticó "las iniciativas de corte punitivista, que suelen pedir la presencia de más fuerzas federales en el terreno provincial, y que tienen por objeto poner en agenda la 'provincialización' de las investigaciones y enjuiciamientos sobre el 'narcomenudeo', sin reparar en los efectos nocivos que provocaría la monopolización de tareas en una policía provincial respecto de la cual se encuentra pendiente un serio proceso de reforma y profunda depuración".

Para el funcionario federal "el deslinde de investigaciones de menor cuantía respecto de aquellas complejas, atenta contra la lógica elemental que persigue el descubrimiento de la verdad, ya que -por ejemplo- toda organización dedicada al tráfico de drogas necesita la concatenación de actos para concretar uno de sus fines más importantes: poner el material prohibido en los centros masivos de consumo".

"Bajo esa premisa -agregó en un artículo de reciente publicación en una web de contenido judicial- una investigación fragmentada corre el riesgo de no comprender la real dimensión del caso concreto (pues la rotura de esa cadena de responsabilidades afectaría, a título ilustrativo, la correcta aplicación del agravante del artículo 11 inc. "c", y también, la adecuada apreciación del tipo penal que reprime la organización o financiación del artículo 7, ambos, de la ley 23.737), a lo que ahora agrego, tampoco serviría para diferenciar supuestos donde las estructuras delictivas se aprovechen de personas afectadas por consumos problemáticos".

En esa línea Rodríguez destaca que "además, este distrito en particular fue recientemente considerado por el Congreso Nacional al dictarse la ley 27.715 titulada 'Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe', lo cual indica que la falta de estructura judicial para afrontar las tareas que demanda la atención del 'narcomenudeo', ya no puede válidamente ser invocada para justificar el traspaso de la competencia".

Por último, el fiscal federal santafesino interpretó que "la multiplicación de detenciones preventivas que pretenden los reformistas del narcomenudeo, sólo provocaría un aumento de ya saturada población carcelaria de bajo perfil, lo cual no sólo sería imperceptible a los efectos del mejoramiento de las políticas públicas de seguridad en función de su relativa influencia, sino que además implicaría la ilusoria construcción de aparentes soluciones afianzadas a partir de una mayor eficacia del sistema sancionatorio, cuando en realidad en nada conmovería a las estructuras criminales que se retroalimentan de la mano de obra fácilmente sustituible, hecho que irremediablemente se agravará si se persiste con la idea de desatender obscenamente el financiamiento de todas las áreas neurálgicas ligadas al consumo problemático".

El fiscal Rodríguez identifica un conflicto entre el enfoque de salud y el castigo penal en el tratamiento de consumidores de drogas. En ese sentido, destaca la Ley 23.737, que establece medidas de seguridad curativas para quienes cometen delitos bajo la influencia de drogas y argumenta que esta mezcla de salud y penalización contradice el derecho a la autodeterminación y resalta la necesidad de considerar tratamientos adecuados y respetuosos de los derechos individuales. "Mi interés radica en despejar los motivos que justificarían la confusión del derecho de la salud con el derecho penal, y revisar aquellos aspectos por los cuales se pasa por alto la autodeterminación de quien circunstancialmente se encuentre afectado por consumos problemáticos de sustancias", destaca Rodríguez en una publicación en la revista especializada Pensamiento Penal.